El Salvador cumplió este lunes un año bajo Estado de excepción por orden del presidente Nayib Bukele en su llamada “guerra contra las maras”. Hace un año el país centroamericano suspendió garantías constitucionales como el derecho a la defensa, la garantía de inviolabilidad de las comunicaciones, entre otros derechos.
Desde entonces más de 65.000 personas fueron detenidas. Según el gobierno salvadoreño más de tres mil personas fueron liberadas, pero las organizaciones denuncian que las personas quedan bajo libertad condicional.
Además, organizaciones humanitarias y familiares de detenidos denunciaron violaciones a los derechos humanos. Actualmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estudia una denuncia interpuesta por organizaciones locales por las 66 personas que fueron detenidas en el Bajo Lempa.
Una excepción que se volvió permanente
En marzo de 2022 luego de una escalada de violencia que terminó con más de 60 muertos, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, le pidió a la Asamblea Legislativa (congreso) la implementación de un estado de excepción.
El congreso, de mayoría oficialista, aprobó la medida. Desde entonces, cada mes Bukele pidió ampliar el estado de excepción y el congreso lo aprobó.
La valoración que hacen organizaciones de derechos humanos como Cristosal sobre el régimen de excepción es “totalmente negativa”. Abraham Ábrego, director de Litigio Estratégico de la ONG, habló sobre dos aspectos en los que el régimen implementado por Bukele impactó a la población y a la región.
En primer lugar, Ábrego habló sobre el uso repetido de los poderes de emergencia que “deja instalada una práctica del uso de régimen de excepción que se convierte casi en un régimen permanente de reducción y restricción de derechos constitucionales”, explica Ábrego. En esta línea, remarcó que los regímenes de excepción se implementan “por causas graves, en forma temporal y excepcional”.
“Esto prácticamente ya no existe, en la práctica un régimen que tiene ya un año, ya es un régimen permanente de vulneración de derechos constitucionales”, denunció.
En segundo lugar, explicó que las autoridades salvadoreñas sobrepasaron las posibilidades que da el régimen de excepción en cuanto a suspensión de derechos constitucionales.
“El régimen aprobado en marzo de 2022 suspende algunas partes del derecho a la defensa, plazo de detención administrativa que pasó de 72 horas a 15 días, la garantía de inviolabilidad de correspondencia y comunicaciones, pero no otros”, afirmó.
Pero en la práctica es completamente diferente. “Se está violando el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a la inviolabilidad de morada y el derecho a la integridad física, entre otros”, aseguró Ábrego.
“Hemos conocido algunas prácticas violatorias de los derechos humanos, como detenciones arbitrarias contra cientos de personas que fueron detenidas sin existir una investigación previa y sin que el Ministerio Público diera evidencia sobre la participación de las personas en estructuras criminales o en el cometimiento de delitos”, remarcó.
Sensacionalismo punitivista
“También hemos conocido casos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes que están prohibidos por la Constitución y los tratados internacionales”, denunció Ábrego. Sin embargo, son situaciones muy comunes en el actual contexto de régimen de excepción y además también ocurren dentro del sistema carcelario donde hay “una práctica sistemática de tortura”.
Desde Cristosal denunciaron que 125 personas murieron “en custodia del estado o porque fueron asesinados al interior de las cárceles, posiblemente por grupos criminales o por las autoridades”.
En algunos de estos casos también registraron signos de tortura. Además, también hubo detenidos que murieron por falta de asistencia médica necesaria ante una enfermedad.
Hace un mes, Bukele anunció la creación de la cárcel más grande de la región con capacidad para 40 mil personas. El presidente salvadoreño inauguró el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) con el traslado de los primeros dos mil presuntos pandilleros.
En imágenes divulgadas por Bukele se observa a cientos de detenidos tatuados, descalzos, encadenados y con sus torsos desnudos mientras son trasladados al CECOT.
“Realmente se trata de campos de concentración, no de respeto a un sistema carcelario que su finalidad es la readaptación”, afirmó Ábrego.
Aunque para Ábrego el abordaje de “mano dura” al tema de seguridad no se diferencia mucho al de gobiernos anteriores, el actual gobierno de Bukele lo hace con un “modelo de populismo punitivista”.
“Con un ánimo más exacerbado, con un manejo publicitario sensacionalista populista para tratar de generar apoyo de la población a partir de verse como que está ejerciendo una mano dura efectiva contra la delincuencia”, puntualizó.
"No resuelve el problema de fondo"
La contra cara de estas políticas de seguridad es que “muchas veces no se basan en el desarrollo de programas permanentes y efectivos de combate y prevención del crimen y tarde o temprano lo que generan es que vuelven a regresar las condiciones”, afirma.
o“No se resuelve el problema de fondo entonces prácticamente es como un posible engaño a la población” refuerza Ábrego.
“Este énfasis en hacer mega cárceles y seguir deteniendo arbitrariamente a la poblacion lo que genera es mayores costos a la sociedad salvadoreña…en lugar de enfocar la atención en resolver los problemas de exclusión de la población que se ve obligada a migrar o a pertenecer a grupos criminales”, analiza.
El pasado siete marzo la ONG Cristosal presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en representación de 66 personas de las comunidades del Bajo Lempa, al sureste de la capital San Salvador, que fueron detenidos de forma arbitraria.
Los familiares y organizaciones humanitarias habían interpuesto el recurso de habeas corpus pero no tuvieron respuesta de la Corte Suprema de Justicia.
“Esperaríamos que cuando la CIDH conozca el caso valore las medidas cautelares que se pidieron y que son lo más relevante porque lo que pedimos es que el Estado salvadoreño establezca mecanismos para que las personas puedan gozar de libertad mientras dure la investigación”, afirmó Ábrego.
Además, la denuncia ante la CIDH también busca garantizar la integridad física, atención médica y alimentación al interior de los centros penales.
