La concejala de la ciudad de Salta Carolina Am (PS) presentó un proyecto de ordenanza para adherir a la ley nacional N° 27.636, de Promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero "Diana Sacayán-Lohana Berkins". De esta manera, se permitiría que los organismos municipales puedan contratar a pesonas del colectivo LGBTIQ+. La iniciativa viene a sumarse a otros intentos que ya hubo en la capital salteña, y hasta ahora no consigue el acompañamiento de las y los legisladores.
Am indicó en sus redes sociales que el proyecto ya tomó estado parlamentario y que ahora resta que se´inicie su análisis en las comisiones. Sin embargo, referentas de la comunidad travesti trans de Salta han manifestado que si bien descartan la buena voluntad de la concejala, no hubo un proceso de consulta previo para que la iniciativa exprese de mejor manera por qué es necesaria la aplicación de la legislación nacional en la ciudad de Salta.
Por su parte, la edila dijo a Salta/12 que la adhesión a la ley es importante porque la sociedad en generasl tiene una deuda con la comunidad travesti trans, ya que la "ley es un muy amplia y prevé beneficios", como capacitaciones para acceder a los lugares de trabajo. "Creemos que la ciudad de Salta lo debe implementar cuanto antes", subrayó. Am dijo que la iniciativa se trabajó de manera conjunta con la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad de la provincia y que se planea ampliar el trabajo con actores y organizaciones que sostienen este pedido.
En el marco del Día de los Derechos de las Personas Trans, celebrado el 18 de marzo, Am sostuvo que "la igualdad y la libertad son derechos fundamentales que deben ser garantizados para todas las personas, independientemente de su identidad de género", y afirmó que por eso se debe trabajar de manera conjunta para "promover una sociedad más justa y respetuosa, donde todas las personas puedan vivir sin discriminación ni violencia".
Uno de los fundamentos del proyecto es el resultado de una encuesta que realizaron a fines de 2020 la organización Mujeres Trans Argentina de Salta y la Cátedra Abierta Lohana Berkins de la Universidad Nacional de Salta. Allí se constató que el 94% de las personas trans de Salta sufre una situación laboral precaria. De las 100 personas encuestadas, 39 dijeron estar desocupadas, mientras que 26 indicaron que tienen un emprendimiento personal pero sin un sueldo fijo. En tanto, 29 personas informaron que ejercen la prostitución y sólo 6 tienen un trabajo estable.
El proyecto también recuerda que las áreas de Géneros y de Acción Social de los gobiernos municipales y provinciales tienen el propósito de "avanzar en políticas integrales" de empleabilidad porque "la comunidad LGBTIQ sigue sin ser un sector tenido en cuenta para el diseño de políticas públicas". Sin embargo, los municipios que han aprobado ordenanzas sobre cupo laboral travesti aún no lo aplicaron. Casi en la totalidad de esas localidades, la principal razón se debe a que los jefes o jefas comunales no lo reglamentaron.
Sobre el proyecto de Am, la activista Victoria Liendro, dijo que no desconoce la buena voluntad de la concejala, pero que consideró que se comprender que iniciativas de este tipo se sostienen cuando se convoca a todos los actores involucrados, como las diferentes organizaciones que lo reclaman o el resto de legisladores y funcionarios. "Las grandes propuestas se convierten de abajo para arriba, si no no hay sostenibilidad", afirmó.
En tanto, la referente de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero de Argentina (ATTTA) en Salta, Mary Robles, dijo que no conoce el proyecto de Am. Añadió que le parece bien, pero sabe que "hasta ahora se resisten los concejales a tratar la inserción laboral". Recordó que hace dos años las invitaron a una reunión sobre el cupo laboral en el marco de otro proyecto, pero "quedaron en avisarnos y hasta la fecha no pasó nada". Robles dijo que habló con legisladoras actuales sobre el tema, pero no le dieron continuidad a sus presentaciones.
Sin una voluntad política plena
Antes de la sanción de la ley nacional, ocurrida recién en junio de 2021, en Salta las municipalidades que aprobaron el cupo laboral trans fueron: Orán, Cerrillos, El Carril, Joaquín V. González, Metán, Vaqueros, Rosario de Lerma, La Merced y Salvador Mazza. Luego de la sanción de la ley 27.636, lo hicieron Cafayate y Coronel Moldes. Son 11 de 60 municipios que tiene la provincia.
Sin embargo, de acuerdo a lo informado desde la comunidad LGBTIQ, la gran mayoría de las localidades no cumple las normas aprobadas. No obstante, se dan casos donde sí hay mujeres trans trabajando en las dependencias municipales, como es el caso de Orán.
En el caso de Salvador Mazza, en su momento el ahora ex intendente Rubén Méndez dijo en medios locales que su comuna cumplió con el cupo, y destacó que era el primer municipio de la provincia en estar acorde con la ley nacional.
Sin embargo, la referente de Mujeres Trans Argentina, Luz Bejerano, lo desmintió. Explicó que la ley no se cumple en Salvador Mazza porque no se dio el proceso en pos de los objetivos que establece la ley nacional. Contó que allí trabaja una persona no binaria y "si bien estamos contentos con ello, sabemos que no es como se debería hacer".
En el caso de la ciudad de Salta, fueron varios los intentos por aprobar el cupo, hasta ahora ninguno prosperó. Uno de los últimos, llegó de la mano de la ex concejala e influencer Candela Correa.
Una situación similar existe en el ámbito provincial, ya que también se dieron diversas presentaciones y reuniones con distintos legisladores pero tampoco hubo avances. El año en que más cerca se estuvo de lograr una aprobación fue 2016, cuando se logró la media sanción en Diputados. Pero el Senado no continuó con el tratamiento y el Ejecutivo no avanzó.
En la actualidad, ningún legislador o legisladora provincial ha manifestado y visibilizado públicamente la intención de adherir a la ley nacional. Este escenario se da a pesar de las reuniones que han mantenido con referentas trans-travesti y autoridades de la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad de la provincia. Y de que el reclamo se mantenga en las diferentes convocatorias y marchas de los movimientos transfeministas de Salta.
Hasta el momento, quienes sí están dando cumplimiento al cupo en la provincia son el Ministerio Público Fiscal y la delegación en Salta del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. En tanto, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Salta adhirió en junio del año pasado. La activista trans y coordinadora del Programa UNSa Inclusiva, Ale Garzón, dijo a Salta /12 que se encuentran trabajando en la instrumentalización del cupo después de un primer encuentro que mantuvieron en diciembre del año pasado con autoridades del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación.
"Está la voluntad de seguir avanzando en la instrumentalización, el cual toma como referencia a otros instrumentos legales que existen en otras universidades" porque el ámbito de la Universidad "es distinto a otras dependencias del Estado, ya que se tiene que aprobar en otros estamentos" debido a su carácter autónomo, explicó Garzón. Adelantó que aún así el rector Daniel Hoyos pidió el "avance por lo menos en la contratación de perfiles" que están incluidos en el Registro Nacional del cupo laboral travesti-trans, y que no son solamente de la Capital salteña puesto que la UNSa tiene sedes en Orán, Tartagal y Metán-Rosario de la Frontera, y extensiones áulicas en Cafayate, San Antonio de los Cobres, Joaquín V. González y Santa Victoria Este.