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La candidata a concejala del PRO Anita Martínez, se calzó hace unas semanas un casco amarillo de construcción y, junto a los ingenieros que conducen las obras de refacción del Monumento a la Bandera, recorrió el predio señalando hacia las alturas, sin ningún otro mensaje directo que destacar lo que la Nación ‑o sea su partido‑ estaba haciendo por el mayor emblema de la ciudad que cumple 60 años. Por esas mismas horas, y seguramente sin que la candidata lo supiera, la intendenta Mónica Fein recibía en su despacho una intimación de pago del primer certificado de esos mismos trabajos que se van cancelando por etapas: "La Nación no pagó y el municipio es intimado porque es solidariamente responsable", explicó escueta una fuente municipal.
Con el incumplimiento, el spot publicitario no hace más que poner en evidencia una costumbre reiterada. Anunciar o mostrar obras en campaña sin que estén avanzando a buen ritmo no es patrimonio exclusivo de una sola fuerza política. Muchas veces los candidatos señalan sólo los carteles, otras muestran una maqueta o simplemente enuncian lo que se va a hacer con los dineros públicos.
Pero en el caso del PRO hay una reiteración. El secretario de Transporte Guillermo Dietrich vino a Rosario de campaña por estos días y subió a todos los candidatos de Cambiemos a las unidades que transitan el metrobus de zona norte que, efectivamente, fue financiado por el gobierno nacional. No estaba inaugurando nada y, es más, no dio explicaciones cuando el gobierno municipal le recordó las demoras en la extensión de la obra vial que sí avanza en Mar del Plata y Santa Fe, donde hay intendentes afines a la coalición que lidera Mauricio Macri. Dietrich también le comunicó por lo bajo a la intendenta Fein que no habrá fondos nacionales para sumar la mano que vuelve del norte de la Avenida de la Costa. Los 40 millones de pesos que insume el nuevo trazado tendrá que ponerlos el municipio. También Dietrich ‑en la misma visita‑ atribuyó las demoras en los trabajos de la Circunvalación a "la corrupción kirchnerista". Por supuesto.
El lunes 13 de marzo arrancó la primera etapa de obras de restauración del Monumento, proyecto que contempla un conjunto de intervenciones para poner en valor, reparar y mejorar distintos sectores del lugar más representativo de la ciudad. Entre los trabajos que contempla el pliego licitatorio se destacan la restauración de la estructura de hormigón, mamposterías y revestimientos; trabajos de impermeabilizaciones y sellados; y la restauración y climatización de la Sala de las Banderas. Los trabajos también incluyen la incorporación de la Sala de las Provincias, la colocación de rampas y plataformas salvaescaleras, y la instalación de un nuevo sistema de iluminación. El plazo de la ejecución de la obra es de 18 meses. Ya en septiembre del año pasado, la concejala Marina Magnani había presentado un pedido de informes porque la empresa que ganó la licitación ‑Creaurban SA.‑ "es propiedad del primo del presidente con lo que estaríamos frente a la autoajudicación de una obra financiada con dineros públicos y para beneficio de la familia presidencial". Nadie se escandalizó demasiado por la denuncia, a pesar de que se trataba de la primera obra en la ciudad de Angelo Calcaterra, que hizo la mejor oferta con 148 millones de pesos contra los 151 millones de la UTE Depaoli & Troce SRL‑ Prat SRL‑ Construcciones Industriales y Civiles SRL. Y tambien contra los 158 millones de la UTE Del Sol SRL‑Epreco SRL‑ Dyscon SA.
"La mejor oferta la hizo la empresa Creaurban SA, perteneciente a Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri. Creaurban pertenecía al grupo Socma, de Franco Macri, quien anunció la venta cuando su hijo fue candidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero el comprador fue su sobrino", recordaba la concejala. Y sostenía que "esta empresa radicada en Buenos Aires no cuenta con antecedentes de obras públicas en Rosario, y sin embargo realizó la mejor oferta. Resulta al menos sospechoso que una empresa sin radicación en la ciudad pueda generar la infraestructura necesaria para realizar las obras comprometidas, a un precio inferior que las empresas locales. La logística del traslado de maquinaria y equipamiento, o el alquiler de los mismos, ya supondría en sí mismo un costo superior al costo logístico de las empresas de nuestra región". Pero en marzo de este año, el primo presidencial vendió Iecsa y Creaurban SA a Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía y dueño de Edenor. De esa manera, Calcaterra se desprendió de la firma que le había comprado a los Macri 10 años atrás. Aunque la empresa no sea más del primo presidencial, sería bueno que la Nación se ponga al día, aunque el municipio se comprometió a financiar un 30% de los trabajos, nadie le aclaró que sería ya desde el vamos.
Senadores insistidores
Hay una manera en la que la política se desprende fácil del flagelo de la inseguridad: el problema son las leyes y los jueces. Nunca es la policía corrupta, incapaz y sin recursos o el estado calamitoso de las cárceles porque esa, precisamente, es una responsabilidad absoluta de la política. Entonces, lo más fácil es entrar de lleno en una espiral de demagogia punitiva, empezar a hablar como la gente en las esquinas y concluir rápidamente que hay que terminar con "la puerta giratoria". Como si ése, efectivamente fuese el problema.
Los senadores provinciales entraron en esa variante y esta semana, sin que muchos se enteraran (se le presta escasa o nula atención al funcionamiento de la Legislatura provincial), insistieron con su proyecto de reforma del Código Procesal Penal de la provincia, desechando las modificaciones que le habían introducido los diputados que recibirán de vuelta en estos días ese expediente.
Los diputados habían eliminado algunas figuras conflictivas como las del "agente encubierto", la del "delator" y el "Registro público de libertades", violatorio del principio de inocencia consagrado en la Constitución Nacional. Pero ni siquiera los diputados habían removido del proyecto original la propuesta de extensión de los plazos de detención sin informar a ningún representante judicial por 72 horas. También amplificar el uso de la prisión preventiva como medida cautelar y autorizar de parte de un fiscal a la policía que no sea necesario efectuar un registro fílmico de los allanamientos o procedimientos de detención de una persona. Todas facultades que le otorgan más poder a un policía que tiene varios muertos en penales policiales y decenas de agentes investigados por connivencia con el delito. Está claro que es más fácil modificar las leyes que reformar a una fuerza que sigue siendo parte del problema y no de la solución.
