Desde Roma

Después de casi cuatro años de haberla probado y de consultas con las conferencias episcopales y expertos, el Papa Francisco hizo publicar este sábado normas actualizadas para prevenir y combatir los abusos sexuales en la iglesia que estaban incluidas en el Motu Proprio (documento del Papa de propia iniciativa) de 2019 , “Vos estis lux mundi” (Ustedes son la luz del mundo). 

La nueva versión del Motu Proprio precisa más obligaciones para miembros de la Iglesia, ya sean obispos, superiores religiosos y también ahora, laicos moderadores de organizaciones católicas reconocidas por la Santa Sede.

Responsabilidades

El Motu Proprio actualizado, que entrará en vigor el próximo 30 de abril, deroga el Motu Proprio anterior y confirma la voluntad de la Iglesia de seguir su lucha contra los abusos sexuales, precisó Vatican News, la agencia de noticias vaticana.

La novedad más significativa, según Vatican News, se refiere a las disposiciones relativas a las responsabilidades de los obispos, superiores religiosos y clérigos encargados de la guía de una Iglesia particular o de una prelatura. En efecto, también se han añadido ahora en estas responsabilidades a los "fieles laicos que son o hayan sido moderadores de asociaciones internacionales de fieles reconocidas o erigidas por la Sede Apostólica” y que hayan sido acusados de hechos sucedidos mientras ejercían su función.

Otro cambio importante, según Vatican News, se refiere a las “personas vulnerables”. Mientras antes se hablaba de "actos sexuales con un menor o una persona vulnerable", en la nueva versión se habla de "delito contra el VI mandamiento del Decálogo (los 10 mandamientos de la Iglesia) cometido con un menor o con una persona que tenga habitualmente un uso imperfecto de la razón o con un adulto vulnerable". Y esto se refiere a los casos de minusválidos que denunciaron haber sido abusados pero a los que, dada su situación, se les dio poca importancia.

Un tercer aspecto muy delicado se refiere a las personas que hacen denuncias o señalan casos de presuntos abusos no referidos a sí mismos. Antes se hablaba de protección para las personas que señalan algún caso de abusos a los que, además, no se les podía imponer el silencio. El llamado “vínculo del silencio” era una norma que se aplicaba anteriormente y que obligaba a quien hacía la denuncia o señalaba un caso ante un obispo o un sacerdote, a mantener el silencio. Esto querían decir que no podían difundir el caso ni contar a nadie que habían hecho la denuncia. Ahora de esta protección gozarán no sólo los que señalan casos sino también "la persona que afirma haber sido ofendida y los testigos". A los afectados, la Iglesia se compromete a ofrecer asistencia médica, psicológica y espiritual.

Organismos y oficinas

La nueva versión del Motu Proprio reitera y subraya la urgencia de crear “organismos y oficinas” en las iglesias locales, que sean fácilmente accesibles al público, a fin de que puedan recibir denuncias o indicaciones de abusos. Pero se especifica que obispos, superiores religiosos y laicos al frente de asociaciones católicas, deben hacer conocer a las autoridades religiosas los abusos de los que han tenido conocimiento. No guardarlos en un cajón. Se especifica asimismo que es el obispo del lugar donde han ocurrido los hechos denunciados quien debe ocuparse de la investigación. La información será entregada luego al Dicasterio o departamento vaticano competente, según la proveniencia del denunciado.

El documento no se refiere sólo a los abusos sexuales sino también a las molestias derivadas de los abusos de autoridad. Y en este caso se refiere específicamente a los abusos sufridos por numerosas monjas de parte de curas así como las molestias a seminaristas o novicios mayores de edad de parte de sus superiores.

En los últimos años han habido numerosas denuncias en todo el mundo, de monjas que sufrieron abusos de parte de curas. En 2019, el papa Francisco reconoció oficialmente que clérigos de la Iglesia católica habían abusado de monjas y en algún caso, hasta las habían transformados en esclavas sexuales. Entre las muchas denuncias de abusos sexuales hechas por monjas, una se conoció en torno a 2018 contra un padre y artista jesuita esloveno, Marko Rupnik, que hizo varias obras que están en el Palacio Apostólico del Vaticano. Otro caso, sólo por dar otro ejemplo, fue difundido en 2022 de parte de 18 monjas carmelitas de Salta, que denunciaron al arzobispo de Salta, Mario Antonio Cargnello, por presunta violencia física y psicológica. Según un estudio realizado por la Comisión de Atención y Protección a la Niñez, Adolescencia y Adultos Vulnerables de la Confederación Latinoamericana de Religiosos y Religiosas, una de cada dos monjas sufrieron abusos de poder en América Latina, y dos de cada diez reconocen además que los ataques fueron sexuales.

Y tras estos abusos en todo el mundo han disminuido considerablemente el número de monjas en la Iglesia católica.

Encubridores

La actualización del Motu Proprio papal, así como lo incluía también el anterior, establece específicamente que además de las normas de la Iglesia debe ser respetada también la normativa vigente en cada país en relación a los abusos. Es decir que los abusadores pueden ser entregados a la justicia local que podrá tener acceso a la documentación de la iglesia sobre el caso.

La Iglesia no deberá juzgar sólo a los abusadores sino también a los encubridores, precisó el texto. Hasta hace algunos años, los curas que eran denunciados no eran juzgados sino cambiados de sede, de modo que las denuncias no afectaran la popularidad de ese obispado. Pero en los lugares donde iban, cometían los mismos delitos. Los que los derivaban o mantenían en secreto las denuncias, ahora podrán ser juzgados.

Habrá que esperar ahora las reacciones de los abusados por miembros de la Iglesia, cuyas organizaciones han criticado insistentemente la escasez de las normas vaticanas, que a menudo no son aplicadas por iglesias locales ni los pequeños obispados.