La Cámara de Diputados de Salta aprobó ayer un proyecto de declaración para que el Ejecutivo Provincial lleve a cabo campañas de prevención del llamado maltrato animal en el ámbito educativo y a la población en general, y que fomente la castración gratuita de mascotas y la adopción responsable. 

Parecía que la iniciativa, del diputado Adrián Valenzuela (por Capital y del bloque Gustavo Sáenz Conducción), iba a ser aprobada sin más consideraciones que las expresiones de su autor, pero terminó generando el intercambio más largo en una jornada en la que empezó a sentirse el calorcito de tiempos preelectorales. 

Valenzuela comenzó citando algunos ejemplos para explicar por qué es necesario hacer campañas para fomentar la tenencia responsable de animales domésticos. Contó de tres casos de ataques de perros a distintas personas. “Esos perros no tienen la culpa”, aseguró antes de afirmar que con este proyecto se intenta llegar a toda la provincia. 

En ese sentido puso de ejemplo, aunque sin decirlo, a la ciudad de Salta, donde el año pasado se concretaron 14.200 castraciones, se inocularon 23 mil vacunas y el móvil quirúrgico estuvo en 40 barrios. Y en lo que va de este año ya fueron visitados 13 barrios, se hicieron 3.410 castraciones, se aplicaron más de 6 mil vacunas y hubo 22 adopciones. El legislador recordó que en la ciudad capital existe Centro de Adopción, que lleva el nombre de Nicolás Mansilla, el taxista que en una lluvia se tiró a un canal para tratar de salvar a un perro y perdió la vida. 

Este proyecto intenta unificar criterios y seguir trabajando más por los derechos y las obligaciones, añadió. Y deseó que esta iniciativa sea el punto de inicio de un debate sobre la ley de maltrato animal pero también sobre las penas a las personas que maltratan a las mascotas y que impulse la tenencia responsable de animales. “Ojalá logremos penas mucho más severas para los tenedores de animales irresponsables. Porque los animales no son los culpables”, insistió.

Jorgelina Juárez (Orán, Todos) anunció que acompaña la iniciativa, pero aprovechó para cuestionar que hasta ahora no se trate un proyecto suyo para que se regularicen las guardias veterinarias. “Debemos responder a la demanda que tiene hoy la sociedad”, sostuvo. Contó que en su momento se reunió con el presidente del Colegio de Veterinarios, “teniendo en cuenta que el Estado también debe dar una respuesta a esta demanda que hay”. 

También ella recurrió a contar un caso para graficar la importancia de que se establezcan guardias veterinarias: recordó que en 2022 en Orán un perro sin hogar fue atacado por personas que padecen de consumos problemáticos, personas proteccionistas trataron de auxiliarlo pero no pudieron lograr que recibiera atención porque no había guardia veterinaria. Por eso pidió a los otros legisladores que acompañen para que se trate su iniciativa y “que podamos trabajar en la mejor propuesta”.

Santiago Vargas (Unión Salteña, San Martín) contó que en su departamento y en el vecino Rivadavia hay un aumento de casos de leishmaniasis, y la atribuyó al "descontrol que hay en la natalidad de perros". Dijo que por esto consideran que "tiene que ser una política pública de salud fomentar la castración”.

Recordó asimismo que en su momento, cuando era intendente, el actual gobernador Gustavo Sáenz proponía la castración como una política municipal y que lo mismo hizo en Tartagal la gestión de Mario Mimessi, pero hace 11 meses el Colegio de Veterinarios “básicamente le prohibió al municipio realizar castraciones si no estaba aprobada por este Colegio de Veterinarios", denunció. Dijo que esto "es inentendible porque hoy las castraciones quedaron en manos casi exclusivamente de los grupos de proteccionistas que lamentablemente muchas veces no tienen los recursos económicos para llevarlas adelante”. Y por eso aprovechó el tratamiento del proyecto de declaración para instar al Ministerio de Salud a realizar campañas de castración.

Finalmente el proyecto de declaración fue aprobado por unanimidad. 

Preguntas a Nitratos Austin  

Un nuevo intercambio se dio al tratar otro proyecto de declaración, esta vez del diputado Gustavo Dantur (Metán, Más Salta), y que fue aprobado. En el texto de la iniciativa se indica que el Legislativo "vería con agrado" que Ejecutivo provincial, "a través del Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable, interceda para que la empresa Nitratos Austin S.A. realice las inversiones necesarias para darle valor agregado a la producción de nitrato de amonio". Sin embargo, al exponer el legislador dijo que también piden informes sobre la actividad de la empresa, cuya planta se encuentra en jurisdicción del municiipio de El Galpón. 

Dantur empezó recordando la polémica que se generó cuando la empresa iba a insatalarse en esa localidad, y concluyó que hoy "a nadie le queda duda de lo importante que esta inversión". Pero, añadió, “lo más importante es que la empresa Austin Powder le dé un valor agregado a la producción”. 

Tras esta afirmación detalló que el proyecto es también para que la firma informe a la Cámara de Diputados qué está produciendo, qué cantidad, qué está exportando o qué producto sustituye otros que ya el país no necesita importar. “Debe informar cuál es el estado ambiental de esta producción, queremos que siga produciendo y no que haya quedado solamente en una inversión en la faz edilicia porque vemos una disminución en la cantidad de trabajadores", reveló. 

Reiteró que la empresa permitió el desarrollo de El Galpón con puestos de trabajo directos e indirectos, "pero creemos que eso ya no basta", aseguró, y recordó que la provincia le permite a la firma extraer el agua del dique El Tunal, "queremos saber cuál es la cantidad de agua que está consumiendo" y también "cuáles son los factores que determinan" que la provincia, donde hay deficiencia de gas, "tenga que proveerle gran cantidad de gas a través del gasoducto de los salteños, el gasoducto Anta”.

“Queremos que sigan invirtiendo” pero “creemos que deben darle un valor agregado, de nada me sirve subsidiar el gas, subsidiar el agua y que se lleven a darle un valor agregado a la producción en otra provincia. Quiero que eso se desarrolle en mi departamento, y quiero que esta empresa siga trabajando con la gente de El Galpón, con la gente del departamento, siga generando fuente de empleo", sostuvo.

Lo cuestionó el diputado Roque Cornejo (Capital, Ahora Salta). Citó el artículo 71 de la Constitución de Salta, que finaliza afirmando: “la iniciativa económica privada es libre”. Dijo que el Estado “a veces lo único que se hace es ponerle piedras en el camino” a las empresas y adelantó que su bloque se iba abstener de acompañar este proyecto; "nosotros siempre estamos del lado de la producción de la riqueza. Las pymes en la Argentina generan el 70% del empleo genuino en nuestro país”, afirmó. 

Su par Sebastián Otero (Metán, Salta Tiene Futuro) adelantó que iba a acompañar el proyecto de Dantur porque “los que somos de Metán sabemos la situación y todas las cuestiones que ha traído esta empresa". Y a su vez cuestionó a Cornejo: "¿como que no hay que controlarlas y (que no) hay que exigirles?", se extrañó. "Se les subsidia el gas" y "el agua también se la damos gratis, y no vamos a exigirle a la empresa que le agregue valor agregado, (no) le vamos a exigir cuestiones de seguridad, a ver qué ha pasado con los patos, los chanchos del monte, las corzuelas que murieron cuando fueron a tomar agua a los piletones que no estaban tapados". O "cuando explotó una válvula y le sacó un ojo a un operario", recordó. 

Destacó que como legisladores de ese departamento tienen la obligación de controlar la actividad de la firma, "celebramos y esperemos que tomen mucha más gente, que le dén valor agregado (a su producción) y que siga creciendo, pero, como corresponde, que no genere ningún tipo de daño ambiental a nuestro departamento" y sobre todo en el agua del río Juramento, sobre la que tampoco saben qué pasa una vez que es utilizada por la empresa, "a dónde va a parar toda esa agua”. 

Techos y terrazas verdes 

Diputados aprobó, por otra parte, un proyecto de ley para implementar los denominados “techos o terrazas verdes” en la provincia de Salta, que fue propuesto por un grupo de legisladores del oficialilsmo. 

La iniciativa busca cumplir con lo establecido por el artículo 30 de la Constitución Provincial, que ordena "conservar el medio ambiente equilibrado y armonioso, así como el derecho a disfrutarlo". Estos techos o terrazas verdes reflectan el calor más que los techos oscuros y además enfrían el aire. 

El diputado Patricio Peñalba (Cafayate, GSC) lo defendió. Recordó que ya una práctica en otros continentes, como el europeo, y que en el país se está avanzando en este sentido en Rosario y en CABA. 

En la sesión se aprobó también la modificación del artículo 320 del Código Procesal Penal que faculta a familiares o personas del entorno íntimo de una persona a declarar en su contra, lo que hasta este momento estaba vedado. 

El proyecto surgió luego de que la Corte de Justicia de Salta declarara la inconstitucionalidad de este artículo 320. La diputada María del Socorro Villamayor (Capital, Salta Tiene Futuro), explicó que tras este fallo y otro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, “se ha entendido que sin dañar esa cohesión familiar que se busca proteger pero salvando otros derechos como el interés superior del niño o la violencia intrafamiliar, es necesario en muchísimos casos para descubrir la verdad real que esos parientes hoy inhibidos estén facultados para efectivamente poder declarar en contra de un imputado más allá de ese lazo estrecho familiar”.

La modificación consiste en pasar de una prohibición tajante a una facultad, “en la cual el cónyuge, el conviviente, el ascendiente, el descendiente” de un imputado “puede declarar”.