El Salvador cumplió este lunes el primer año bajo estado de excepción, una medida que logró bajar los homicidios atribuidos a las maras pero despertó al mismo tiempo las críticas de países centrales y organismos internacionales, que cuestionan la ausencia de garantías democráticas. El 27 de marzo de 2022, tras una jornada en la que se llegaron a superar los 60 homicidios, el presidente Nayib Bukele decretó el estado de excepción, en virtud del cual se permitía un mayor despliegue policial y militar en las zonas más conflictivas del país y la detención de toda aquella persona sospechosa de pertenecer a las pandillas maras que desde hace décadas tienen amedrentada a la población.
El estado de excepción de El Salvador restringe derechos y garantías individuales como la libre reunión y la inviolabilidad de la correspondencia y las comunicaciones, y faculta las detenciones sin orden judicial. A partir del pasado 27 de marzo las autoridades salvadoreñas, incluida la policía nacional o el propio presidente, buscan transmitir una imagen de mayor seguridad publicando casi a diario el balance de homicidios.
Y mientras los homicidios siguen en descenso, las fuerzas de seguridad confirman día tras día la detención de miles de presuntos pandilleros, hasta llegar incluso a superar los 60 mil en un año, tratando así de legitimar una polémica decisión que, según organismos internacionales, se llevó por delante a ciudadanos inocentes.
La muestra más impresionante de la política antipandillas se vio en enero, cuando Bukele presentó la cárcel "más grande de América", el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) con capacidad para recluir a 40 mil presuntos pandilleros, a quienes les declaró una guerra sin cuartel. Los traslados a esa cárcel fueron acompañados por publicaciones de Bukele con videos en los que se mostraba a decenas de presos siendo movilizados con las cabezas rapadas, las manos esposadas a la espalda y la cabeza gacha.
"El país más seguro de América"
Aunque desde la oposición y el extranjero cuestionan los métodos para garantizar la situación en el país, Bukele exhibe su gestión como un logro que, según los datos oficiales, permitió que El Salvador pase de ser el país "más inseguro del mundo" a convertirse en el "más seguro de América latina" a pesar de que "los expertos decían que era imposible".
De hecho, el mandatario celebró este lunes el primer aniversario de su medida. "Hace exactamente un año, cerrábamos el día con 62 homicidios. Ese fue uno de los días más difíciles de mi vida (...) Ahora, un año después, cerramos con cero homicidios, y marzo de 2023 se acerca a ser el mes más seguro de toda nuestra historia", dijo en su cuenta de Twitter el mandatario que con ironía se define como "el dictador más cool".
La Mara Salvatrucha y la Barrio 18, con sus dos facciones, habían establecido "fronteras" en las áreas que controlaban. Controlaban el 80 por ciento del territorio del país, según Bukele, y se financiaban con extorsiones y narcomenudeo, y negocios de transporte, comercios y moteles, ahora desmontados por las autoridades. Tomaron el control territorial después del fin de la guerra civil (1980-1992) y se les atribuyen 120 mil muertes, más de las que hubo en el conflicto armado (75 mil).
5.082 violaciones a los derechos humanos
Las ONGs alertan que la política de seguridad de Bukele supone violaciones generalizadas de derechos humanos. Organismos como Human Rights Watch relatan que, desde marzo de 2022, "las fuerzas de seguridad han detenido a decenas de miles de personas, incluidos cientos de niños y niñas, y han cometido desapariciones forzadas, tortura y otros malos tratos".
Siete organizaciones de la sociedad civil de El Salvador informaron este lunes que registraron 5.082 vulneraciones a derechos humanos durante el régimen de excepción, y 111 fallecidos después de ser detenidos. En paralelo, la organización Socorro Jurídico Humanitario advirtió que viene tratando a centenares de presos y familiares con síndrome de estrés postraumático, ansiedad, enfermedades en la piel o problemas renales, entre otras afecciones.
La valoración de la sociedad
En una misa en memoria del arzobispo Oscar Arnulfo Romero, asesinado en 1980, el cardenal Gregorio Chávez dijo que se sentía culpable porque "muchos de nosotros nos hemos acobardado, nos hemos quedado mudos, nos hemos hundido en la indiferencia, gozando de una paz muy semejante a la paz de los cementerios". De su lado, el juez Juan Antonio Durán planteó que "ha sido un año nefasto" para la justicia "por las violaciones a los derechos humanos de inocentes detenidos sin el debido proceso".
Pero según una encuesta del diario La Prensa Gráfica, antes la inseguridad agobiaba a los salvadoreños, pero ahora el 92 por ciento admite que mejoró. "La seguridad está buena, antes no. Hoy nos movemos libremente", dijo Carlos Dueñas, vendedor ambulante de 57 años.
