La verdad sigue ganando batallas en la Argentina. En la Semana de la Memoria, a 47 años del golpe de Estado, el juez federal tucumano Fernando Poviña declaró la clausura de la excavación arqueológica en el Pozo de Vargas, el lugar elegido por Antonio Domingo Bussi para intentar borrar los rastros de sus crímenes durante la última dictadura. Luego de 20 años de pacientes peritajes, hoy es posible afirmar con rigor científico que en ese pozo construido para proveer de agua a locomotoras de ferrocarril, a más de 25 metros de profundidad, el mayor genocida del norte argentino enterró a 149 personas, víctimas de desapariciones forzadas, de las cuales 116 fueron identificadas por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
“Gracias al compromiso profesional, técnico y, en especial, humano, es que se logró superar las adversidades, contra todo pronóstico, construyendo con la firmeza que da la búsqueda de la verdad un nuevo capítulo del ¡Nunca Más!”, concluye su escrito Poviña.
“El Pozo de Vargas es el límite implacable que encuentran los actuales discursos de negacionismo y banalización del terrorismo de Estado, así como las reiteradas ofensas al movimiento de derechos humanos que logró traer a la superficie la peor verdad, la que estaba más escondida”, destacó el fiscal federal Pablo Camuña.
La causa se inició formalmente en 2002 con una denuncia sobre un pozo de agua tapado que entre 1976 y 1977 se había usado como fosa común, al que después de la medianoche, en medio de apagones en todo el barrio de Villa Muñecas, se arrojaban los cadáveres de quienes el Ejército decidía desaparecer de la tierra.
Con la colaboración de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) se creó entonces el Grupo Interdisciplinario de Arqueología y Antropología de Tucumán (GIAAT), integrado por docentes y alumnos de la Facultad de Ciencias Naturales y del Instituto Miguel Lillo, que pronto confirmó la existencia del pozo pero se topó con una saturación de agua que obligaría a perforar otros cinco para poder continuar la investigación.
En 2004 se encontraron los primeros restos óseos y en los años siguientes surgieron más dificultades técnicas. Por orden judicial se construyó un cercado olímpico, se proveyó de custodia y seguridad, y se colocaron tableros eléctricos para garantizar el funcionamiento de las bombas de agua y del montacargas en el interior del pozo.
Durante la feria de enero de 2010 se reanudaron las pericias a cargo de varios especialistas que aún hoy integran el Colectivo de Antropología, Memoria e Identidad (CAMIT). La excavación arqueológica dio primero con escombros, maderas, arcillas, metales y ladrillos. Más abajo comenzaron a aparecer restos humanos, aunque el agua complicaba el trabajo.
Los peritajes de ADN sobre el material óseo se encomendaron al EAAF, que en su primer diagnóstico advirtió un “porcentaje de éxito” del 75 por ciento en la obtención de perfiles genéticos, muy por encima del 50% (en el mejor de los casos) de las muestras de otros enterramientos.
En diciembre de 2011, el EAAF le comunicó al flamante juez Poviña la primera identificación: el ex senador Guillermo Claudio Vargas Aignasse, desaparecido el día del golpe de Estado. El genocida Bussi, fallecido un mes antes, había insinuado durante su miserable defensa que a Vargas Aignasse lo habían matado sus compañeros.
Las tareas periciales se reanudaron en marzo de 2014, luego de solucionar fallas técnicas en el sistema de bombeo, acondicionar el montacargas y prolongar su recorrido. A mayor profundidad también se necesitó de un sistema de ventilación para sitios confinados, dado que la concentración de gases impedía trabajar, y se incorporaron equipos de rescate para los peritos y sus ayudantes. Poviña detalla en su resolución nombres de peritos y de las numerosas instituciones que participaron del proceso a lo largo de dos décadas.
Una vez por mes, desde 2014 hasta mediados de 2017, se enviaron las muestras óseas extraídas al laboratorio del EAAF en la ciudad de Buenos Aires, que al día de hoy permite asegurar que el pozo fue el depósito de los restos de 149 personas (28 mujeres y 121 hombres), de los cuales se logró identificar a 116 víctimas de desaparición forzada.
Poviña las enumera una por una, con su nombre completo, DNI, lugar y fecha de desaparición, y número de legajo CONADEP. Antes destaca que la identificación fue posible por “la sinergia del Estado, sumada a la pericia de peritos y ayudantes”, más “el aporte constante de querellas y familiares de víctimas, del Ministerio Público Fiscal, los vecinos de la finca, los equipos de CAMIT y EAAF, el trabajo interdisciplinario de organismos públicos” y las intendencias de San Miguel de Tucumán y Tafí Viejo.
En 2018, tras dar con un anillo de mampostería y, más abajo (hasta los 34 metros), con un cilindro metálico, se intentó mediante la técnica de “hincado por percusión” profundizar la excavación, pero ante un escape de gas metano se suspendió la medida. Para continuar la tarea se instaló una nueva bomba de agua, se prolongó la escalera de emergencia, se hicieron reparaciones y adecuaciones, y en septiembre del año pasado se reanudaron las excavaciones.
En la mañana del 28 de diciembre de 2022 el juez se hizo presente en el Pozo de Vargas, donde los peritos le informaron que habían excavado hasta el último anillo de la estructura y que todos los restos óseos habían sido extraídos.
El informe técnico del geólogo Juan Carlos Valoy destaca “el esfuerzo mayúsculo de los peritos excavadores en condiciones extremas”, calcula que se extrajeron entre 15 y 18 toneladas de materiales (rocas, limos arenosos, etcétera) y recuerda que el pozo original se construyó “para proveer de agua a las locomotoras de vapor del Ferrocarril”, agua que se extraía de un acuífero ubicado entre los 34 y los 37 metros. Otro informe, de CAMIT, desmenuza las distintas capas de materiales depositados para ocultar el destino de los cuerpos, que estaban en su mayoría en un estrato de entre 26 y 32 metros de profundidad.
En base a ambos informes, Poviña declara “concluida la excavación arqueológica desarrolladas en el interior del Pozo de Vargas” y encomienda al equipo CAMIT el resguardo de todas las evidencias relacionadas con los delitos de humanidad extraídas de su interior. Ordena también mantener la custodia y preservar y conservar toda la estructura construida para las excavaciones.
“En consecuencia, al haber cumplido con las obligaciones asumidas por el Estado Argentino ante la comunidad internacional, hoy de raigambre constitucional, puedo decir con una profunda emoción que las tareas periciales de excavación arqueológica desarrolladas en el interior del Pozo finalizaron; mientras mantengo la esperanza que los últimos hallazgos producidos en el año 2022 se traduzcan en más verdad, que más personas desaparecidas encuentren su nombre y apellido, su familia, su historia. Y que, finalmente, el duelo de las víctimas sobrevivientes sea una realidad acompañada con el debido respeto al cuerpo, al que tiene derecho todo ser humano”, concluye Poviña.
