Una declaración ante la Comisión de Juicio Político comenzó a descorrer el velo sobre cómo se armó el fallo del 2x1 que benefició al represor Luis Muiña, uno de los torturadores que operaron en el Hospital Alejandro Posadas durante la última dictadura. Para los diputados y las diputadas del Frente de Todos, quedó claro que la sentencia –que motorizó la manifestación popular más grande de los últimos años– fue promovida por Carlos Rosenkrantz, que era el supremo más alineado al gobierno de Mauricio Macri y directamente amigo del operador Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, como confirmó uno de los secretarios letrados que trabaja en su vocalía.

Federico Morgenstern es el secretario letrado que se ocupa de las causas penales en la vocalía de Rosenkrantz. “El único penalista”, repitió varias veces el abogado que se presentó el martes pasado ante la comisión que evalúa si su jefe y los otros tres supremos deben ser sometidos al proceso de destitución –entre otros casos, por la firma del fallo del 2x1–.

Entró a la Corte Suprema el 22 de agosto de 2016, el mismo día en que Rosenkrantz llegó al cuarto piso del Palacio de Talcahuano y sorprendió al pedir que se publicara en el Centro de Información Judicial (CIJ) el listado de su personal con la universidad extranjera en la que se había formado. Morgenstern había pasado largo tiempo  en la Cámara Federal porteña de la mano de Martín Irurzun, célebre por la “doctrina” que permitió encarcelar a funcionarios kirchneristas sin sentencia firme. Antes de dedicarse al Derecho, Morgenstern tuvo un paso fugaz por la Universidad de las Madres, donde quiso estudiar periodismo.

Exactamente un año antes de llegar a la Corte, Morgenstern presentó su libro “Cosa juzgada fraudulenta” –que tiene prólogo de Rosenkrantz– en el Colegio de Abogados de la calle Montevideo, la entidad privada que agrupa a estudios jurídicos de la City y que siempre se ha mostrado alineado al reclamo de quienes impugnan los juicios por delitos de lesa humanidad. El Colegio de la calle Montevideo es, además, el que empujó el fallo que terminó entronizando a Horacio Rosatti como presidente del Consejo de la Magistratura.

En un artículo publicado en mayo de 2017, a pocos días de que se firmara el fallo Muiña, Martín Granovsky ya había informado en este diario que Morgenstern había sido quien proyectó la resolución. Su comparecencia ante la Comisión de Juicio Político lo terminó confirmando.

El 2x1 por dentro

Aunque no estuvo exenta de escaramuzas por el tono canchero y hasta sobrador del secretario letrado, la declaración de Morgenstern fue importante, evaluaron en el Frente de Todos. Según él mismo confirmó, empezó a interesarse por los planteos de los represores al mes de haber desembarcado en la Corte.

Fue el entonces secretario penal, Esteban Canevari, quien le proporcionó el listado de los casos de los genocidas que estaban pidiendo que se les aplicara la ley 24.390. La norma había sido aprobada en 1994 para hacerle frente a la sobrepoblación carcelaria que existía entonces y lo que hacía era empezar a computar doble los días en la cárcel si un detenido excedía el plazo de dos años sin tener una sentencia firme.

Morgenstern pasó buena parte de diciembre de 2016 y todo enero de 2017 trabajando en el tema, lo que demuestra el interés que tenían tanto él como su jefe por meterse en un asunto espinoso. Para cuando terminó la feria, le entregó un reporte a Rosenkrantz en el cual también analizaba cuál era la línea que venían sosteniendo los otros integrantes de la Corte Suprema. “Cuando yo le hago el informe al doctor Rosenkrantz, una parte de mi informe tiene que ver con cómo habían votado sus colegas en el pasado y por qué eventualmente ir hacia un lado o el otro implicaría o no un quiebre en la consistencia de su jurisprudencia”, relató Morgenstern ante una consulta de la diputada Vanesa Siley que lo interrogaba.

Después de ese informe, el secretario letrado salió a buscar los votos. Los consiguió en el despacho de Elena Highton de Nolasco y de Rosatti. No había razones para que ninguno de los dos juristas apoyaran los reclamos de los represores. Highton se incorporó al máximo tribunal durante el gobierno de Néstor Kirchner y, como tal, pasó por la pregunta de rigor que le hacía el entonces Presidente a todos los candidatos: ¿Pensaba que las leyes que impedían el juzgamiento de los genocidas eran inconstitucionales? La jueza dijo que sí y votó en consecuencia. Rosatti, por su lado, había sido el ministro de Justicia de Kirchner cuando se libraba la batalla por la inconstitucionalidad de esas normas que terminó permitiendo que se reabrieran los juicios contra los criminales de la última dictadura.

Morgenstern se reunió en dos oportunidades a solas con Highton y en otra con Rosatti. Mantuvo también reuniones con sus secretarios letrados al igual que con la secretaria letrada de Juan Carlos Maqueda. Pero en esa vocalía no encontró eco. Tampoco en la de Ricardo Lorenzetti.

–¿Es habitual que usted o algún secretario letrado de vocalías se reúna con ministros así, en esas condiciones, digamos, en privado? ¿Usted se ha reunido por otras causas con otros ministros, por otros temas? –le preguntó el diputado Rodolfo Tailhade.

–Habitual no es– respondió Morgenstern.

Tras un par de rodeos, Morgenstern terminó reconociendo que nunca más después de la experiencia del 2x1 volvió a reunirse a solas ni con Rosatti ni con Highton. Su respuesta dejó en evidencia el carácter excepcional del armado del fallo Muiña, piensan en el Frente de Todos. Es posible, también, que después de todos los dolores de cabeza que les trajo ese fallo, ni Rosatti ni Highton estuvieran muy interesados en sumarse a otras de las cruzadas del secretario letrado de Rosenkrantz.

Las hipótesis

En la Comisión de Juicio Político creen que Highton cambió su voto por su permanencia en la Corte más allá de los 75 años. La jueza consiguió que el gobierno de Macri, que inicialmente había rechazado que se extendiera su estadía en el tribunal, no apelara la cautelar que le había dado el juez Enrique Lavié Pico. Después de que Highton consiguiera quedarse, la Corte firmó el fallo “Schiffrin” que ordena la jubilación de todos los magistrados a la edad que establece la Constitución.

En el caso de Rosatti, los diputados oficialistas manejan la teoría de que lo que le interesaba era desbancar a Lorenzetti de la presidencia de la Corte, ya que a los dos santafesinos los une un viejo desprecio. Para eso fue parte de la arquitectura que puso a Rosenkrantz en la cima del máximo tribunal en septiembre de 2018, pero ni lento ni perezoso después ideó otra maniobra para recortarle el poder que tenía como presidente.

Durante la última audiencia, la presidenta de la Comisión de Juicio Político, la diputada Carolina Gaillard le explicó a Morgenstern cuál era la hipótesis con la que trabajaban: que el gobierno de Macri estaba interesado en favorecer a los genocidas y ralentizar los juicios y que fue a buscar en la Corte la mano ejecutora. En ese momento, se habían expresado a favor de la domiciliaria de los represores tanto el secretario de Derechos Humanos de Macri, Claudio Avruj, como la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió. Hubo maniobras subterráneas por parte del gobierno de Cambiemos para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibiera a las organizaciones que defienden represores mientras un sector de la Iglesia impulsaba un cónclave pro-reconciliación. Para entonces, no era ninguna sorpresa que Macri había hecho campaña diciendo que los derechos humanos eran un “curro”. Lejos de ser un exabrupto, lo repitió en los últimos días.

Para el bloque del Frente de Todos, las negociaciones con la Corte quedaron en manos del entonces ministro de Justicia, Germán Garavano; su número dos, Santiago Otamendi; el jefe de asesores de Macri, José Torello, y su amigo Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, el operador judicial prófugo en Uruguay. 

“Pepín” fue quien pergeñó la llegada de Rosenkrantz y Rosatti a la Corte con un nombramiento en “comisión” que finalmente no llegó a concretarse. Morgenstern terminó confirmando lo que es sabido: que Rosenkrantz y “Pepín” son amigos, por eso el cortesano debió excusarse de intervenir en una causa. Las frecuentes comunicaciones que mantuvo con Rodríguez Simón hizo que Rosenkrantz debiera declarar como testigo, tiempo atrás, en la causa en la que se investigan los aprietes del macrismo a los dueños del Grupo Indalo, propietario del canal C5N.

Más allá de los secretos palaciegos, el fallo del 2x1 impactó fuertemente en las víctimas y sus familiares. La sobreviviente Gladis Cuervo le dijo a la comisión que saber del beneficio de Muiña fue sentir que le volvían a romper el esternón a golpes, como los represores del Posadas habían hecho con ella mientras la tuvieron secuestrada.

Zulema Chester –hija de Jacobo, también secuestrado por Muiña y la patota que operaba en el Policlínico– tiene esperanzas en lo que vaya a surgir en la Comisión. “La expectativa –le dice a Página/12– es que la Corte cambie y que se haga justicia. Que nunca más hagan un intento de favorecer a los genocidas y que se le ponga freno al negacionismo porque son 30.000”.