El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, minimizó la importancia de la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que alertó sobre “la situación de gravedad y urgencia” en la que se encuentra Milagro Sala al aceptar la medida cautelar del CELS, Amnistía Internacional y Andhes. La decisión del organismo debe tomarse sólo como “una recomendación con una tónica humanitaria”, sugirió el funcionario, quien reiteró que el gobierno nacional se limitará a transmitirla a las autoridades de Jujuy. El gobernador Gerardo Morales fue aún más lejos: interpretó que la resolución que reitera el pedido del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas, que hace nueve meses pidió la “liberación inmediata” de la dirigente jujeña, en los hechos “convalida” lo realizado por la corporación judicial que controla su gobierno.
La única tarea que le cabe al gobierno “es transmitir esta recomendación” y luego “las autoridades judiciales evaluarán qué decisión toman”, se distanció Garavano, quien pidió interpretar la decisión como “una recomendación con una tónica humanitaria por las condiciones en las que los mismos comisionados que estuvieron en Jujuy encontraron a la propia Milagro Sala”. En diálogo con radio La Red, Garavano dijo que hay 1500 personas que cumplen arresto domiciliario con control electrónico y que el gobierno “alienta ese dispositivo como herramienta valiosa para descomprimir cárceles y generar mejores condiciones para los que están privados de libertad”.
Morales, lejos de acusar recibo de una resolución que destacó que los “derechos a la vida e integridad personal (de Sala) enfrenta un daño irreparable”, interpretó que la CIDH “convalida” la actuación de la justicia jujeña. En su cuenta de Facebook dijo “ratifico lo que expresé en enero de 2017” y cargó el link de una nota de Clarín en la que afirmó que “Milagro Sala se robó todo” pero también que “las decisiones de la OEA se aceptan: si la CIDH resuelve una cautelar y dice que tal persona tiene que quedar libre esa resolución es jurisdiccional, guste o no guste, hay que cumplirlo”.