El asesino, de 72 años, empuña una 9 milímetros. Levanta el brazo y le apunta al abogado que está delante suyo. “Tengo blanco”, le dice a Juan Ramos Padilla. “¿Dónde quiere que tire? ¿A un brazo, al tórax o a una pierna?”. En esos segundos de tensión el hijo, colega y socio de Juan se le tira encima. Forcejean. Alejo Ramos Padilla queda con su mano sobre la mano del asesino, que atenaza la Browning y no la suelta. Aún tiene el dedo en el gatillo. Un hermano de Alejo, Juan Martín, periodista y miembro del equipo familiar, está expectante. Después de un tiempo imposible de medir, porque así son los tiempos cuando lo que se juega es la vida o la muerte, el tirador deja de hacer fuerza y abandona la pistola. Entonces, para asemejarse a un caballero en duelo, le extiende la mano a Juan. Pero el blanco se la rechaza con esta frase: “Primero dígame dónde está Clara Anahí”.

Así fue, en el 2001, una de las escenas de esta historia que tiene nueve personajes principales. Todos entran y salen a lo largo de los años, como en una obra de teatro. Y como en una obra clásica, es bueno presentarlos uno por uno.

El primer personaje es María Isabel Chorobik de Mariani. Chicha Mariani. Nació en 1923 y murió en 2018. Fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, está condición se la debió a la dictadura que secuestró a su hijo Daniel, a su nuera Diana Teruggi y a su chiquita de tres meses en noviembre de 1976, Clara Anahí. Hasta hoy no se sabe dónde está esa mujer de 46 años por quien le preguntó Juan al asesino.

El segundo personaje es Alfredo Bravo. Docente y dirigente de la Central de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, socialista, miembro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, fanático de Ríver. Nació en 1925 y murió el 26 de mayo de 2003, un día después de la asunción de Néstor Kirchner. El Presidente y Cristina fueron al velatorio en el Congreso. Fue secuestrado en 1977 y recuperó la libertad en 1979.

Tercer personaje, Héctor Timerman. Hijo de Jacobo, secuestrado, torturado, liberado y expatriado por la dictadura, se hizo peronista en la escuela secundaria, fue cónsul en Nueva York con Kirchner y después Cristina lo designó primero embajador en los Estados Unidos y, en 2010, canciller. Nació en 1953. Murió en 2018 de un cáncer que no se pudo tratar bien porque la Justicia del macrismo, que lo tenía procesado sin pruebas con una acusación de encubrir el atentado a la AMIA, le impidió viajar a Nueva York a tiempo. En 2006 fue querellante en La Plata contra quienes habían secuestrado y torturado a su padre.

El cuarto personaje de esta historia es Ramón Camps. Nacido en Buenos Aires en 1927, murió en 1994. Llegó a general del Ejército. Como coronel, en 1976 asumió la jefatura de la Policía Bonaerense que secuestró a Timerman, a Bravo, al hijo de Chicha y a la nena, y mató a la nuera en el ataque a la casa donde estaban ellos, en La Plata. Camps interrogó bajo tortura a Jacobo Timerman y, caso único en el mundo, publicó un libro denigrante utilizando las frases del periodista obtenidas con la picana.

Nacido en 1929 y muerto en 2022, el quinto personaje es Miguel Etchecolatz, un comisario de la Bonaerense que llegó a Director de Investigaciones con Camps. Su número dos y jefe de Inteligencia. Con Camps dirigieron operativamente los 50 centros clandestinos de la provincia de Buenos Aires y él mismo torturó personalmente a Bravo. Héctor Timerman lo querelló. Terminó condenado por crímenes de lesa humanidad. Ya había sido sentenciado en 1986 y beneficiado por la Ley de Obediencia Debida de 1987. En su período de libertad calumnió a su torturado Alfredo Bravo en un programa de Mariano Grondona. Bravo y sus abogados, los Ramos Padilla, ganaron el juicio por calumnias. Luego, con el argumento de cobrar los honorarios no pagados fueron hasta la casa de Etchecolatz, en la avenida Pueyrredón. Se llegaron hasta ahí para embargar bienes. Ya en plena revisación de los objetos, Etchecolatz alegaba que todo era de su mujer. Pero en un momento los abogados y la oficial embargante de la Justicia encontraron sus charreteras. Ahí fue que Etchecolatz se corrió a la habitación de al lado y volvió con la pistola que usó para apuntarle a Juan Ramos Padilla. Muchos años después acabó condenado por crímenes de lesa humanidad (primera sentencia con esa tipificación) por un tribunal presidido por el juez Carlos Rozanski. En un momento del proceso iniciado por Chicha Mariani con el patrocinio de Alejo Ramos Padilla, Etchecolatz recibió el beneficio de la prisión domiciliaria. Pero la Justicia se la revocó por aquel antecedente del arma.

Christian von Wernich, sexto personaje, nació en 1938, eligió el sacerdocio y llegó a ser capellán de la Bonaerense. Con Camps de jefe participaba de las sesiones de tortura. Un día los torturadores dejaron solo con él a Luis Velasco Blake, atormentado a los 20 años, “¿Qué siente viendo cómo torturan a una persona?”, le preguntó el muchacho después de la primera sesión de picana. “Nada, no se siente nada”, respondió el cura. “Ustedes tienen que pagar con muerte y tormentos por los daños hechos a la patria.” Como Etchecolatz, von Wernich recibió condena.

El jefe de Camps, Etchecolatz y von Wernich es el séptimo personaje de esta historia. Se llama Jaime Lemont Smart y fue ministro de Gobierno se la provincia de Buenos Aires cuando gobernaba el general Ibérico Saint Jean, aquel de la frase famosa: “Primero mataremos a los subversivos, después a sus cómplices, después a sus amigos, después a sus familiares, después a los indiferentes y por último a los tímidos”. A tono con él, Smart llegó a decir que subversivo “no es solo el combatiente que es abatido por las fuerzas del orden” sino también “quienes armaron a eso combatientes”, es decir “los profesores de todos los niveles de la enseñanza”. Timerman lo querelló. Fue condenado por crímenes de lesa humanidad y resultó el primer civil sentenciado en la Argentina por crímenes de lesa humanidad.

Quedan aparte los dos personajes que hilvanan toda la historia.

Al octavo personaje ya lo conocen. Es el apuntado por la 9 milímetros de Etchecolatz. Juan Ramos Padilla hizo la carrera de Abogacía en dos años y medio. Hoy, con 71 años, es miembro de un tribunal oral. Desde que se recibió fue pinche de Tribunales, secretario de juzgado en Morón, secretario de cámara en Morón, fiscal en Morón, juez en lo penal en San Isidro y juez en Morón hasta su renuncia, tras el fallo de la Corte Suprema que en 1988 convalidó la Ley de Obediencia Debida.

Al noveno ya lo vieron, porque inmovilizó al viejo de la 9 milímetros. Alejo Ramos Padilla tiene 47 años y desde el 9 de febrero de 2021 es, junto con Ernesto Kreplak, uno de los jueces federales de La Plata. A él le tocó el poderoso juzgado electoral. Antes fue juez federal en Dolores, donde procesó al espía Marcelo D’Alessio, y juez subrogante en Bahía Blanca entre 2011 y 2015. Y antes de 2011 ejercía como abogado, a veces solo, en los interregnos en que su padre no era juez, y otras en sociedad con Juan.

Juan

Es la mañana del sábado 24 de marzo de 2023 y Juan Ramos Padilla cuenta que se cruzó con Camps y Smart por primera vez en San Isidro. “Los dos pisaban fuerte ahí, uno en la Justicia y otro en la Bonaerense”, dice. En plena dictadura amparaban a un comisario mayor que aprovechaba la naturalidad del secuestro político para cometer secuestros extorsivos. “También metí en cana al comisario Gatica, de Camps”, dice. “Y al oficial primero Bondanza en Villa Insuperable. Se presentó un habeas corpus, me mandé, llegué a la comisaría y encontré a la víctima, de apellido Tanoira, picaneada. Lo saqué de la comisaría y me llevé los libros. Después el juez Martín Anzoátegui me quitó la causa y le presenté una denuncia con renuncia. La rompió. Anzoátegui le tenía un cagazo bárbaro a Camps. A mí también, porque sabía que por mi familia yo tenía conexiones con milicos y con obispos. Pero igual fui a la Jefatura de Policía en La Plata, llegué hasta la oficina de legajos y antecedentes y secuestré los legajos del comisario secuestrador, de apellido Melinchini. Yo estaba loco. Cuando se enteraron me sacaron de las oficinas, pero igual me llevé el legajo. ¿Y quién fue el protector del juez Martín Anzoátegui después de mi denuncia? Jaime Smart.”

En 1985 lo cité a Camps en el juzgado penal de San Isidro. “Cuando Camps entra al tribunal, de uniforme, le ordena al comisario que estaba ahí que le mandara a comprar dos paquetes de Gitanes. El comisario lo hace. Lo hice castigar con un mes de arresto. Yo tenía una secretaria, Margarita, que era como Minguito en mujer. Hasta podía decir Nicolás Papaleo en vez de Papanicolau. Pedí café para todos. Yo tomaba siempre en una taza grande. Margarita trae las tazas y Camps se apura a agarrar ésa. ´No´ , grita Margarita. ´La grande es para el doctor.’ Camps casi se desmaya por ella. Empezó a transpirar y se abrió el uniforme. Pero tenía que pagar por todos los muertos de Olivos, San Isidro y Boulogne.

“No era cualquier área, porque la zona norte estaba al mando de Santiago Omar Riveros, tal vez el mayor asesino de la dictadura por los miles de muertos del campo de concentración de Campo de Mayo. También Etchecolatz fue importante en esa zona. Empecé a husmear en dos cementerios donde me había dicho que había enterrados muchos NN. Gente sin ninguna identificación previa. Entonces hice contacto con Clyde Snow, el gran forense norteamericano que ya se murió y declaró en el Juicio a las Juntas. Ahí empezamos a armar el Equipo de Antropología Forense.”

El Zoológico

Ramos Padilla firmó la orden de arresto para Camps. Pero una jugada del represor, todavía con el poder y los contactos frescos en la Inteligencia del Ejército, le sirvió para que lo internasen en el Hospital Militar. “No me iban a frenar, así que decidí ir a la mismísima sala donde estaba internado”, cuenta.

“Nos encontramos ahí”, dice Ramos Padilla que le indicó al secretario del juzgado. “¿Ahí dónde, doctor?”, le preguntó el secretario. “Ahí, donde están esos animales.” Se le asoma una sonrisa con ese recuerdo en este 24 de marzo, y es difícil adivinar por qué. Frena. Piensa en voz alta que ya es hora de pizza. Acuerdo total. ¿Mitad jamón y morrones mitad fugazzetta? Acuerdo absoluto. Entonces pide y sigue narrando: “Llegué a la puerta del Hospital Militar y esperé al secretario. Esperé y esperé. El tipo no llegaba. Al final no sé cómo nos comunicamos. Claro, como yo le dije lo de los animales el boludo me estaba esperando en la puerta del Zoológico”.

Nacido en 1923, Riveros fue director del Comando de Institutos Militares, con sede en Campo de Mayo, y en la represión era el jefe de toda la zona norte. También fue uno de los teóricos del plan de represión con secuestro, tortura y asesinato. “Hicimos la guerra con la doctrina en la mano, con las órdenes escritas de los comandos superiores”, dijo en la Junta Interamericana de Defensa, con sede en Washington, el 24 de enero de 1980. “Pero lo hice llevar esposado por un cabo a la comisaría número uno de San Isidro. El auto de detención tenía 80 páginas. Cuando entré, se paró. Un reflejo que yo conocía bien: si se pone de pie es porque entra un superior. El juez, en este caso. ¿Cómo iba a ser condescendiente con Riveros? Hay que acordarse de quién fue. Ese tipo en Campo de Mayo hasta hizo matar gente con perros.”

Algo conecta a Ramos Padilla con sus historias más antiguas y vuelve por un momento al episodio del comisario de los secuestros extorsivos, cuando se llevó los legajos de La Plata en plena dictadura. “Yo estaba loco”, repite. Y ahora agrega: “Algún gen le debe haber quedado a Alejo, pobrecito.”

Alejo

La conversación con Alejo Ramos Padilla, supuesto depositario de aquel gen, fue antes, el miércoles 22 por la tarde.

A comienzos de este siglo este juez que no pide pizza sino una medialuna rellena de jamón y queso era un abogado de veintipico que intervenía en los Juicios por la Verdad en La Plata en representación de Chicha Mariani. Habían empezado por iniciativa de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Plata con apoyo del juez Leopoldo Schiffrin. En 2001 llegó un fiscal que recogió el guante y construyó la morfología del Circuito Camps, sobre la represión en la provincia de Buenos Aires durante la dictadura. Era Félix Crous, que este 24 de marzo, precisamente, cumplió 30 años de fiscal y, según cuentan sus amigos, dijo que en esos 30 años se ganó el sustento buscando castigo para los criminales de la dictadura. Comentó que ese trabajo le dio sentido no solo a su oficio sino quizás (y citó una reflexión de Schiffrin) a la vida toda.

Más tarde, cuando se reabrieron los juicios por decisión de los tres poderes, durante el gobierno de Néstor Kirchner, el caso de Chicha Mariani fue emblemático. “Camps ya había muerto pero Etchecolatz no. Los dos estuvieron personalmente cuando acribillaron durante cuatro horas la casa de la calle 30 donde funcionaba la imprenta clandestina que publicó por primera vez la denuncia de los vuelos de la muerte. Etchecolatz había sido el primer beneficiado por la Ley de Obediencia Debida, aquélla que un juez fue el primer en declarar inconstitucional: mi viejo. Y es bueno relacionar las cosas, porque el tema era el caso del Hospital Posadas. El del represor Luis Muiña, miembro del grupo de tareas que funcionó en el hospital. Es el mismo caso que originó el fallo del dos por uno de la Corte Suprema y a los pocos días el cambio de la ley por parte del Congreso.”

Cuenta Alejo Ramos Padilla que su infancia y su adolescencia estuvieron marcadas por dos personas: Alfredo Bravo y Chicha Mariani. “Venían permanentemente a mi casa, porque mi viejo era el defensor. Y con Alfredo eran muy amigos. Para mí los dos son dos abuelos muy queridos. Y tal vez queda mal que lo diga, pero Chicha decía que yo era su nieto del alma.”

Al reclamo de Chicha se sumaría después la querella de los hijos de Jacobo Timerman, Héctor y Javier, también llevada por el abogado Alejo Ramos Padilla. No solo contra Etchecolatz. También contra von Wernich. Y contra Smart. “A veces la gente se olvida de que Camps era jefe de Policía, no solo militar en actividad, y que como jefe de la Bonaerense reportaba directamente al ministro Smart. O sea que Smart fue el jefe de los 50 centros clandestinos de detención de la provincia de Buenos Aires.”

Explica el juez: “En ese juicio nos propusimos analizar la responsabilidad de los funcionarios civiles de la dictadura. Y nos ganamos las primeras críticas, pero nadie puede negar que esos funcionarios civiles tuvieron incidencia directa en lo que el propio Camps había llamado Caso Graiver, que fue el modo en que algunas empresas de medios de comunicación junto con el Estado se quedaron con Papel Prensa”.

“Por eso fue tan importante la condena de Smart”, dice. Y dice también el muchacho que se abalanzó sobre el asesino con la Browning en la mano: “Nunca olvido que siempre representé los intereses de mi abuelo y de mi abuela, de Alfredo y de Chicha”.