La Comunidad Kolla El Tucán, ubicada en el sureste de la ciudad de Orán, denunció un intento de desalojo de las tierras que habita desde principios del siglo pasado. La acción legal fue confirmada por Ceferino Zárate, consejero del Pueblo Kolla de Salta y Delegado del Consejo de Participación Indígena (CPI) ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). 

“Están desalojando a los hermanos por una causa que lleva adelante el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) y el municipio de Orán”, dijo Zárate a Salta/12. La orden, que ejecutó el pasado 23 de este mes la Policía de la provincia, se libró con la leyenda “urgente” en letras de sello, desde el Juzgado de Garantías de 2° Nominación de Orán, con la firma del juez Claudio Alejandro Parisi.

Es en una causa contra el presidente de la Comunidad, Andrés Giménez, por usurpación en perjuicio de la Municipalidad de Orán y el IPV. El juez autorizó a efectivos de la Comisaría 25 al uso de la fuerza pública para hacer efectiva el desalojo. Las hectáreas debían quedar “libres de ocupantes” para ser restituidas al actual titular registral del dominio, el municipio de San Ramón de la Nueva Orán. El juez interpretó que la comuna –y no la comunidad- es la legítima propietaria registral del catastro 21.375.

La medida se tomó para acelerar un proyecto ya aprobado para la construcción en territorio comunitario de viviendas sociales financiadas por la Nación en el marco del Plan Nacional de Desarrollo de Viviendas. “A principios de este año, la Comunidad se enteró del proyecto nacional que abarcaría el 70 por ciento del territorio comunitario donde viven quince familias y alrededor de ochenta personas”, precisó el abogado de la comunidad, Hernán Mascietti. “Sin embargo, denunciamos que ese proyecto fue aprobado ilegalmente”, explicó luego, “porque la Municipalidad (de Orán) remitió un informe a la provincia donde aseguraba que el predio se encontraba desierto. Ese informe lo realizó el área de Tierra y Hábitat del municipio, cuando estuvo a cargo Jorge Ferreyra”, acotó. Se trata del ex coordinador de esa área de la comuna de Orán, separado de su cargo a fines de 2022 debido a una investigación judicial (en curso) por la venta ilegal de terrenos en ese municipio.

La actual titular de Tierra y Hábitat de la municipalidad oranense, Marta López, dijo a Salta/12 que el desalojo de la Comunidad Kolla El Tucán “no fue decisión de Tierra y Hábitat de Orán”, y que la medida se originó por “una causa judicial que lleva el Instituto Provincial de la Vivienda de Salta”. Desde el organismo provincial respondieron que “el día lunes (por hoy) viajará el abogado del IPV a la ciudad de Orán para consultar el expediente”. 

“Vinieron directo a mi casa primero, para iniciar el desalojo. Me enteré justo cuando volvía de trabajar”, contó Andrés Giménez, presidente de la Comunidad. Un video compartido documentó un gran despliegue policial, con ambulancias y numerosos efectivos (algunos motorizados) que intentaban abrir con pinzas un candado para concretar el desalojo del lote rural donde habitan los comuneros. “Usted fue notificado, por favor, cumpla las órdenes”, le informa un oficial al presidente de la comunidad. Sin embargo, el abogado de la Comunidad aseguró que el procedimiento fue irregular. “El código procesal dice que el juez puede exigir la restitución del inmueble”, detalló Mascietti, “pero (la persona a desalojar) tiene que ser notificada cinco días antes. Eso no ocurrió en este caso, nadie notificó. La policía llegó directamente a sacar las cosas”.

Durante el procedimiento estuvieron apoyando a las familias kollas de El Tucán, la presidenta de los ayllus de la Comunidad Kolla Tinkunaku, María Canabiri, y el referente de la Comunidad Kolla de Río Blanco Banda Norte, Simón Villalobos, que también integra la Unión de Comunidades Kollas Yungas de Salta (UCKYSa).

El abogado del Área de Gestión Territorial del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Miguel Casimiro, también presente durante el procedimiento policial, contó a este medio las explicaiones que dieron a los efectivos policiales sobre el estado actual del derecho indígena en Argentina y el decreto que impide los desalojos de territorio comunitario. Se refería a la extensión de plazos otorgada por Decreto de Necesidad y Urgencia (805) de noviembre de 2021. La decisión del gobierno nacional extendió ese amparo que otorgó la Ley 26160 hasta noviembre de 2025. “También explicamos que, para los pueblos y comunidades indígenas existe un convenio internacional firmado por el Estado argentino (por el Convenio 169 de la OIT). Como es un convenio de rango supra legal, el procedimiento de desalojo que llevaron a cabo contra la Comunidad Kolla El Tucán no correspondía”.

Finalmente, la orden de desalojo fue cancelada al menos por el fin de semana largo. Una versión daba cuenta de que hubo un diálogo entre representantes del IPV y del municipio de Orán que frenó el desalojo, por lo menos hasta esa semana. 

La Comunidad Kolla El Tucán abrió un expediente el año pasado para iniciar los trámites ante la Secretaría de Asuntos Indígenas de personería jurídica y realizar el relevamiento territorial del lugar que habita hace generaciones. "Nunca se sintieron apurados, hasta que notaron personas que llegaron el año pasado a hacer mediciones dentro del territorio", contó Mascietti. Por su parte, Ceferino Zárate aclaró que “no hace falta ese reconocimiento para decidir si una comunidad es o no legítima propietaria del espacio que habita”.

Además, recordó que la Comunidad no fue consultada previamente sobre el uso que el Estado planea darle a su territorio. "Ellos no tuvieron la oportunidad de decidir libremente”, dijo en referencia al procedimiento de consulta previa libre e informada, que prevé el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional y el Convenio 169 de la OIT. En febrero pasado, la Comunidad El Tucán presentó una acción de amparo en la que solicitó "una medida de prohibición de innovar hasta cumplir con los requisitos constitucionales de participación informada". La justicia salteña no respondió la acción civil y, en cambio, decidió avanzar con un desalojo que, por el momento, solamente se encuentra suspendido.