La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) acompañó a la comunidad Misión La Loma en la redacción de denuncias penales que apuntan a que se investiguen las irregularidades en el otorgamiento de turnos en el Hospital San Roque de la localidad de Embarcación, municipio del departamento San Martín. 

La decisión de denuncian formalmento las dificultades para acceder a atenció médica en el hospital de Embarcación se originó en los obstáculos que encontró la familia Torres para que fuera atendida Briana, nena del Pueblo Wichí, de 6 años de edad, que falleció dentro del centro sanitario. 

Ayer se conoció que los organismos pertinentes no quisieron recibir esta denuncia. Fuentes cercanas a la comunidad indicaron que además se habría infundido temor a la madre de la niña diciéndole que en caso de realizar una denuncia formal ella también sería investigada.

“En los próximos días denunciará el incumplimiento de la Ley de Salud Intercultural ante la Corte de Justicia de Salta”, indicó por otro lado en un comunicado la organización que forma parte del colectivo Infancia en Deuda. Y es que existe una disposición del máximo tribunal salteño para que la provincia cumpla con medidas cautelares sobre acceso a la salud en el marco de un amparo. El objetivo final de esa presentación judicial es que se aplique la Ley de Salud Intercultural, promulgada 2008 pero que todavía no fue reglamentada. 

"Lejos de ser un episodio aislado”, hechos como los que llevaron a la muerte de Briana “se reiteran como producto de las falencias estructurales del sistema sanitario salteño (en este caso, la venta de turnos) y de la falta de políticas públicas para garantizar a las infancias el derecho a la salud, al agua potable y a la alimentación”, afirmó la ACIJ. Detalló que por la información oficial que tiene en sus manos revela que “en los últimos tres años fallecieron en la provincia al menos 108 niñas y niños en 2020, 64 en 2021 y 45 en 2022”.

Desde la comunidad se ratificó la versión de la familia, que sostiene que la nena había asistido junto a su madre el lunes 6 de marzo pasado al Hospital, pero no pudo acceder a una consulta médica y el personal de enfermería “se limitó a proveerle analgésicos y les sugirió que consiguieran un turno”.

Entonces se presentó la dificultad para conseguir un nuevo turno, con un sistema de turnos que se comercializan. Recién el jueves 9, tras horas de espera, un vecino obtuvo uno para pediatría. Al llegar al Hospital la niña se descompensó y falleció mientras era atendida en emergencias. “A la fecha, las autoridades sanitarias no tomaron acciones para dilucidar las razones de su fallecimiento, y tampoco dieron información confiable a su familia”, aseguró la ACIJ.

La organización denunció nuevamente que “este caso deja al descubierto los graves impactos de la ausencia estatal”, que “afecta desproporcionadamente a los pueblos originarios”. Recordó que estas comunidades viven “en condiciones de pobreza estructural, y el Estado no implementa políticas públicas para garantizar su acceso al agua potable y a la alimentación, lo que genera problemas en la salud de miles de niñas y niños”. Y le puso números: hay “7.543 niñas y niños con riesgo nutricional, de los cuales 470 presentan bajo peso y 44 muy bajo peso”.

Un sistema expulsivo que criminaliza

La ACIJ insistió en que el sistema sanitario salteño es de “carácter absolutamente expulsivo”, en tanto existen múltiples obstáculos para los pueblos originarios que quieren acceder a la Salud. “En muchas oportunidades deben atravesar grandes distancias para llegar al hospital, cuando lo hacen no acceden a turnos o deben esperarlos durante horas y -aun consiguiéndolos- son luego discriminados por el personal de salud, que con frecuencia juzga sus formas de vida”, añadió.

Agregó que, en muchos casos, no se les diagnostica ni se les da un tratamiento adecuado, ya sea por falta de personal específico, por inoperancia en el sistema de derivaciones, o por falta de insumos. “Lo que es todavía más alarmante es que cuando las familias no pueden superar estas dificultades terminan siendo responsabilizadas y criminalizadas por las instituciones estatales”.

La organización advirtió asimismo que “la omisión del Estado salteño en buscar soluciones a esta crítica situación es histórica”, en tanto “desconoce abiertamente la normativa vigente y las condenas judiciales que pesan sobre él”.

Entre estas enumeraron: la declaración de la emergencia sociosanitaria vigente desde 2020, que obliga al Estado a tomar todas las medidas necesarias para revertirla y le asigna recursos económicos al efecto. La falta de aplicación de Ley de Salud Intercultural 7.856, que le impone garantizar una atención médica adecuada, equitativa y accesible a las comunidades originarias. El incumplimiento de dos medidas cautelares dictadas por la Corte de Justicia de Salta, una iniciada por la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes y otra solicitada por la comunidad de Misión La Loma junto con la ACIJ. 

"Esta última obliga al Ministerio de Salud local a contratar facilitadoras y facilitadores interculturales y abrir albergues de tránsito para el acompañamiento de las y los pacientes y sus familias. Ninguno de estos dos deberes, que habrían podido contribuir a un mejor abordaje de la situación de esta niña en particular y a una mejor atención del sistema sanitario para con las comunidades indígenas en general, son respetados por la provincia”, añadió.

Imposición de gerente administrativo

En el Hospital de General Mosconi, también en el departamento San Martín, los gerentes denunciaron ayer imposiciones a su equipo de salud.

La denuncia vino de la mano de la gerenta Carmen Cinchón y el gerente de Atención a las Personas, Rodolfo Franco, quienes sin dar el nombre del contador designado para el cargo, afirmaron que el ministro de Salud, Federico Mangione, les impuso mediante un memorándum un gerente administrativo.

En diálogo con Salta/12 Cinchón afirmó que el 1 de marzo pasado recibieron al profesional. Pero las relaciones se rompieron por los malos tratos y hasta amenazas de muerte que profirió contra ella y otras agentes mujeres que se encuentran en cargos jerárquicos.

Franco, por su parte, deslizó la sospecha de que justo cuando estarían por ingresar unos 20 millones de pesos del Plan Sumar, el gobierno impuso a una persona con antecedentes de manejos irregulares de fondos en diversos organismos públicos.

“Con esos fondos queríamos tener una salita de Pediatría para pagar un pediatra más y mejorar la atención”, dijo Franco, un médico conocido por su labor en el Centro de Salud de la población originaria de Misión Chaqueña, ubicada en jurisdicción de Embarcacion.

Indicó que recientemente lograron llevar hasta el hospital a unos 35 niños y niñas de la zona con signos de desnutrición para que fueran atendidos por un pediatra. "En estos seis meses que llevamos en la gerencia no se nos murió ningún niño por causas que tengan que ver con la desnutrición", añadió al hacer un análisis de la gestión actual. 

Agregó que “hay muchas cosas que pagar”, como la ambulancia que “está parada en el taller hace un año” y por la que piden 500 mil pesos para su reparación.

Afirmó que los montos acumulados en el Plan Sumar se deben a que el año pasado, durante la gestión anterior a la de Cinchón (quien está como gerenta desde el 1 de noviembre), se trabó el pago de los fondos nacionales ante la falta de rendiciones. “Pero la doctora logró destrabarlos enviando las rendiciones necesarias”.

Por la situación acontecida y el anuncio de renuncias del equipo gerencial ante esta imposición, ayer se hizo una quita de colaboración de los trabajadores de salud del Hospital y otros centros sanitarios. Cinchón afirmó que el ministro Mangione se comunicó y solicitó que siga al frente del cargo hasta que puedan dialogar sobre la situación acontecida.