Con el faltazo ostensible de todos los exfuncionarios del gobierno de Mauricio Macri que habían sido citados, la comisión de Juicio Político encaró su cuarta ronda de testigos desde que arrancó la investigación a la Corte Suprema. En esta ocasión, el eje fue la causal del 2x1 a los genocidas, esa sentencia con la que la Corte benefició al represor del Hospital Posadas, Luis Muiña, y abrió la puerta a que decenas de represores también solicitaran una condonación de sus penas. Ni el exministro de Justicia, Germán Garavano, ni el senador del PRO, José Torello, ni el prófugo operador judicial del macrismo, Fabián "Pepín" Rodríguez Simón --que son identificados por el Frente de Todos como quienes orquestaron la negociación con la Corte para que el fallo Muiña saliera-- dieron el presente. Los fueros de Torello volvieron a generar un debate con Juntos por el Cambio (quienes, al igual que con Carlos Stornelli, salieron a defender su no comparecencia).
El 2x1 a los genocidas no es, para el FdT, una causa más en el juicio político a los jueces de la Corte. No solo por el contenido de la sentencia, sino por las condiciones que hicieron posible esa sentencia (y que representa uno de los ejes de la investigación): la existencia de una supuesta dinámica de negociación de sentencias dentro de la Corte Suprema. "La causa Muiña tiene que ver con un posible acuerdo entre la Corte Suprema y el gobierno de Macri para cambiar el paradigma que venía llevando a cabo la Corte para beneficiar a genocidas", explicó la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, y presentó una línea de tiempo que apuntaba a hilvanar el amparo presentado por la exjueza de la Corte, Elena Highton, respecto a su jubilación, y la decisión del entonces Ministerio de Justicia de no apelarlo, dejándolo así firme --lo que le permitió a Highton continuar como jueza después de cumplir los 75 años-- y que finalizó, dos meses después, con la sanción del fallo Muiña.
Los cuatro testigos centrales para la hipótesis del FdT, sin embargo, pegaron el faltazo. En el caso de Germán Garavano y su segundo cuando era ministro de Justicia, Santiago Otamendi, se excusaron y pidieron reprogramar. El senador José Torello, en cambio, había elevado una nota a la comisión indicándole que "carecía de competencia" para citarlo y que, como senador, tenía "inmunidad". Por este motivo, la comisión le solicitará a la presidencia del Senado, a cargo de Cristina Fernández de Kirchner, que avance en medidas disciplinarias si vuelve a negarse a asistir. Distinto era el caso de "Pepín" Rodríguez Simón, que se encuentra prófugo hace dos años en Uruguay. Curiosamente, sin embargo, mientras se estaba desarrollando la comisión la Suprema Corte de Justicia de Uruguay rechazó el pedido de Rodríguez Simón de ser refugiado político. "Por un solo día, justo", ironizó un diputado kirchnerista.
Quien sí se presentó fue el subprocurador del Tesoro, Horacio Diez, que durante gobierno de Cambiemos había sido director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Justicia. Rodolfo Tailhade, el primero en encarar el interrogatorio, apuntó directamente a una carta que había enviado el secretario de Justicia, Santiago Otamendi, en el que pedía que no apelara el amparo de Highton para continuar en su cargo pasados los 75 años. "No recuerdo si la conducta fue solo no presentar un recurso de apelación o si se presentó también un escrito consintiendo expresamente. Pero lo cierto es que se consintió el fallo (que beneficiaba a Highton", reconoció Diez.
El testimonio de las víctimas
"Fue una amnistía encubierta. Cuando escuché la noticia sentí que me rompían de nuevo el esternón y las costillas a golpes", relató Gladys Cuervo, quien fue secuestrada y torturada en el centro clandestino que funcionaba en el Hospital Posadas durante la dictadura. Invitadas para dar cuenta de las consecuencias que tuvo el fallo del 2x1, la presencia de Gladys Cuervo y Zulema Chester --la primera víctima directa de Muiña, la segunda hija de un trabajador del Posadas que fue desaparecido-- fue un momento particularmente emotivo de la comisión (al punto de que una de las diputadas oficialistas, cuyo hermano había sido víctima durante la dictadura, casi rompe en llanto).
Al relato de las torturas sufridas --"Me hicieron submarino, me picanearon, me pusieron de pie en la sala de torturas y, en una ronda, me pegaban como si fuera uno de esos muñecos rebotables", contó--, Cuervo sumó algunos datos, como que, en 2017, miembros del Poder Judicial le habían comentado que la Corte había seleccionado el caso de Muiña especialmente. "El doctor Rosenkrantz había instruido a dos de su vocalía para que eligieran una causa. No le correspondía el 2x1 a Muiña, pero eligieron porque nadie lo conocía. Craso error: no era mediático, pero nosotros lo conocíamos", explicó.
Una de las personas identificadas por Cuervo era Federico Morgenstern, de la vocalía de Rosenkrantz, quien había sido citado como testigo en la comisión. Rosenkrantz es identificado como quien empujó el fallo del 2x1 al interior de la Corte y en el FdT buscaban que Morgenstern diera cuenta de por qué se había elegido la causa de Muiña y si habían habido existido algún acuerdo con Highton. El funcionario de la Corte, que se le pasó interrumpiendo y corrigiendo las preguntas (especialmente las de las diputadas), negó sistemáticamente todo. Sí aclaró, sin embargo, que se juntó dos veces con Highton para discutir el fallo.
