La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, señalizó la Central de Policía de Salta como centro de detención y tortura en la década de 1970, una demanda histórica de las organizaciones de derechos humanos de la provincia. La militanta Blanca "Nenina" Lescano exigió "una memoria activa", "no congelada" y que sea una política de Estado.
"No es cuestión de congelar la memoria" en el pasado, sostuvo la referenta de Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas y Gremiales e integrante de la Mesa de la Derechos Humanos, cuyo padre y hermana fueron desaparecidxs, Lescano reivindicó la lucha de las organizaciones de derechos humanos que marchaban aún "cuando estaban los militares" y que lo siguen haciendo hoy con diversas denuncias y demandas.
"Cada vez que marchamos en distintas circunstancias, pidiendo justicia, denunciando gatillo fácil, venimos para acá (la Central de Policía) y hacemos un acto", recordó. Añadió que aún hoy las organizaciones deben accionar "para sacar menores (de edad) de las comisarías"; denuncó que a lxs detenidxs aún "los hacen pasear por todos lados antes de volver y considerarlos presos legales y después les arman una causa".
"Decimos basta de gatillo fácil y basta de impunidad a los policías que cometen delito de gatillo fácil", exigió "al jefe de policía". "También eso hay que denunciar porque nosotros no dejamos la calle, no hacemos solamente memoria", manifestó.
"Demando, ya que hay funcionarios presentes, la situación policial, la situación de los presos, la situación de salud mental del (Hospital público Miguel) Ragone, están todos hacinados. Para la provincia, también reclamo la ley de la memoria", sostuvo.
La actividad fue encabezada por la directora nacional de Sitios y Espacios de la Memoria, Lorena Battistiol, y la delegada de la Secretaría de DDHH de la Nación en Salta, María Martínez Morales Miy.
La señalización también fue acompañada por la Universidad Nacional de Salta en el marco de una jornada por la memoria, la verdad y la justicia y por funcionarixs provinciales, entre ellxs, el vicegobernador Antonio Marocco; el ministro de Seguridad y Justicia, Marcelo Domínguez, y la secretaria de Derechos Humanos, Mariana Reyes. También acompañaron las organizaciones que integran la Mesa de Derechos Humanos y la Liga por los Derechos Humanos.
"Una ley en el congelador"
"Ya que hay muchos funcionarios presentes, incluso el vicegobernador, hay una ley (de la memoria) presentada en la Cámara de Diputados el año pasado que quedó ahí en el congelador", denunció Lescano.
Recordó en este sentido que la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja, Laura Cartuccia, reprodujo la "teoría de los dos demonios" y el negacionismo, cuando los organismos de derechos humanos impulsaban el proyecto de ley de la memoria. "Nos dijo en la cara y en los medios de prensa 'tengo que escuchar la otra parte'", señaló.
Lescano demandó la necesidad de que "el Estado haga una ley auténtica y autónoma, independiente de los partidos políticos y de los gobiernos de turno porque capaz que nosotros no podamos seguir dando testimonio. Y las causas tienen que salir de los juzgados federales para que vayan a las Escuelas, tiene que ser política de Estado. ¿Cuántas veces le hemos pedido al ministro de Educación?".
"Queremos que el ministro de Educación enseñe en las escuelas lo que fue el 24 de marzo y lo que son las organizaciones de derechos humanos, no tengamos que ir nosotros cada vez que nos pide alguien 'cuenten qué es lo que pasó'. ¿Cómo puede ser que el pueblo argentino y que el pueblo de Salta, que tiene un gobernador desaparecido, nosotros tenemos que ir a contar lo que pasó? No señores", reclamó y señaló las responsabilidades de "cada funcionario" apuntando a los que estuvieron presentes en el acto.
Un gobernador desaparecido
"Muchas luchas significó esta señalización pero además faltan muchas señalizaciones y reconocer que Ragone sigue siendo un detenido desaparecido y trató de modificar una situación y esto le significó el rótulo de subversivo, como fue subversiva la Universidad, algunas carreras de la Universidad", recordó Lescano.
Mencionó que cuando asumió Ragone, "decía que iba a modificar y a replantear todo el sistema policial que ya venía con torturas, denuncias de torturadores, estaba Joaquín Guil, uno de los principales representantes que hoy está con perpetua". "En esa breve primavera democrática de tres años, 1973, 1974 y 1975 ya teníamos represión porque nunca se desarticuló ese aparato represivo que venía del onganiato", rememoró.
"Los metió a todos en cana pero salieron todos y tuvimos que meterlos en cana de nuevo cuando llegó la democracia y pudimos hacer los juicios gracias a las compañeras y compañeros que los investigaron y trajeron uno por uno, para que se sentaran frente a un juzgado, porque nosotros no hicimos justicia por mano propia", sostuvo.
Lescano contó que Ragone "pensaba que esta Central iba a ser un museo pero no policial, (sino) de la ciudad, del pueblo de Salta".
"Dar testimonio"
"Llegó el día tan esperado por los organismos de derechos humanos. Tenemos 40 años de democracia, hemos luchado, bregado, por la señalización de este centro clandestino que fue la Central de Policía de la provincia de Salta. Esta señalización es en homenaje de todos y todas las compañeras que entraron a este centro clandestino, que fueron torturados, muchos desaparecidos", manifestó por su parte Cristina Cobos, de la organización Lucrecia Barquet, y actual miembra del Comité Provincial contra la Tortura. Recordó su marido Víctor Brizzi que "está desaparecido, fue secuestrado, encarcelado en este centro clandestino" y su hermano Enrique Cobos, "atravesó estas puertas y también fue torturado".
"Por eso hoy para nosotros es un día muy importante porque esto va a dar testimonio a toda la gente que pase por acá, a toda la población de Salta", sostuvo Cobos. También recalcó que "hay prácticas (de torturas) que la policía todavía aplica".
"Sin dudas, mi papá también estuvo acá", empezó a su turno Mariana Gamboa, de HIJOS Salta. Su madre, Gemma Fernández Arcieri, y su padre, Héctor Domingo “Guilo” Gamboa, fueron secuestradxs y desaparecidxs en la madrugada del 24 de septiembre de 1976.
"Señalizar significa dar testimonio a quienes son hijos de la democracia y no como mi generación, hijos del terrorismo de Estado, nos costó muchísimo poder poner en palabras lo que pasó en Salta, poder entender y hacer entender a quienes son funcionarios del Estado la responsabilidad de reparar sobre una construcción de sociedad que se basó en el miedo, en el terror y el exterminio del que piensa distinto", manifestó. También hizo mención al compromiso de las organizaciones de derechos humanos hoy: "la tarea nuestra es exterminar las prácticas que continúan desde el terrorismo de Estado a las instituciones de seguridad"...
En primera persona
Fernando Mamaní fue detenido en los 70, cuando tenía 18 años y militaba en la Juventud Guevarista. "Me llevaron a la seccional 5°, el primer lugar de detención, y a la noche me trajeron a este lugar", donde estuvo en lo que en ese momento era la división de Servicio de Inteligencia, sería dentro de la Central, que ahora está remodelada, ya no está ese edificio. Me trajeron a esa torre que está ahí (dijo señalando una esquina del edificio de la Jefatura de Policía), en esa torre hay un pozo, no sé si seguirá estando, y una reja", describió.
"Me metieron a ese pozo, yo no lo llegaba a levantar a mi cabeza. La tortura psicológica y física era todos los días", recordó. Además, mencionó que en los primeros 15 días le dieron de comer "como mucho, dos veces". "Ahí me tuvieron 5 meses, hasta que mi madre logró a través de la embajada sueca hacer un reclamo sobre mí en Naciones Unidas y me legalizaron en la cárcel de (Villa) Las Rosas", contó.
Marcelo Ramos, contó a Salta/12 que estuvo detenido en la Central de policía en 1971, cuando tenía 18 años y militaba en el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). "Yo también fui torturado a cara descubierta por Joaquín Guil, Murúa y Pastrana", recordó. Indicó que con él había otros dos detenidos, y luego una tía que trabajaba para Roberto Romero, logró ubicarlo y por "influencia política" terminaron "apareciendo en el cuartel del Ejército".
Después lo llevaron a la cárcel de Villa Devoto, donde estuvo casi tres años, hasta 1973, cuando asumió el presidente Héctor Campora, pero volvieron a detenerlo en el 74 por orden del Poder Ejecutivo Nacional, y estuvo en la cárcel de Villa Las Rosas. Finalmente, pudo exiliarse en Perú, donde también terminó como preso político por pedido de "repatriación" de la junta militar, hasta que Amnistía internacional logró que se exiliara en Ecuador, donde vivió 18 años. A su regreso fue detenido en Chile, aunque logró llegar al país.
También la docente Flor de María "Mayela" Rionda, quien llegaría a ser decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta, recordó que estuvo presa en 1971 en la Central de Policía, tras ser detenida pintando carteles del ERP junto a otros dos compañeros. "La policía nos tomó presos acusándonos de ser subversivos. Yo estuve 14 días incomunicada, pero no me torturaron. Salvo las exigencias de los interrogatorios intensos. Después me enviaron presa a Villa Devoto, 11 meses", relató a Salta/12.
"Tenemos que luchar para que no ocurra nunca más", expresó. Respecto a la señalización, consideró que su importancia radica en "marcar este espacio para que la memoria funcione, para que la justicia no esté más al servicio poniendo sus fuerzas policiales al servicio de una causa tan vil , tan incorrecta, (por la cual) fuimos torturados, encarcelados". "Que la educación sea el arma más poderosa que tengamos, que eduquemos y veamos que es lo que pasó y que es lo que no debe volver a pasar", manifestó.
Martínez Borelli
Por la tarde, en la UNSa, la directora del Archivo Provincial de la Memoria, Alba Fernández, entregó documentación referida al exrector Holver Martínez Borelli, cuando estuvo detenido y sometido a tormentos en 1974, en tiempos de la intervención en la provincia y en la Universidad.
Fernández explicó a Salta/12 que esa documentación tiene fecha de 1976, se trata de fotocopias certificadas de una nota que envió una persona de Amnistía Internacional, pidiendo información sobre el estado de salud del exrector.
El rector Daniel Hoyos, recordó que Martínez Borelli fue "el primer rector de la UNSa", "un poeta" que "tuvo el desafío de plantear una Universidad distinta (...), progresista, termina siendo perseguido por la derecha, termina escapando y muriendo en (el exilio en Bruselas, Bélgica). Fue una persona muy importante para la Universidad, al margen de que (la) gobernó un año pero en ese tiempo planteó ideas, posibilidades, una Universidad científica, latinoamericana, con cosas que hoy tratamos de rescatar".
"Nos prestaba el auto para militar", rememoró Cobos. Contó que en la UNSa trabajaban y estudiaban militantes de la Juventud Peronista, "que eran muy allegados a Holver" y por ello se enteró que necesitaban un vehículo. "Nos prestó su auto. No tenía ningún problema. Nosotros se lo devolvíamos a veces no en el día, sino pasaban varios días. Era una persona muy generosa, íntegra, con muchas convicciones, estaba convencido de ayudarnos, él era peronista, yo recuerdo mucho a Holver".
"Necesitamos recordar a todas las personas con las que hemos convivido, pasado momentos muy importantes, peligrosos. En ese momento la policía nos perseguía, en todo acto que pudiéramos hacer, y Holver estaba con nosotros", dijo Cobos. También señaló la importancia de recordar a todas las otras personas desaparecidas de la Universidad.
