Fortalecimiento, transparencia, contención, visibilidad, horizontalidad y políticas de género son algunas de las cuestiones que destacó la defensora provincial Jaquelina Balangione en un repaso por su gestión de seis años frente al Servicio Público de la Defensa Penal. "Se trabajó con mucho compromiso", aseguró sobre la impronta que buscó darle al espacio por el que pasan personas vulnerables, aunque aseguró que hay ideas por concretar. La situación carcelaria, la violencia institucional, los recursos, el trabajo durante la pandemia, las capacitaciones y la comunicación fueron algunos de los ejes en los que se explayó sobre el cargo que dejará el 19 de abril para volver a la profesión.
Con cinco regionales a cargo, Balangione condujo desde 2017 la Defensoría penal provincial en la que se desempeñan 89 defensores y defensoras, 24 funcionarixs y 188 empleadxs. "Tuve un equipo con cinco defensores regionales excelentes, y establecí una política de trabajo horizontal. Más allá de ser la cabeza, se compartió con reuniones periódicas", dijo.
Sobre la modalidad de trabajo, señaló que "se continuó con algunos lineamientos de la primera gestión, se insistió con el litigio estratégico y se intensificó el trabajo focalizado en lugares de encierro, no solo como venía, sino que se agregó el programa simultáneo de visitas diarias a cárceles, además del asesoramiento como apoyo para defensores y defensoras, pero más que nada a tratar de llegar a las familias de los internos para evacuar dudas y por cuestiones de trámites. Incluso, en las dos unidades de mujeres se estableció un dispositivo semanal permanente, con seguimiento especial y focalizado en los pabellones de madres donde hay niños y niñas", remarcó. Además, se estableció "un protocolo de atención a víctimas de violencia institucional o a sus familiares, en forma coordinada". En ese sentido, recordó que al no poder ser querellante "se armó un protocolo para recibir a los familiares, víctimas, asesorarlos y acompañarlos en la búsqueda de patrocinio, con el Centro de Asistencia Judicial y ONGs. La idea no es solo derivar el caso, sino hacer un seguimiento. Si no se llegara, la política es asumir el patrocinio y que un juez diga quién va a representar a esa persona; aunque no llegamos a eso porque siempre se encontró representación".
También recordó el registro de violencia institucional, cuyo informe se dará a conocer en la Legislatura, en abril. "Recorrí personalmente todas las cárceles de la provincia, suscribí los habeas corpus en los casos más graves". Entre otras cosas, "sumamos el relevamiento de las muertes en custodia y separamos lo que es violencia policial, de violencia institucional en el encierro". Y destacó que "se le dio mucha actividad al Consejo de la Defensa que también integran legisladores, representantes de colegios de abogados, el gremio, dos ONG", enumeró.
La Defensoría también colaboró en tareas legislativas "como en el caso del órgano local de violencia institucional contra la tortura, que no llegó a buen puerto. Dimos opinión en el Código Penal Juvenil, la Ley de Víctimas y en el anteproyecto para convertir el SPPDP en un ministerio de Defensa Pública integral, una idea que milité en la Legislatura, en el Poder Ejecutivo, en la Corte, y que fue una de las cosas que la pandemia por Covid detuvo, porque estaba teniendo un tratamiento satisfactorio en el Senado".
Sobre los recursos, señaló que "se cubrió toda la planta de personal prevista por ley: al día de hoy está al cien por ciento cubierta", incluso se gestionó el concurso para subsecretario de políticas contra la violencia institucional, que seleccionó al abogado Santiago Bereciartúa. En ese sentido, habló de la igualdad de armas: "Tenemos pocos recursos frente al organismo de la acusación".
La defensora sostuvo que además "se estableció una política comunicacional para instalar la imagen de la Defensoría, explicar a la comunidad qué es la Defensa, poner en debate los temas que nos interpelan, siempre haciendo hincapié en el aporte al bien común que se hace a través de la defensa pública y que sería mayor si fuera integral, si se unificara. Somos la única provincia que tiene la defensa pública bajo dos órbitas diferentes, porque la defensa civil no es autónoma, depende de la Procuración. No se trata de tecnicismos, impactaría en la vida ciudadana, para igualar oportunidades de acceso a justicia", aseguró sobre la llegada al territorio.
Otro punto saliente que remarcó tiene que ver con las políticas de género, por lo que la Defensoría tuvo un reconocimiento interregional. Sobre ese eje, durante el año pasado Balangione actualizó "todos los estándares de defensa pública, transversalizando la perspectiva de género en una resolución que se da como obligatoria, ya que ningún defensor o defensora puede trabajar sin tenerla en cuenta, que viene acompañada de tres anexos: lenguaje no sexista, cuestiones técnicas de defensa de mujeres imputadas en situaciones precedidas de violencia de género y de varones imputados en ese contexto. Es un instrumento normativo de mucho valor porque no fue un invento nuestro, sino producto de capacitaciones, porque fuimos el primer organismo que capacitó en Ley Micaela; y de cruzar eso con las actualizaciones del Comité de la Cedaw. Es una herramienta para todos los operadores jurídicos. La problemática sigue creciendo, entonces apuntamos a que haya una respuesta no meramente punitiva y que haya más trabajo interdisciplinario con respecto al enfoque", dijo.
Durante la pandemia, la defensora recordó que desde la Defensoría se solicitó establecer el trabajo por Zoom para las audiencias, y remarcó: "Nunca dejamos de trabajar; no dejamos de ir a las cárceles. Fui la primera en sacar la resolución para armar un circuito de trabajo remoto. En esos momentos promovimos más de 600 habeas corpus por diferentes casos". Además, destacó que creó el Instituto de Capacitación por donde pasaron 2800 personas.
Como ya dijo en otras oportunidades, para la defensora "el sistema carcelario por sí solo no sirve, hace falta una decisión política e institucional con compromiso de los tres poderes. Si bien se me ha cuestionado, busco resultados que impacten para bien, y hoy el tema está instalado: qué pasa con las cárceles, cuáles son los problemas de la superpoblación", señaló. "Creo que el discurso llegó, me satisface porque la gestión logró cometidos que por supuesto no hay resultados hoy, pero ya no hay un vuelta atrás. Es un problema de largas décadas que no es solo de Santa Fe".
En cuanto a los cuestionamientos antes de iniciar su gestión, la defensora recordó que lo vivió como una cuestión de género. "Porque era la esposa de... (en relación al ministro de la Corte Rafael Gutiérrez), cuando no había incompatibilidad entre cargos, me presenté siempre por concurso y me anoté a este cargo porque vi que podía desarrollar hacia el final de mi carrera lo que resume mi vocación por el derecho y la cuestión social. Era una defensa que necesitaba organización, menospreciada, que no era invitada a los actos... Creo que es una gestión exitosa, hubo que pelearla mucho, aunque algunas cosas no se lograron porque nos atravesó la pandemia; que la defensa pública se fortaleció y que tiene una imagen sólida".
Además, valoró los pliegos de mujeres para ocupar los cargos más altos del sistema procesal penal de la provincia. En relación a los de la Defensoría, saludó el pliego para defensores regionales, y valoró que se haya enviado el nombre de una mujer -Estrella Moreno- para la defensoría general, que "conoce desde adentro el trabajo de la defensa". Para Balangione, quien llega al cargo tiene "el plus de tener una defensa organizada y andando".
