“¿Sabés las veces que pedí cambio de carátula? Después que pasó esto... esto pasó en julio de 2021, hasta que empezó la feria judicial de verano me iba una o dos veces por semana a la fiscalía. Era figurita repetida. Me conocían de memoria. El número de expediente ya ni lo buscaban. Cada vez que iba, pedía que cambien la carátula, cada vez, cada vez, con todos los argumentos. Hablé con el secretario del fiscal, con el fiscal, con otro secretario, con Asistencia a la Víctima que atiende telefónicamente en La Plata. He pedido que hagan pericias en el teléfono de él, a la cuenta de Google, con los buscadores, con las cosas que ha buscado, para probar la premeditación que tenía todo lo que él hizo. Nunca me dieron bolilla, de nada. Me han subestimado, me han ninguneado. Así todo el tiempo”.

La que habla es María Isabel Speratti. Les contaba este periplo desesperante en la justicia, a través de un audio de Whatsapp, a sus compañeras de un chat, con quienes compartían un grupo virtual de ayuda mutua para víctimas de violencia de género. Al día siguiente de enviar ese mensaje, en la mañana del jueves 16 de marzo, María fue asesinada a balazos en la localidad bonaerense de Cañuelas por su exmarido, Gabriel Alejandro Nuñez, cuando ella estaba por salir de su casa para llevar a los dos hijos de ambos a la escuela. Le disparó tres tiros. María llegó a alertar a los chicos, de 18 y 15 años, que pudieron esconderse.

Es la crónica de un femicidio anunciado. El 8 de marzo pasado había viajado a la ciudad de Buenos Aires para participar de la marcha por el Día de la Mujer. Y compartió la foto con sus compañeras y amigas.

El 16 de julio de 2021, Nuñez había intentado ahorcarla en el dormitorio que compartían entonces, y la intervención del hijo mayor del matrimonio --en ese momento de 15 años-- impidió que la matara. La justicia de Cañuelas nunca caratuló el hecho como intento de femicidio: apenas, interpretó que se trató de “lesiones leves”. Aunque ella quedó con estrés postraumático por el ataque y tuvo que iniciar un tratamiento psiquiátrico, le quedaron marcas en el cuello de la presión de los dedos de su marido y un ojo afectado por la hipoxia. La justicia nunca ponderó el riesgo alto al que María estaba expuesta. Dictó la exclusión del hogar del agresor y apenas le puso custodia por un mes y una restricción perimetral que se había vencido. Nuñez nunca estuvo detenido. Sus abogados lograron que fuera internado en un neuoropsiquiátrico por algunas semanas --como estrategia para evitar un encarcelamiento-- y luego recuperó su libertad. Tampoco la justicia en Cañuelas le puso un dispositivo dual o tobillera electrónica para monitorear sus movimientos. Nunca pidió a la provincia de Buenos Aires la entrega de ese aparato, según informó a Página 12 la subsecretaría de Políticas contra las Violencias por Razones de Género bonaerense, Flavia Delmas.

Recién cuando logró su cometido de asesinar a su exesposa, un año y ocho meses después de su primer intento, Nuñez quedó detenido. María tenía 40 años.

Una justicia que no pondera el riesgo

El derrotero incesante de María por la justicia local, su historia de “ninguneo” por parte de quienes tenían que darle respuesta, está condensada en un video de 11 minutos que hicieron sus compañeras de grupo y que se difundió en los últimos días. Ella, en primera persona “con su propia voz nos cuenta por qué está muerta y quienes son los responsable”. Señala a la fiscalía descentralizada UFI 1 y al juez de Garantías de Cañuelas, Miguel Martín Rizzo.

El femicidio de María pone una vez más en primer plano la inoperancia judicial y de los dispositivos locales para proteger a una mujer que pedía ayuda, que vivía con miedo, que estaba aterrada. El accionar del Estado, en este caso, demuestra falta de conocimiento sobre la dinámica de la violencia de género en relaciones de pareja.

¿Qué decía María?

“A un año sigo con tratamiento pisquiátrico por el intento de asesinato por el cual pasé. No entiendo por qué no se toma en cuenta”, les dice María a sus compañeras de grupo. “Vivo amenazada. Mi agresor nunca fue preso y tengo que vivir así. No tengo justicia. Ya no sé qué más hacer”, se la escucha, desesperada. Y también dice: “Bajar los brazos jamás, jamás, jamás. La voy a luchar con toda mi fuerza. Mientras tenga vida la voy a pelear porque se haga justicia”.

María vivía de la venta de objetos de decoración tejidos. Había vendido seguros pero en pandemia perdió clientes y se convirtió en artesana. Escuchar su voz duele. Para el próximo 14 de abril, al cumplirse un mes de su femicidio --en realidad sería el 16 pero cae domingo-- sus compañeras de Shalom Bait están convocando a marchar vestidas de negro, al Palacio de Tribunales en la ciudad de Buenos Aires, para pedir “#JusticiaParaMaría.

María hizo todo lo que desde el Estado se promueve que hagan las víctimas de violencia machista: denunció y además se sumó --de manera virtual-- a un grupo de ayuda mutua de una organización con larga trayectoria en la atención de sobrevivientes como es Shalom Bait. En esos audios cuenta que “soporté veinte años de violencia psicológica y sexual y un intento de asesinato”, luego del cual se separó. También se lamenta porque “no puedo costear un abogado penalista” y el Estado le brinda un defensor al agresor y no a la víctima.

“Todo es cuesta arriba para nosotras. Es como que todo el tiempo estamos nadando contra la corriente y con el agua al cuello”, dice.

Desde aquel intento de femicidio, María no volvió a cruzarse con su ex --que tampoco se ocupó de pasarle dinero para la crianza de los hijos de ambos-- hasta la mañana del 16 de marzo, cuando se apareció en su casa y la mató. De lo que sí se ocupó el agresor fue de pedir en el expediente judicial donde tramitaba la causa por alimentos la revinculación con sus hijos, que no lo querían ver, por obvias razones. Delante de ellos asesinó a María.

Un peritaje que tampoco alertó

La mujer también cuenta en los chats que consiguió que le hicieran un peritaje psicológico a Nuñez y comenta las conclusiones: palabras más palabras menos, la licenciada en psicología Ana Victoria Malmone, de la Asesoría Pericial del Departamento Judicial de La Plata, concluye que tiene rasgos de un psicópata, que muestra “fallas respecto a la autocrítica de la conducta” que tuvo con María --el intento de femicidio--, dice que se olvidó de lo que hizo. Malmone destaca que “sus argumentaciones son de tipo patriarcal”.

María se indigna --y se lo dice a sus compañeras de chat-- porque a pesar de los antecedentes de su ex y de lo que detecta la perito, apenas sugiere que vaya a “un dispositivo socioeducativo para varones agresores” y que “haga tratamiento psicoterapéutico individual”. El peritaje está fechado el 28 de diciembre 2022 --un año y cinco meses después del intento de ahorcamiento-- y fue elevado a la Fiscalía descentralizada UFI 1 de Cañuelas, el 9 de enero de 2023. Dos meses y una semana después, Nuñez la asesinó. La UFI estuvo hasta marzo de 2022 a cargo del fiscal Lisandro Damonte; tras su renuncia fue designado Javier Burlingieri.

¿Se podría haber prevenido el femicidio?

“Esto pasó porque la carátula era de lesiones leves. Tiene responsabilidad penal la fiscalía que intervenía. María sufrió un intento de femicidio y además violencia institucional de parte de la justicia que no hizo nada para protegerla”, dice a Página 12 Fernanda Tarica, directora de Shalom Bait. Es la primera vez en veinte años de trabajo con víctimas de violencia machista que una de ellas termina de la peor forma, como María. Tarica está muy conmovida. Siente impotencia. Bronca. “Por un lado escuchamos el discurso de la preocupación en relación a la violencia de género, pero por otro, están los hechos. Frente a un riesgo alto o muy alto, como el que estaba María, se pone custodia policial, una tobillera al agresor, hay un acompañamiento. Pero no se le ofreció nada”, cuestiona.

María había ingresado en octubre de 2021 al grupo virtual para sobrevivientes que la entidad abrió en pandemia y continuó para quienes vivían alejadas de la ciudad de Buenos Aires, con una docena de mujeres de distintas provincias.

Una de las compañeras de grupo de María era Lucía Penso, una abogada de 31 años, que para escapar de la violencia del progenitor de su hijo mayor, de 6 años, se mudó a más de mil kilómetros de distancia de la ciudad de Buenos Aires. “Estamos shockeadas”, dice. “Todavía me parece escuchar su voz”, agrega en diálogo con Página 12. Lucía junto a sus dos hijos --el segundo, un bebé de 9 meses--, su actual pareja y su madre y su padre, buscaron radicarse en Jujuy poder vivir en paz porque --cuenta-- su ex los tenía a todos amenazados. “Tampoco me siento segura acá”, dice.

En febrero de 2021, en una de las agresiones que padeció Lucía, su ex, el abogado Carlos Ernesto Gómez, la amenazó a ella delante de la policía y rompió un patrullero, con una restricción perimetral vigente. El caso tuvo repercusión en los medios. Estuvo preso dos meses, más que nada por el daño al vehículo policial y la agresión a los uniformados, señala Lucía. Estaban separados hacía más de un año. Habían estado cinco años juntos.

El femicidio de María la sacudió como a las demás compañeras de grupo. “La conocía hace un año. Era una de las compañeras que más presente estaba. El día anterior a su femicidio había mandado novedades de la causa”, dice, conmovida. Son las palabras que abren este artículo.

El testimonio de María --que compone el video de 11 minutos-- proviene de audios que ella mandaba a un chat que habían conformado con sus compañeras de Shalom Bait. En paralelo tenían el grupo virtual que coordinaban las dos psicólogas de la ONG, Cecilia Tysz y Andrea Palacios. “Tratamos todo el tiempo de no pensar que este puede ser un desenlace posible. Ayer una de las mujeres del grupo decía: ‘¿Ahora conseguí una restricción perimetral pero que hago con este papelito?’. Están todas con mucho miedo. Se preguntan cuál de ellas será la próxima”, dice Tysz.