Los desafíos en el frente externo están planteados y ante ello el Gobierno continúa gestionando el corto plazo, cuidando los dólares acumulados y tratando de reforzar los ingresos. En la semana, se anunciaron una serie de medidas a través del DNU 164-23, a partir de una reconversión de los bonos en dólares del Tesoro Nacional que poseen las jurisdicciones, entidades y fondos públicos.

La operación tuvo una buena recepción en los actores (bancos, corredores de bolsa), aunque la oposición y algunos economistas del establishment salieron a criticar esta medida con argumentos insólitos la mayoría de las veces. También se intentó instalar una duda respecto al impacto sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). En este caso, cabe aclarar que el canje de bonos se realizará por nuevos bonos duales (que ajustan por CER o tipo de cambio, el mayor) y con una tasa implícita en la emisión del 8 por ciento anual. Además se contabilizarán a valor técnico, decisión que evitará que estén sujetos a la volatilidad de las cotizaciones del mercado, y que, según la titular de la Anses, Fernanda Raverta, generaría una ganancia de unos 2000 millones de dólares.

En resumen, los bonos con legislación extranjera serán canjeados por nuevos bonos duales, con lo cual, al recibirlos el Tesoro, automáticamente desaparecen como deuda, por unos 4000 millones de dólares.

Los bonos con legislación nacional serán vendidos o subastados, según lo disponga el Ministerio de Economía, y por cuenta y orden de los organismos, con el objeto de regular los mercados, en especial el del CCL. Cabe señalar que estas operaciones no serán inmediatas y se irán realizando a medida que las condiciones del mercado lo requieran. A cambio, los organismos también recibirán los nuevos bonos duales.

El decreto sostiene que “es importante continuar con las acciones tendientes a evitar la volatilidad extrema en el mercado cambiario en sentido amplio, dados los efectos contraproducentes que conllevan las subas bruscas en este ámbito sobre la inflación en particular y en la vida económica cotidiana de la población”. Creo que se ha dado un paso oportuno en ese sentido.

El costoso FMI

Otro tema a discutir es la necesidad de revisar los costos del financiamiento del FMI. La tasa del organismo se fija en función de las tasas de la deuda de los países centrales. En marzo de 2022, cuando se firmó el acuerdo vigente, la tasa era 1,2 por ciento anual, y ahora alcanza el 4,4 por ciento. Son cerca de 1500 millones de dólares más que hay que destinar para pagar por esta suba de intereses.

¿Por qué los países deudores (entre ellos Argentina) deben pagar el costo que generan las políticas monetarias de los países centrales, que intentan combatir la inflación con la suba de las tasas de interés de referencia? Es totalmente injusto.

Otro componente que ayudaría a morigerar los costos del préstamo es la eliminación de los sobrecargos, que también suman cerca de 1500 millones de dólares extra (300 puntos de sobretasa). Sin embargo, el directorio del FMI acaba de señalar que no modificará esta política, inequitativa por donde se la mire y que termina generando presiones en el frente externo.

En suma, Argentina debe abonar una tasa total cercana al 7,5 por ciento en dólares, un contrasentido, incluso con los propios objetivos del FMI, entre los cuales se encuentra el de fomentar la estabilidad cambiaria de los países.

Un aspecto que no hay que pasar por alto es que el origen del problema es el préstamo de 2018 con el FMI, que originalmente iba a superar los 56.000 millones de dólares, pero como los desembolsos se interrumpieron en agosto de 2019, quedó un endeudamiento de unos 45.000 millones de dólares, imposibles de pagar tal como estaban pautados en los acuerdos realizados durante el gobierno de Macri. Hubo una idea deliberada de condicionar al país por varios lustros, con evidente corresponsabilidad del acreedor.

Para tener una idea comparada de los valores involucrados, en estos días se conoció que Ucrania -país que está en guerra y al que se pretende apuntalar desde los integrantes de la OTAN- recibiría una ayuda del Fondo de 15.600 millones de dólares. En términos de la cuota en el FMI es el 577 por ciento, lejos del 1277 por ciento que se autorizó en octubre de 2018 para nuestro país.

Argentina debe devolver este crédito, pero ello debe hacerse bajo condiciones que no infrinjan mayores daños a nuestro país. El acuerdo vigente no resolvió el problema de la deuda, lo que permitió fue ganar tiempo y ampliar los márgenes para que la economía pueda seguir creciendo.

* Diputado Nacional del Frente de Todos. Presidente del Partido Solidario.