El rechazo de la Corte Suprema de Uruguay al pedido de refugio del prófugo macrista Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, reactivó el proceso de expulsión del Parlamento del Mercosur que integra el operador judicial del entonces gobierno de Mauricio Macri. "Es una afrenta para todos los parlamentarios que una persona que está prófuga siga siendo parte del cuerpo", aseguró la legisladora del Parlasur por el FdT, Elena Corregido. Por otra parte, se espera que la justicia argentina insista con el pedido de extradición que, según afirmó a Página/12 el ministro de Justicia Martín Soria, debe acelerarse para que se pueda "esclarecer la forma en que el gobierno de Macri manipuló y presionó a la justicia a través de las mesas judiciales".

Ahora, la jueza de primera instancia de Uruguay, Adriana Chamsarián, deberá reanudar el proceso de extradición que fue pedido por la jueza federal de la Argentina, María Servini, quien ordenó la detención de Rodríguez Simón en 2021 para indagarlo por el hostigamiento y la persecución a los dueños del Grupo Indalo. En esa línea, el ministro de Justicia, añadió que el fallo de la Corte uruguaya no lo sorprendió "porque no hace otra cosa que ratificar los fallos del Juzgado Penal de Crimen Organizado y del Tribunal de Apelaciones del hermano país", sino que "lo sorprendente es que todo Juntos por el Cambio, no solo el macrismo, guarde silencio cómplice y continúe protegiendo al prófugo de Montevideo".

Rodríguez Simón está prófugo de la justicia desde hace más de dos años. Hace 15 días fue localizado por periodistas de C5N cuando circulaba por el balneario La Barra en Punta del Este y, a pesar del pedido de captura de Interpol con alerta roja, no fue detenido. El exasesor de Macri estaba convocado a declarar este martes como testigo ante la Comisión de Juicio Político de Diputados, pero no se presentó con la excusa de estar tramitando su solicitud de refugio. Quiso la casualidad que este mismo martes la Corte de Uruguay le rechazara la solicitud.

Una vez rechazado el pedido de asilo, la jueza uruguaya de primera instancia deberá hacer lugar o rechazar el pedido de extradición de Rodríguez Simón. El problema es que, según trascendió desde Uruguay, esa definición será apelable en dos instancias: por Casación y luego por la Corte Suprema, por lo cuál, abre un proceso que puede llegar a durar entre uno y tres años. Cualquier definición, en tal caso, será una decisión política que quedará en manos del Poder Ejecutivo de ese país. "Esto es una afrenta al estado de derecho en la Argentina", dijo Corregido durante una entrevista a la AM750.

Según el ministro Soria, "la decisión del máximo tribunal de Justicia de Uruguay pone punto final a la mentira de JxC: El operador judicial macrista, Rodriguez Simón, nunca fue un perseguido político, siempre fue un prófugo de la justicia argentina". El titular de la cartera de Justicia agregó que "nunca debemos olvidar que él estuvo detrás de las medidas que tomó Mauricio Macri que degradaron al Poder Judicial y lo hundieron en el desprestigio que actualmente tiene frente a la sociedad. Entre otras cosas fue el impulsor de los decretos que nombraron en diciembre de 2016 a Rosatti y Rosenkratz en la Corte Suprema; él, junto a Stornelli y Bonadio, armó causas truchas y usó a la AFIP para perseguir y extorsionar a empresarios y a C5N".

Cecilia Britto, parlamentaria del Mercosur por el FdT, aseguró a este diario que "lo que hizo la Corte es rechazar un recurso de casación porque 'Pepín', entre otros argumentos, dice que se violaron garantías de defensa. Ahora la Corte deberá volver a analizar el expediente para definitivamente ratificar o no si está correcta la decisión de la Comisión de Refugiados (CORE), que dijo que Rodríguez Simón no es un perseguido político en la Argentina, por ende no le asiste el derecho de refugiado. Todavía la Corte no resolvió el fondo de la cuestión, lo que nos parece muy grave porque si para resolver un recurso tardó casi un año, no sabemos cuánto puede tardar para hacer el resto". 

En esa línea, Britto añadió que "para que le den la condición de asilo tiene que demostrar que es un perseguido político y en tres instancias ya le dijeron que no reviste esa condición y que no hay elementos para pensar eso". Además, resaltó la complicidad del gobierno del presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, al decir que "no podemos pensar que sigue en Uruguay más de dos años prófugo sin asistencia, sin complicidad, ayuda de los sectores que hoy manejan la política en Uruguay". 

La semana pasada un medio de comunicación uruguayo denunció censura luego de publicar en su portal una investigación que dejaba en evidencia justamente los vínculos que existirían entre el gobierno de Uruguay y Rodríguez Simón. Allí, los periodistas consignaban, por ejemplo, que la mansión de lujo denominada "La Colorada", en donde vive el prófugo, estaba ubicada al lado de la casa de la madre del presidente Lacalle Pou. 

El senador Oscar Parrilli, en la intervención que hizo el martes en el marco del tercer Foro por los Derechos Humanos que se llevó a cabo en el Centro Cultural Kirchner, presentó diapositivas con las caras y pequeñas biografías de los jueces y fiscales que persiguen a Cristina Fernández de Kirchner. En esa descripción marcó a Pepín Rodríguez Simón, no como uno más, sino como aquel que los organizó a todos los mencionados para llevar adelante el proceso de lawfare en contra de la vicepresidenta.

"Era hora", dijo Parrilli a Página/12 en referencia a la decisión de la Corte uruguaya. "Se demoraron tres años. Todos sabían dónde estaba. Ahora espero que no se fugue a otro país y que el gobierno de Lacalle Pou no lo apañe y apoye como hasta ahora, que lo ayudó a esconderse", agregó. En esa línea, sumó que "Pepín Rodríguez es el jefe de una organización montada para perseguir a dirigentes opositores, que culminó con la proscripción de Cristina y que conocemos como Lawfare".

El exasesor de Macri vive en Uruguay desde fines de 2020. La jueza Servini lo declaró en rebeldía el 19 de mayo de 2021, luego de que anunciara su nuevo destino y su decisión de no presentarse a la indagatoria en la causa que investiga el "hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo habrían importado casos de corrupción”, según reza la imputación.