Desde que se hizo cargo del Juzgado Federal N°3, Daniel Rafecas encabeza la causa más grande de todo el país en materia de crímenes de lesa humanidad de la última dictadura cívico militar eclesiástica: la que investiga los hechos ocurridos en jurisdicción del Primer Cuerpo del Ejército, acaecidos en la Ciudad de Buenos Aires, gran parte de la provincia y La Pampa, con miles de personas que permanecieron secuestradas en decenas de centros clandestinos que estuvieron activos durante el terrorismo de Estado –todavía siguen identificando nuevos–, la sede del Plan Cóndor, incontables operativos fraguados, el accionar de la Inteligencia del Estado y de las fuerzas militares y de la Policía Federal. En el marco del 47 aniversario del golpe de Estado y a casi 20 años de que la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida posibilitaran la reapertura de las causas, el magistrado aseguró que “si hay buena voluntad de jueces y fiscales” el proceso de juzgamiento de los responsables de tanta sangre y horror sería prioridad en todo el país. No obstante es “optimista” por el futuro: “Los juicios ya son parte del ADN argentino”.

Fue en octubre de 2004 cuando a Rafecas le trajeron a su despacho de Comodoro Py los expedientes de Automotores Orletti, de Club Atlético, de Olimpo, de Vesubio. Antes, la causa que los comprendía aún había pasado por sus colegas María Servini y Sergio Torres, tras la reapertura que la Cámara Federal había ordenado post caída de las leyes de impunidad. El juez aún lo recuerda: “Los abrí y la última foja con actuaciones era de abril del ‘87. La siguiente la firmé yo. Fue muy fuerte porque entre unas y otras se encuentran condensados los algo así como 17 años de impunidad exactamente”.

– ¿Cuáles fueron los desafíos que recuerda de aquellos tiempos y cómo fueron cambiando a lo largo de estos años de trabajo sostenido?

-- Lo primero que me surge es que está claro que perdimos un tiempo precioso durante la era del olvido e impunidad. Casi dos décadas de pérdida de tiempo y eso significó un costo enorme. Ahí aparece el principal desafío desde el punto de vista de nuestro trabajo en aquel entonces y también hoy: intentar desentramar sucesos que habían ocurrido, entonces, hacía 35 años. Víctimas que ya no estaban, perpetradores que ya no estaban. Los lugares, los recintos donde ocurrieron los hechos, en muchas ocasiones habían sido demolidos o modificados. Reconstruir los sucesos desde el punto de vista probatorio en medio de aquella demora fue el principal desafío y lo sigue siendo, hoy mucho más. Impunidad biológica tuvimos desde el primer día de la reapertura.

Para ilustrarlo, recordó lo que sucedió con Juan Carlos Hrubik, oficial de Inteligencia de la Fuerza Aérea. “Era el jefe de Mansión Seré, el centro clandestino más importante de la subzona 16. ´Hugo´ o ´Huguito´. Omnipresente, torturador, interrogador. Claramente el que manejaba el centro. Todos lo mencionaban, lo ubicaban. Hicimos un enorme trabajo revisando las fojas de la causa, archivos, legajos hasta que finalmente lo logramos”, contó. El hallazgo sucedió en 2009, Hrubik falleció en 1998. “Lo único que pudimos hacer fue mostrarlo: este es ´Hugo´. No llegamos a enjuiciarlo”, añadió.

–¿Tuvo que adaptar la manera de investigar o de reconstruir los hechos desde el punto de vista probatorio por este escollo?

--No. Lo que sucedió en 2003 fue la reapertura de un proceso que ya había tenido un primer y gran paso en los ´80 con el Juicio a las Juntas y algunas otras cosas que sucedieron en otros expedientes. La verificación probatoria del plan sistemático de exterminio de la dictadura, su aplicación a nivel nacional, ya había sucedido entonces. Ya el Juicio a los Comandantes lo había probado y ya lo había confirmado la Corte Suprema por lo que yo me aferré a esa plataforma de verdad sobre la cual mi trabajo se sirvió. Una sentencia de la Cámara Federal confirmada por la Corte era inamovible, así que sobre eso y manejándonos con el Código Procesal Penal, avanzamos. Como juez de Instrucción, y al igual que muchos otros tratamos de recoger evidencias, algo que es similar al resto de las causas y temáticas: testimonios, pruebas documentales, periciales, cruzar datos. Lo diferente y desafiante fue la escala, porque estamos hablando de cientos de casos, se necesitaba multiplicar el personal destinado a este tipo de investigaciones que tiene que ser calificado en estos temas. La Corte siempre y la Cámara siempre apoyaron en ese sentido y yo las veces que tuve que pedir ampliar mi personal me lo dieron. Por eso, y cuando hay y hubo buena predisposición de jueces y fiscales, la cosa funcionó. El problema es cuando hay jueces o fiscales que son reacios o reticentes o directamente contrarios a avanzar en estos procesos.

–- Aunque desde la reapertura el proceso no se detuvo, estadísticamente se ralentizó: las causas avanzan lento, los expedientes esperan años el juicio oral y el ritmo de los juicios tampoco es el deseable. La impunidad biológica es un problema que recrudece. ¿En qué falla el Poder Judicial?

-- Lo que puedo decir es que mientras funcionó la Comisión Interpoderes, que justamente tenía como uno de los aspectos prioritarios hacer todo lo posible para que el proceso avance en el tiempo más rápido posible, y transmitir a todas las instancias del Estado que los juicios debían ser prioridad, eso sucedió. La discontinuidad de las reuniones de esa Comisión indudablemente han generado esta consecuencia. Se ha ido perdiendo un poco la convicción y la idea de que estos juicios siempre tienen que tener prioridad.

– ¿Pero solo se soluciona con la puesta en marcha nuevamente de la Comisión Interpoderes? ¿No puede hacer otra cosa el Poder Judicial?

-- Estoy absolutamente convencido de que sí. Estas causas son prioridad en mi juzgado. Nosotros seguimos trabajando con el mismo ritmo, la misma intensidad, seguimos efectuando detenciones, indagatorias, procesamientos, identificamos centros clandestinos, mandamos a juicio. Lamento que no se pueda verificar en otros ámbitos, que no se le dé la misma prioridad. Desde la cabeza del Ministerio Público Fiscal sería un lugar inmejorable para llevar a nivel nacional lo que lo que yo puedo mostrar, digamos, en el Juzgado Federal 3 en esta materia. Se puede generar perfectamente una segunda Comisión Interpoderes organizada desde la Procuración General. Hay una Procuraduría de Lesa Humanidad que depende del Procurador y que se puede potenciar para que la prioridad desde allí sean estas causas.

– Los últimos movimientos dentro de la causa Primer Cuerpo tuvieron que ver con procesamientos a efectivos de Inteligencia. ¿Cuán difícil le resulta la investigación de este sector de la represión?

– Es difícil porque está en las sombras. Pero no tuvimos mayores problemas con el análisis de archivos de Inteligencia del Estado, por ejemplo, desde las últimas gestiones. Tanto durante la gestión de Cristina Caamaño como de la actual administración, tenemos una respuesta óptima de todo lo que pedimos. Ellos hacen búsquedas también entre sus legajos, hacen sus propias investigaciones.

-- O sea, se puede asegurar que ustedes tienen pleno acceso a todo lo que tiene la exSIDE.

--Si. De todo lo que se va encontrando. Porque no es fácil hallar estas cosas. Evidentemente suelen tener muchísimos archivos y hay que revisarlos, mirarlos uno por uno, verificar, constatar, qué es lo importante, qué no, qué está duplicado. Pero estamos trabajando muy bien con la AFI. Con los efectivos de Inteligencia de las fuerzas es más difícil. Lo que es archivo documental, el 99 por ciento está en las entrañas del Estado nacional o del Estado provincial de la provincia de Buenos Aires. Todos esos archivos se abrieron muy rápidamente post reapertura del proceso. En la época de Néstor Kirchner hubo una bajada de línea muy fuerte, se abrieron como oficinas especiales de apoyo a las investigaciones en el Ministerio de Seguridad, en el Ejército, en Defensa que fueron excelentes, a cargo de profesionales de primera. Y por eso se extrañó cuando hubo recortes, que lamentamos. Cuando pedimos cosas, con poco más o menos demora, las tuvimos. Nunca tuvimos que allanar para que nos hagan llegar documentos.

–¿Cómo imagina el futuro del proceso de juzgamiento de los responsables en los próximos años?

--Siempre fui muy optimista con estos procesos desde el mismo principio desde la reapertura. Me acuerdo cuando empecé a avanzar, a detener a personajes que parecían intocables, como (el agente del Batallón 601 de inteligencia Raúl) Guglielminetti, algunos colegas nombrados en la dictadura me advertían: ‘Qué estás haciendo, mirá que esto se termina pronto, esto no va a durar’. Hoy en día, 20 años después de la nulidad de las leyes de impunidad, hechos como la Plaza del 2X1, de lo que sucede cada 24 de marzo, el apoyo de la sociedad que sale en todas las encuestas, la repercusión que tuvo la película Argentina, 1985: hay señales permanentes, inequívocas, de que los Juicios de lesa humanidad forman parte del ADN argentino y por lo tanto estoy muchísimo más confiado incluso que hace veinte años en que esto va a continuar. En todo caso el límite que tenemos para enjuiciar y castigar es el límite biológico. Veremos cómo lo sorteamos para que siga habiendo Verdad.