A Pablo Martinelli lo fusilaron en un operativo que fuerzas conjuntas desplegaron en Resistencia, Chaco, para cazarlo, en noviembre de 1976. Sin embargo, hasta ahora, los registros oficiales decían que el entonces joven de 22 años había fallecido en un “accidente”. Desde el miércoles a la mañana, la historia es otra: en honor al Derecho a la Verdad y como consecuencia de la muerte de los represores identificados como responsables del crimen, la jueza federal Zunilda Niremperger dejó asentado que su muerte fue un homicidio y, además, ordenó que el Registro Civil rectifique el certificado de defunción. “Nosotros sabíamos la verdad, pero que lo reconozca la justicia y lo corrija en los registros es reparador, nos significa un gran alivio”, consideró Nora Martinelli, hermana de la víctima.

“Establecer acabadamente las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrió la muerte de Pablo Martinelli representa una auténtica necesidad de sus familiares para transitar la reconstrucción de parte de su historia”, justificó la jueza Niremperger su decisión de satisfacer el pedido de Nora, Luis y Leonardo Martinelli, los hermanos de Pablo, y su compañera de ese momento, Lilian Lossada, de obtener una declaración de verdad sobre los hechos.

En ese marco, el miércoles por la mañana declaró “probado” que el mediodía del 7 de noviembre de 1976, en el centro de Resistencia, Pablo Alberto Martinelli “fue emboscado por personal Policial e integrantes del Ejército Argentino en un operativo en el marco del plan sistemático del terrorismo de Estado”. Que Martinelli “intentó escapar y fue perseguido por algo más de dos cuadras por personal policial, quienes ejecutaron disparos de armas de fuego en su contra, siendo finalmente asesinado”. Y que “para encubrir el hecho, funcionarios policiales y médicos certificaron que Martinelli había fallecido como consecuencia de un ‘accidente’ y condicionaron a sus familiares a aceptar que se consigne dicha circunstancia a cambio de la entrega del cuerpo”.

Derecho a la verdad

Pasaron casi 50 años de estos hechos, cuyos protagonistas tanto por ser responsables del terrorismo de Estado como por haberlo sufrido, envejecen, su salud se deteriora, fallecen. La de la jueza de Resistencia es una de las pocas decisiones que la Justicia federal tomó en pos de emitir fallos por el derecho a la verdad desde que se reabrieron las causas que juzgan a represores de la última dictadura, a pesar de que los planteos en este sentido están creciendo atento al peso cada vez mayor de la llamada “impunidad biológica” en los expedientes.

Algo de (o todo) esto ocurrió en la causa que investiga la muerte de Martinelli. El expediente se había abierto en 2012, por iniciativa de la Unidad fiscal de Derechos Humanos de Resistencia. A lo largo de una década, se recogieron testimonios que relataron la emboscada que sufrió el joven y que aseguraron que su cuerpo presentaba varios impactos de bala. Luego de la amenaza del Ejército de no entregarles el cuerpo de su hijo, Emilia Aquino y Pedro Martinelli firmaron el certificado de defunción fraguado y recibieron en Paso de los Libres, Corrientes, los restos, que velaron en la casa familiar. “Mi papá vio impactos de bala en el torso de Pablo, que tenía también un orificio en la cara”, contó Nora.

El Equipo Argentino de Antropología Forense intervino en el análisis del cuerpo de la víctima con el objetivo de determinar causas de muerte: indicó que el joven había recibido un pacto de bala en la cabeza, de frente y de arriba hacia abajo. “Pablo medía 1,90. Ese tiro se lo pegaron arrodillado”, interpretó la hermana.

A lo largo de una década se había logrado identificar a dos responsables: el médico policial Héctor Grillo, quien firmó el certificado que decía que Martinelli había muerto por un “accidente”, y Fermín Montiel, expolicía, acusado de participar del operativo de persecución y asesinato del joven estudiante oriundo de Paso de los Libres, Corrientes. Sin embargo, ambos fallecieron antes de ser juzgados.

“Nosotros, la familia de Pablo, el pueblo entero, supo desde siempre lo que había ocurrido con Pablo. Pero durante todos estos años su certificado de defunción dijo que había muerto en un accidente, cuando en realidad lo acribillaron y fusilaron”, postuló Nora, quien junto a sus hermanos empezó a temer que “la causa cierre por falta de imputados” y decidió “pedir a la justicia que repare eso, que confirmara la verdad para las nuevas generaciones”.

Y así lo solicitaron ante Niremperger en septiembre pasado. El fiscal general Carlos Amad, el fiscal federal Patricio Sabadini y los fiscales ad hoc Diego Vigay y Horacio Rodríguez realizaron otra presentación respaldando el pedido, con un análisis de doctrina y jurisprudencia local e internacional que se basó en los juicios por la verdad de los años '90, cuando la impunidad no permitía tomar la vía penal, enjuiciar y encarcelar a los represores por los crímenes de lesa humanidad. "Fundamos la pretensión en el derecho a la verdad que asiste a las víctimas y en la necesidad de reparación integral", puntualizaron los funcionarios del Ministerio Público. La jueza ya había avalado el camino requerido en el marco del tratamiento judicial sobre la Masacre de Napalpí.

Además de considerar probado el homicidio, la magistrada ordenó que el certificado de defunción sea “reparado” reemplazando el causal de muerte. “Que haya un reconocimiento de la Justicia y en los registros oficiales es un acto necesario, imprescindible, fundamental. No nos va a cambiar la vida, pero sentimos un alivio”, concluyó la hermana de la víctima.