El martes 23 de marzo de 1976, Clarín tituló en tapa: “Inminencia de cambios en el país”. El principal matutino de la Argentina contaba que había “inusuales movimientos” en el Congreso ante “la inminencia de modificaciones en el panorama político nacional”. El diario detallaba que los legisladores nacionales se dedicaban a retirar sus cosas y que incluso algunos pidieron “un adelanto de sus dietas”. Mientras, el Ejército tomaba posiciones estratégicas en algunos puntos del interior y la flota de la Armada zarpaba “con rumbo desconocido” de la base de Puerto Belgrano.
Era el comienzo del último día de democracia antes de caer en el sexto golpe de Estado del siglo XX argentino. El gobierno de María Estela Martínez de Perón languidecía en medio del caos socioeconómico. La viuda de Juan Perón batía récords de inflación desde el descalabro del Rodrigazo, en junio de 1975. No había bastado que saliera eyectado José López Rega del Ministerio de Bienestar Social. La devaluación de Celestino Rodrigo llevó al primer paro general de la historia de la CGT contra un gobierno peronista.
La represión a las organizaciones armadas era la otra cuestión candente. Isabel Perón había abierto la puerta de la militarización del país con el Operativo Independencia, que puso en funciones al Ejército en Tucumán para combatir al ERP. El ataque de Montoneros a un regimiento de Formosa, en octubre de ese año, llevó a la ampliación del decreto de febrero, y así se puso a las Fuerzas Armadas a actuar en todo el territorio nacional.
El avance militar
En el medio, un putsch interno había catapultado a Jorge Rafael Videla a la comandancia del Ejército. A fin de año, la asonada del ultramontano brigadier Jesús Cappellini hizo que saliera de escena el jefe de la Fuerza Aérea, Héctor Fautario. Lo reemplazó Orlando Ramón Agosti. La Armada tenía como comandante, desde finales de 1973, a Emilio Eduardo Massera. La Navidad del 75 encontró en funciones a quienes derrocarían a Isabel, formarían una Junta Militar y encabezarían el régimen más abominable de toda la historia argentina, con secuestros, torturas, asesinatos, 30 mil desaparecidos, al menos 500 niños nacidos en cautiverio, una guerra perdida en la Malvinas, y con el telón de fondo de la desindustrialización de la Argentina como consecuencia del programa económico.
La víspera de esa última Navidad en democracia dejó la imagen de la derrota del ERP en su intento de copar el regimiento de Monte Chingolo. Decenas de militantes cayeron, en lo que fue la estocada final a la guerrilla de Mario Roberto Santucho. Sin embargo, los militares blandieron la idea de que la organizaciones armadas todavía eran un peligro para la seguridad nacional. En ese contexto, Isabel apostó a convocar a elecciones para fines de 1976, es decir, un año antes del final de su mandato (Perón había sido elegido para un período de cuatro años).
Lock-out de bienvenida
Antonio Cafiero, como ministro de Economía, trató de desandar la nueva senda marcada por el Rodrigazo, que marcó el fin del modelo de sustitución de importaciones. A comienzos de febrero del 76, Cafiero se fue y le cedió el cargo a Emilio Mondelli.
Apenas sentado en el sillón del Palacio de Hacienda, Mondelli retomó los lineamientos del Rodrigazo. Isabel y su círculo íntimo creyeron que retomar ese programa, que en rigor era el programa de los golpistas, desalentaba a los conspiradores. Mondelli decretó un 12 por ciento de aumento salarial; la unificación del mercado cambiario, lo que implicó una devaluación del 82,5 por ciento; y aumentos de combustibles y tarifas del orden del 80 por ciento.
El nuevo ministro fue recibido con un hecho sin precedentes: un lock-out empresarial. El 16 de febrero, se llevó adelante la medida, organizada por la APEGE. La Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresaria estaba integrada por lo más granado del alto empresariado y reunió a parte de la pata civil del golpe. En su seno confluyeron la Sociedad Rural Argentina, el Consejo Empresario Argentino, la Cámara Argentina de la Construcción y la Cámara Argentina de Comercio, entre otras familias. Uno de los nombres de la APEGE era el de un abogado, que presidía Acindar: José Alfredo Martínez de Hoz. Justamente, Acindar fue el escenario de la represión de marzo de 1975, cuando una lista opositora a Lorenzo Miguel se quedó con el control de la filial Villa Constitución de la UOM. La ciudad fue militarizada.
El lock-out fue la respuesta de los empresarios a la tregua de 180 días que había pedido el ministro. “No me lo chiflen a Mondelli”, pidió Isabel a los dirigentes de la CGT en un acto en la calle Azopardo al que fue con el funcionario. Todos eran conscientes de que el nuevo plan no tenía nada de nuevo, sino que era rodriguismo sin Rodrigo. O, peor, un anticipo de lo que se venía. Como afirma Alejandro Horowicz en Los cuatro peronismos (Edhasa, 2015), la frase de Isabel podía entenderse como “no me lo chiflen a Martínez de Hoz".
En ese contexto, en febrero de 76, mientras el desabastecimiento empresario hacía su aporte al clima desestabilizador y el gobierno peronista apostaba a que hubiera elecciones ese mismo año, Isabel sorteó un intento de juicio político en el Congreso. Pese a que sus impulsores no tenían los números necesarios, era una estocada más. La iniciativa surgió de la Alianza Popular Federalista, un conglomerado de fuerzas de derecha que, reunidas en torno de Francisco Manrique, representaban al antiperonismo más cerrado. De haber prosperado, Ítalo Luder, que estuvo a cargo del Poder Ejecutivo durante la licencia de Isabel en septiembre y octubre de 1975 (momento de la firma de los decretos de “aniquilamiento), hubiera jurado como presidente hasta las elecciones.
El yerno de Lonardi trata de frenar el golpe
El 23 de marzo, el gabinete estaba integrado por Mondelli en Economía; Roberto Ares en Interior; Raúl Quijano en Relaciones Exteriores; José Deheza en Defensa; Aníbal Demarco en Bienestar Social; Pedro Arrighi en Educación; Augusto Saffores en Justicia; y Miguel Unamuno en Defensa. El interlocutor con los militares era, claro, el titular de Defensa.
José Deheza ostentaba un vínculo familiar por el cual, años antes, hubiera sido inimaginable verlo en un gobierno peronista. Estaba casado con la hija de Eduardo Lonardi, el general que derrocó a Juan Perón en 1955. Incluso, acompañó a su suegro en el gobierno hasta el golpe interno de Aramburu y Rojas. Ocupó posiciones de segunda línea en la tercera presidencia de Perón y juró en Defensa en lugar de un histórico, Ricardo Guardo, que había sido el primer presidente de la Cámara de Diputados al comenzar la era de Perón, en 1946. Deheza asumió el 12 de marzo de 1976.
La tarde de aquel 23 de marzo, el vespertino La Razón tituló en su portada: “Es inminente el final”. La bajada agregaba: “Todo está dicho”. Tratándose de un diario que Inteligencia del Ejército usaba como vocero oficioso, no era para desdeñar. Un día antes, Isabel le pidió a Deheza un pronunciamiento de los jefes militares en defensa del orden constitucional. Al mediodía del 23, el ministro se reunió con Videla, Massera y Agosti.
En ese encuentro, Deheza ofreció abrir el juego a otros partidos para un gobierno de unidad nacional, algo que no convencía a Videla, que no veía margen para una maniobra así. El ministro jugó la baza de la lucha antisubversiva y planteó que la caída del Gobierno restaría apoyos para enfrentar a unas organizaciones armadas que, en rigor, ya estaban diezmadas.
Quedaron en reunirse a las 7 de la tarde. En ese segundo encuentro, Videla dijo que el gobierno peronista era incapaz de llevar las riendas del Estado. En ese punto, Deheza apeló a una última jugada: dijo que se adelantarían más las elecciones y que el candidato oficialista sería consensuado con las Fuerzas Armadas.
Eran las 10 de la noche cuando se despidieron. Videla le propuso a Deheza que, al día siguiente, concurriera a explicar la situación a los altos mandos, en una reunión a la cual ya estaban citados los comandantes de cada cuerpo militar. Deheza fue a la Casa Rosada a darle la buena nueva a la Presidenta. Casi al mismo tiempo, Roberto Ares, ministro del Interior, notificó a la mandataria del buen diálogo que había tenido con el jefe de la Policía Federal, que le había manifestado que todavía había margen de negociación. El jefe de la Federal era el general Albano Harguindeguy, que a los cinco días juró como sucesor de Ares en Interior, designado por el dictador Videla.
El fin
Isabel dio por cerrada una jornada agitada y decidió irse en helicóptero a Olivos. El golpe militar que derivaría en la mayor tragedia de la historia argentina se consumó de la manera más sencilla. El helicóptero no fue a Olivos, sino al Aeroparque, y allí, en la madrugada del 24 de marzo de 1976, Isabel Perón fue notificada de su derrocamiento.
Esa madrugada, por radio, sonó el primer comunicado de la junta de Videla, Massera y Agosti. Apenas un puñado de personas se había reunido frente a la Rosada, cuando Isabel se fue en helicóptero. Del lado sindical, Lorenzo Miguel juraba que no había golpe y a Casildo Herrera, el titular de la CGT, que se había ido a Uruguay, la prensa le endilgaba haber dicho “Me borré”. Isabel estuvo detenida hasta 1981, se instaló en España y allí reside hasta el día de hoy. Cuando se cumplieron diez años del golpe, dijo que para ella la fecha era "un día como todos".
El fotógrafo Héctor Vázquez estaba en Plaza de Mayo esa noche otoñal cuando volvió a sonar la hora de la espada. Ya era la madrugada del 24, del primer día en el poder de uno de las dictaduras más siniestras que conoció el mundo posterior a la Segunda Guerra. Miró hacia la Plaza de Mayo. Apuntó con su cámara y gatilló. La plaza estaba vacía, iluminada por los faroles y se veía la Pirámide en el centro y más atrás el Cabildo. Vázquez no lo sabía, pero acababa de sacarle una foto al lugar emblemático de lucha y resistencia contra una dictadura sangrienta. Tampoco podía saberlo, pero era una imagen totalmente opuesta a la de la Plaza de Día, repleta de gente, también mirando hacia el Cabildo, siete años, ocho meses y 16 días más tarde, cuando terminó la pesadilla que acababa de empezar.