Como postal del retroceso de las políticas de derechos humanos durante la gestión de Mauricio Macri muchos antiguos centros clandestinos de detención que fueron reconvertidos en sitios de memoria hoy se encuentran en franco deterioro debido a la falta de presupuesto y mantenimiento. Cambiemos no cerró los lugares de memoria, pero muchos de los más emblemáticos están signados por una activa política de abandono. Puede tratarse de sitios que se encuentran en un municipio gobernado por el PRO –como ocurre con la emblemática Mansión Seré en Morón–. O con sitios que dependen de presupuestos de Nación como el Faro o Famaillá, sostenido por una sola persona que limpia y atiende al público. O bonos de asociaciones de amigos que compran hasta papel higiénico. Un caso especial es el de la ex ESMA (ver aparte).

Mansión Seré

El antiguo centro clandestino Mansión Seré acaba de cumplir 17 años desde su recuperación. Emplazado en la municipalidad de Morón, donde hoy gobierna el macrista Ramiro Tagliaferro, fue el primer centro clandestino de detención y exterminio recuperado como sitio de memoria y, como también fue el primero en Latinoámerica, abrió una perspectiva nueva en la región para pensar las políticas de memoria y reparación sobre los espacios del terror. Llegó a tener una planta de 70 pasantes, un equipo de investigación de 15 personas, zona de excavación y un laboratorio con el objetivo de un polo de investigación para la región. En este momento el lugar está en completo estado de abandono. La planta de trabajadores quedó reducida a una sola persona. Las excavaciones están paralizadas desde hace tres semestres. Y lo que iba a ser un centro de investigación está completamente cerrado.

“Está todo sucio y abandonado”, dijo a este diario María Teresa Antón de Sabbatella a PáginaI12 sobre Mansión Seré. “El laboratorio no tiene ni siquiera personas porque los que estaban se fueron y está totalmente cerrado. La excavación está abandonada. Las palomas hacen de todo. Es decir, que siendo el primer centro clandestino recuperado de toda la región, con todo lo que nos costó llevarlo a cabo hasta hacerlo patrimonio histórico, está así porque esta gente no le interesa nada de los derechos humanos”. 

Teresa es parte de la Asociación Seré por la Memoria, un espacio integrado por vecinos de Morón, abierto en el 2000 en paralelo a la recuperación de la antigua casa de la familia Seré utilizada como centro clandestino por la Fuerza Aérea. Desde el cambio de gobierno, la Asociación –que solía reunirse en el edificio contiguo llamado la Casa por la Memoria y la Vida– comenzó a hacer sus actividades afuera. Y las actividades que antes encontraban eco inmediato entre las autoridades, se volvieron acontecimientos casi prohibidos.

Este año proyectaron un homenaje a Cristina Guerra, sobreviviente ahora fallecida. Ella había pedido que sus cenizas sean depositadas en el ex centro clandestino. Eso pudieron hacerlo. Pero cuando Iris Avellaneda, de la Asociación, quiso hacer una placa con su nombre, las autoridades del municipio se opusieron porque la placa no sólo llevaba el nombre de Cristina, sino el reconocimiento de su militancia política como integrante del Partido Comunista. El sábado 7 de julio algo parecido volvió a repetirse. El director de derechos humanos del Municipio de Morón, Francisco Mones Ruiz, les impidió poner una placa con el nombre de los luchadores populares de la zona, un proyecto pensado para celebrar los 17 años de la recuperación del predio. “En el lugar tenemos un mural que se llama Mural de los Luchadores Populares por los Derechos Humanos. Avisamos que íbamos a poner allí dos nuevos dibujos: de Sara Steimberg y de Pepa de Noia, Madres de Plaza de Mayo que fallecieron en 2017 y 2015”, dice Beatriz Neyra de la Asociación. “Hicimos la consulta con el director. Nos dijo que sí. Pero como nos dimos cuenta que la gente de la zona no reconoce los dibujos, decidimos hacer un panel con los nombres de las personas del mural. Cuando este señor se entera de la situación, nos dice: ¡de ninguna manera! ¡Y que tenemos que pedir autorización para poner cuatro clavitos en la pared para una placa al aire libre!”. La placa iba a tener nombre, apellido y lugar de pertenencia de cada persona: Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, por ejemplo. O trabajadora de la primera sala de auxilios de Morón. Ya ni siquiera pensaban en las identidades políticas. Pero bueno aunque el acto se hizo. Y el mural de dibujos se completó, no pudieron poner la placa. 

“Limpian cuando saben que vamos nosotros”, dice Beatriz. “Y como saben que nosotros vamos una vez a la semana o cada quince días, se ponen a limpiar. Está todo como lo dejó la gestión anterior. No hicieron nada más. Hicimos presentaciones y entregamos escritos pero te dicen todo sí, sí, pero no lo hacen: finalmente es un desgaste”. 

Uno de los efectos de las políticas de no hacer nada es el deterioro completo en el sistema de conservación. “Todo de terror”, dice Antonella Di Vruno, ex directora de investigación de Mansión Seré. “No sólo no continuaron con la excavación: el problema es que no hay arqueólogos y cada tanto mandan a un conservador del municipio pero las tareas están paralizadas. El equipo de investigación que llegó a tener un promedio de 15 personas, ahora tiene una sola. El laboratorio hacía la limpieza de las piezas que surgían de las excavaciones, los análisis, la clasificación, mediciones y preservación. Pero como siempre decíamos no sólo se trabajó en la preservación de un objeto que habla de un lugar determinado, sino de un objeto que además es prueba judicial. Así, como en otros espacios como Orletti, surgieron pruebas que hablan de las fuerzas represivas, de este lugar salió enorme prueba sobre los hechos. Envases de comida con las fechas de 1977 y 1978, pero también marcos de puertas y ventanas, vidrios y baldosas reconocidos por los sobrevivientes que fortalecieron sus testimonios en los juicios. Con estos objetos se inició todo un camino de aprendizaje para la época. Y el laboratorio –montado con todas las normas– se pensó como un espacio de investigación no sólo para Mansión Seré o los centros clandestinos de la zona de influencia, sino como un polo de investigación con universidades”. 

Otros casos

La Ley Nacional de Sitios obliga al Estado a preservar edificios que son prueba judicial, espacios de memoria y reparación para las víctimas. Obligan a detener el deterioro y hacer trabajos de mantenimiento. Uno de los efectos de la falta de partidas es la ausencia de trabajos de protección del patrimonio histórico, tanto en los entornos de los edificios como en los sitios.

La Escuelita de Famaillá de Tucumán fue el primer centro clandestino del país, el más importante del norte argentino y es prueba en el juicio por el Operativo Independencia. Hasta 2014 era el emplazamiento de un jardín de infantes, escuela primaria y terciaria. Ese año el espacio se recuperó parcialmente como sitio de memoria y a mediados de 2016 se recuperó en su totalidad. Hasta entonces, los organismos de derechos humanos y organizaciones de la zona no pudieron tener la posesión del predio ni desarrollar proyectos sobre el espacio. Y cuando empezaron a hacerlo, ya era tarde.

“A diciembre de 2015, teníamos una sola trabajadora que en enero de 2016 fue despedida y en febrero reincorporada por la presión de los organismos”, explica María Carolina Frangoulis de la Mesa de Consenso integrada por organismos de derechos humanos, organizaciones civiles y políticas sobre todo el sur de la provincia. “Y ahora para desarrollar el proyecto de sitio, nos encontramos un gran vacío porque necesitamos un presupuesto que por supuesto no existe. Por eso hicimos una Asociación de Amigos para la Escuela de Famaillá. Y empezamos a vender bonos contribución. De esa manera, pudimos tener cosas elementales como papel higiénico, comprar detergente, escobas, pagar la cortada de pasto pero también financiar un pasaje desde el sur de Tucumán para muchas familias que viven en condiciones de mucha pobreza y quieren venir a poner una foto de sus desaparecidos”. En el trayecto, iniciaron un expediente para llevar adelante el proyecto de sitio: carpetas con cartelería, aulas temáticas, mobiliario, sillas o un proyector. A fin de año, Nación les dijo que iban a tener presupuesto asignado para obras de mantenimiento y resguardo. Pero no llegó ni dinero ni partidas. De las cuatro áreas responsables del funcionamiento -derechos humanos y Educación de Nación y de Tucumán– sólo respondió el área el ministerio de Educación tucumano que lleva adelante gran parte del programa del ex centro clandestino con el área de Educación y Memoria. 

“Hace un año y medio que estamos en veremos con las sillas”, dice María Carolina como para ponerlo en sencillo. “Hoy tenemos 52 sillas que donó Educación de la provincia, 100 que donó Sitraju y otras 2 gracias a la donación de un señor de Famaillá. Y por supuesto, en medio de las inclemencias del tiempo y la mala voluntad de algunas personas, todo empieza a deteriorarse más rápido. El año pasado el municipio dejó de ocuparse de la protección del predio y nos robaron: se llevaron sanitarios, rompieron ventanas, puertas, pizarrones. Y finalmente logramos la presencia de dos custodios. Pero cuando llueve, no podés ni siquiera cruzarte de un lado al otro. Y una de las urgencias son los baños: en este momento los baños que se usan son los mismos que usaron cuando esto funcionó el centro clandestino”.

Mar del Plata y CABA

El ex ESIM de Mar del Plata llamado El Faro de la Memoria es el único espacio que tiene además un atractivo turístico con afluencia de miles de personas en verano. Y ahora en las vacaciones de invierno. Pero este invierno los trabajadores no tienen calefacción, hay cuatro escritorios para cinco personas y las computadoras de trabajo los aporta el personal. El Gobierno también incluyó al sitio en un gran proyecto de obra, pero el sitio todavía no tiene novedades. Sin presupuesto, el año pasado hicieron un concierto en el Auditorium de Mar del Plata en el que sacaron dinero para pagar fotocopias y folletería para los visitantes. Por estos días además empiezan a recibir personas de la calle:

“Vengo acá porque es un espacio de derechos humanos”, les dijo un artesano, que pasó desesperado a ver si podían darle una mano con algo de trabajo. A partir de preguntas como estas, lo que se está abriendo en el Faro parece toda una novedad: “¿Qué podemos hacer para dar una mano?”, se preguntan desde la Comisión provincial por la Memoria integrada por Yamila Zabala Rodríguez, Lorena Ravalli y Sandra y Jorge García, entre otros. 

“Estamos pensando en abrir el espacio tal vez para una feria de artesanos, un espacio de trueque o de productores independientes a partir de lo que está pasando en la ciudad”. 

Los cuatro sitios CABA (Olimpo, Atlético, Orletti y Virrey Ceballos) no recibieron ni promesas de inversiones de mantenimiento y resguardo. Y funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación confirmaron a los coordinadores que el presupuesto para este año iba a ser cero. “Lo único que hay es plata de caja chica pero no alcanzan para cubrir los gastos de conservación arqueológica y arquitectónica ni elaborar materiales didácticos para las escuelas y ni hacer medios audiovisuales”, explican los integrantes de la asociación de amigos. Los Sitios se encuentran en las mismas condiciones de 2014 cuando pasaron de Ciudad a Nación. Pero en ese contexto, existen realidades diversas. En Atlético por ejemplo se esperan obras importantes: luego de un amparo del juzgado de Daniel Rafecas por la Autopista Ribereña que proyectaba un obrador para la zona histórica se logró un convenio con la constructora que hará una obra de preservación sobre el lugar. La solución definitiva, sin embargo, todavía no llega: ahora hay problemas con la extensión del Metrobús. Orletti no tiene calefacción y las trabajadores deben ocupar el espacio histórico para trabajar porque no hay otros espacios. Y el Olimpo consiguió mejoras para trasformar el playón del sitio en un espacio de memoria a través de un convenio con la dirección de espacios verdes de la ciudad de Buenos Aires.