La soberbia de algunos funcionarios macrista-radicales alcanza niveles tan absurdos como la obsecuencia de cierto periodismo oficialista, evidentemente cooptado mediante pautas, sobres, prebendas o amenazas. 

Mientras el gobierno se pasa por abajo a la CIDH y no libera a Milagro Sala, jueces y comunicadores al servicio del gobierno profundizan el desquicio institucional que significa mantener a alguien en prisión por capricho y rencor de un gobernador. El propio ministro Garavano agrava todo, de hecho, al decir que “es un problema jujeño”. Y la prensa oficialista calla y consiente como ha hecho con cada atropello institucional del último año y medio. 

En tal contexto, algunas personas prefirieron celebrar el toque de humor involuntario que ofreció la insólita “encuesta” de la empresa Giacobbe y Asociados, según la cual “los argentinos más honestos de la historia” –por favor escuchen y lean bien– son Elisa Carrió y María Eugenia Vidal. Seguidas ambas –pero después– por Arturo Illia, René Favaloro y Manuel Belgrano.

Y esto mientras la vicepresidenta Michetti hacía papelones en Italia con el idioma, igual que su jefe el presidente, que los hizo en Misiones porque ignora la geografía del país que preside. Entre lingüística y geografía, los dos no hacen uno bueno, pero más allá de lo risible, lo grave es la complicidad del periodismo oficialista, que lo que no banaliza lo degrada, satanizando una gestión sin dudas cuestionable pero que por lejos fue institucional, económica, educativa y socialmente muchísimo mejor que el presente canalla que instaló el macrismo en diciembre de 2015.

Todos sus esfuerzos se dirigen a condenar al kirchnerismo mediáticamente, antes que jurídicamente, para negar la gravísima realidad social que empeora día a día con cierres de industrias y comercios, desempleo y aumento de la pobreza y la desesperanza, desatención a los desprotegidos que son cada vez más, y degradación permanente de la salud, la educación y la previsión social, todo ello producto de la que quizás sea la estafa política más colosal que se haya organizado en el mundo.

De hecho y consecuentemente implica una verdadera alerta roja la censura que se viene aplicando y que es una amenaza a las libertades públicas. Y censura a la que el macriperiodismo se presta sin vergüenza. Por ejemplo, la orden de que Aerolíneas Argentinas no transporte más ejemplares de este diario al interior del país. O la escandalosa expulsión de Pedro Biscay, miembro del directorio del Banco Central con acuerdo del Congreso, destituido con el totalitario argumento brindado por el fanático diputado oficialista Pablo Tonelli: “No se puede tener a alguien en el BCRA que piense de manera contraria”.

En tal contexto no deja de ser chistoso que el diario Clarín mande a uno de sus gerentes a provocar a este articulista. En aparente cuestionamiento al Sr. Durán Barba, el martes pasado el Sr. Ricardo Roa tergiversó –como siempre hace el medio al que sirve– mi artículo del lunes anterior diciendo que “mete en una misma bolsa a políticos, médicos, jueces, comerciantes, periodistas y funcionarios”, con el supuesto capcioso objeto de sugerir “que si hay corrupción en todos lados no debe condenarse la corrupción de los Kirchner, De Vido, López José y López Cristóbal, Báez, Boudou, Jaime y siguen las firmas”. 

Penosa muestra de la degradación progresiva del periodismo, el Sr. Roa o no entiende o es nomás un irreductible fanático al servicio del ocultamiento, pues no dice ni una sola palabra de los Panamá Papers que involucran a la familia Macri ni de las corruptelas de una apreciable cantidad de funcionarios del gobierno al que sirve. Y es que para Roa, como para sus patrones, sólo deben condenarse corrupciones del pasado reciente como artimaña para negar, ocultar y proteger la corrupción cada vez más pestilente de un gobierno al que sostienen con desesperación porque es fuente y sostén de su propio poder. Ésa es la verdadera razón por la que llevan tantos meses desinformando sobre los Panamá Papers, escándalo, por cierto, que acaba de provocar la caída del segundo Jefe de Estado del mundo involucrado en tales corrupciones.

Se trata de Nawaz Sharif, primer ministro de Pakistán, quien la semana pasada renunció después de que la Corte de ese país declaró por unanimidad su inhabilitación para el cargo, a consecuencia de una investigación de los bienes de su familia iniciada tras la revelación y difusión mundial de los Panamá Papers, en 2015. El mismo escándalo que produjeron aquí las revelaciones de negocios offshore de la familia Macri, ocultadas sistemática y maliciosamente por los mentimedios y la telebasura.

El propio diario La Nación reprodujo el viernes pasado, durante unas pocas horas en la edición digital, una nota de la BBC británica en la que se sostiene que “los Panamá Papers se refieren a millones de documentos de la firma Mossack Fonseca, radicada en Panamá, que fueron anónimamente filtrados a dos periodistas alemanes que revelaron cómo los ricos y poderosos en todo el mundo esconden su dinero en compañías secretas”. Es la misma firma que maneja fondos de personas y sociedades evasoras de la Argentina y cuya filtración de documentos ya produjo la caída de otro mandatario: el primer ministro de Islandia, Sigmundur Gunnlaugsson, quien renunció inmediatamente tras la publicidad de documentos que desnudaban cientos de millones de dólares ocultos. 

Está clarísimo que quienes en la Argentina y desde 2015 distorsionan o ayudan a disimular los Panamá Papers que involucran al poder en la Argentina, lo hacen para proteger al gobierno actual, hoy sobrado de corruptelas. Algunos periodistas son perfectamente funcionales a tales estrategias.