Con pedido de prisión perpetua, quedó a un paso del juicio Héctor Barrero acusado por el transfemicidio de la militante Alejandra Ironici. La Unidad Fiscal de Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas) de Santa Fe y las querellas presentaron la acusación en la audiencia preliminar contra el imputado, de 32 años, que era pareja de Alejandra, reconocida como una activista histórica y pionera dentro de la comunidad trans. Una de las querellas hizo un planteo por la figura del "travesticidio social".

La investigación arrojó que Barrero mantenía una relación con la víctima, que había comenzado cinco meses antes del crimen, cometido el domingo 21 de agosto de 2022, en la casa de Pasaje Público al 8100, donde convivían. “Con la intención de matarla, el acusado tomó por detrás a Ironici y le asestó 46 puñaladas en distintas partes del cuerpo”, reza la acusación. Pero el imputado fue más allá: “Tras atacar a la víctima con el arma blanca, la prendió fuego en la zona de los glúteos”.

Barrero estuvo algunas horas prófugo, ya que “luego de la agresión se fue de la casa y se llevó un teléfono celular, una computadora y un automóvil que pertenecían a Ironici”. Ese mismo día, a las 23, un sobrino de la víctima llegó a la casa y encontró el cuerpo sin vida, por lo que dio aviso a la Central de Emergencias 911. 

Al día siguiente, Barrero fue detenido en una casa, tras haber dejado el auto de la víctima estacionado en la puerta.

En 2012, Alejandra fue la primera trans del país en obtener el DNI con su identidad de género, por vía administrativa, en la provincia de Santa Fe, poco antes de la aprobación de la ley. En octubre de ese año, también fue la primera en ingresar a trabajar al Estado provincial, cuando fue puesta en funciones en el área de asistencia social en el hospital Iturraspe de Santa Fe.

La Fiscalía agregó que "era una militante y referente de la comunidad LGTBI, presidenta de la Asociación Movimiento de Integración Sexual, Étnica y Religiosa (MISER), docente de educación sexual e impulsora de la lucha por los derechos de las personas trans en la provincia de Santa Fe”.

En ese contexto, la imputación fue desde el primer momento por la figura de transfemicidio agravado por el vínculo y por haber sido cometido en un contexto de violencia de género.

En tanto, una de las querellas, por la Asociación Civil Instituto de Políticas Públicas LGBT+ y la Colectiva de Abogadas Translesbofeministas, apuntó a la figura de "travesticidio social", que "pone en cabeza del Estado la responsabilidad de evitar las muertes violentas de las personas trans mediante la implementación a tiempo de políticas públicas eficientes". Ante ello, consideró que "el acusado es el responsable del transfemicidio de Alejandra y el Estado lo es de no haber evitado esa muerte violenta".

Por eso solicitó que "además de la responsabilidad individual que correspondiere al imputado, se declare al estado responsable del travesticidio social de Alejandra. Entendemos que no es habitual pero si puede ser innovador dar lugar a las medidas de no repetición".

En su acusación, la querella también pidió que queden incluidas en el escrito de apertura a juicio medidas que deberá resolver al tribunal "para evitar la repetición": "Que se recomiende al Legislativo provincial la declaración de emergencia social en violencia hacia personas travestis y trans, deuda histórica para con el colectivo; que exhorte a los tres poderes proviciales a dar pleno cumplimiento a la ley de inserción y estabilidad laboral de personas travestis trans; que solicite al Legislativo provincial la aprobación de los proyectos de ley integral Trans y Reparación histórica; que inste al Legislativo y Ejecutivo provincial a diseñar e implementar políticas públicas concretas para dar respuesta al problema habitacional", y se pida a "el Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad provincial, dentro del plazo de un año, un diagnóstico sobre el contexto de violencia que enfrentan las personas trans en la provincia y a crear un programa de acceso a la justicia y asistencia".