Las y los diputados de la provincia de Salta aprobaron un proyecto de declaración que propone que el Ejecutivo provincial "gestione ante el Ministerio de Seguridad de la Nación la provisión de pistolas Taser y la instrucción del uso correspondiente". La iniciativa fue presentada por el legislador Omar Exeni (del bloque Justicialista Gustavo Sáenz Conducción), quien ya había propuesto una acción similar en 2020 junto a su entonces par Ignacio Jarsún, obteniendo su aprobación en la sesión del 1 de diciembre de ese año. 

De acuerdo a lo expuesto por Exeni durante la sesión, la iniciativa busca que el personal de las fuerzas de seguridad tenga una herramienta para que "se puedan defender y cuidar a los ciudadanos cuando hay algún delito o cosas ilegales". El legislador afirmó que el Ministerio de Seguridad de la provincia, que dirige Marcelo Domínguez, debería gestionar las pistolas que se compraron en 2018, desde la cartera de Seguridad nacional cuando su titular era la dirigente del PRO Patricia Bullrich.

Exeni pretende que la provincia obtenga una donación de esas armas y luego empezar recién una capacitación para su uso. "Estas pistolas contienen una cámara y cuando el policía hace un tiro, tiene que ir a justificar al Ministerio de Seguridad para saber si la acción fue bien o mal. Ya el ministro (de Seguridad) dirá si está bien o mal", se justificó el legislador. 

No obstante, el uso de las pistolas Taser es fuertemente repudiado por los organismos de derechos humanos y las instituciones que denuncian la violencia institucional. Recientemente, la directora de Violencia Institucional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Victoria Darraidou, advirtió en medios públicos que "las pistolas Taser se promocionan como armas no letales, pero en verdad son armas menos letales, es decir que su uso desproporcionado puede implicar graves daños a la salud". 

Las declaraciones de Darraidou se dieron en el marco de la compra de 100 armas de este tipo por parte del ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, a pesar de que desde hace dos años existe un freno a la importación impuesto por la Agencia Nacional de Materiales Controlados. En febrero de este año Fernández afirmó que para su implementación cada fuerza deberá cumplir con un protocolo de actuación específico para estos dispositivos.

El CELS recordó que Naciones Unidas hace varias recomendaciones en cuanto al no uso de estas pistolas en personas de edad avanzada, niñeces, personas de contextura física muy pequeña, personas con padecimientos mentales, personas que se encuentren intoxicadas por la ingesta de alcohol o alguna otra droga. Afirma que tampoco podrán ser implementadas en un escenario en el que se hayan utilizado previamente gases lacrimógenos o exista riesgo de caída de la persona afectada. 

En ese sentido, Darraidou dijo a FM La Tribu que "estos puntos tienen que ser atendidos en un protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad. Lo que vemos desde el CELS es un problema en la desproporción del uso de la fuerza de todas las policías, lo grave sería sumar esta herramienta a este circuito“.

La propuesta de Exeni ya encontró el aval de sus pares en diciembre de 2020, cuando el Ministerio de Seguridad de la provincia estaba a cargo del negacionista Juan Manuel Pulleiro. En esta nueva presentación también se busca contar con el apoyo del nuevo ministro de Seguridad, Marcelo Domínguez. 

El texto original del proyecto de declaración aprobado en la sesión de ayer, no incluía la capacitación sobre el uso de las pistolas al personal de las fuerzas de seguridad provinciales, por lo que desde la Comisión de Seguridad se incorporó ese apartado. Tras ello, Exeni recordó que junto a Pulleiro habían acordado que dichas capacitaciones las realicen personas provenientes de Israel. "Nadie va a salir a disparar a todo el mundo, se dará una capacitación y cuando el policía efectúe algún disparo, tiene que ir a Ministerio de Seguridad a justificar por qué lo hizo", reiteró el legislador. 

Un pensamiento compartido

El proyecto de declaración contó con las abstenciones de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, Laura Cartuccia (Salta tiene Futuro) y del bloque completo de Más Salta, compuesto por Gladys Paredes, Nancy Jaime, Daniel Segura, Gustavo Dantur y Alejandra Navarro. El resto de los presentes dio su voto afirmativo. 

Por el bloque Ahora Salta habló el diputado Roque Cornejo, quien adelantó que iban a acompañar la iniciativa y destacó la inclusión de una etapa de instrucción en el manejo de las pistolas, para "dar mayor seguridad y combatir el delito que se incrementó en la provincia". Sostuvo que la necesidad de garantizar estas herramientas también responde a un pedido propio desde las fuerzas de seguridad que solicitan instrumentos "modernos" y de "mayor eficacia" para combatir el delito. 

En ese sentido, aseguró que estas pistolas ya se están usando en diferentes países por lo que le parece importante su adquisición para "respaldar y acompañar el accionar del personal policial de Salta". Sin embargo, Darraidou, también contó que "el uso de estas armas evidenció grandes impactos en la salud y hasta provocó muertes en algunos casos, sobre todo en países donde su uso se ha ampliado y extendido como en Estados Unidos.

En la misma sintonía de Cornejo, habló la legisladora Sofía Sierra (PRO), quien aseguró que tras conocer la propuesta de Exeni, se comunicó con Patricia Bullrich, ya que durante su gestión se elaboró un protocolo para regularizar el uso de las pistolas Taser.

En la resolución 395/2019, que incluía la firma de Bullrich, se indicaban los casos en los que los agentes podrían emplear las Taser. Se estipulaba que su uso era exclusivo para inmovilizar, proceder a la detención, o para impedir la fuga de quien manifestara peligro inminente de lesionar a terceras personas o de autolesionarse. También, cuando debiera ejercerse la legítima defensa propia o de terceras personas, y para impedir la comisión de un delito de acción pública.

No obstante, cuando llegó a la presidencia Alberto Fernández, la nueva ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, derogó el reglamento general dispuesto por la derechista Bullrich. Desde la cartera nacional destacaron entonces que las pautas implementadas por el gobierno de Mauricio Macri no respetaban las recomendaciones del "Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley", de la Asamblea General de las Naciones Unidas, debido a que ampliaba las ocasiones de uso de las armas y no las circunscribía al momento estrictamente inevitable.

La diputada Sierra trajo a colación que tras la derogación de Frederic, fue la misma Bullrich quien lo apeló en la Justicia, encontrando un aval desde el Poder Judicial. Por ello, la legisladora agradeció que se haya planteado la propuesta nuevamente y pidió que el ministro Domínguez pueda ponerlas en funcionamiento. 

Exeni también encontró el aval manifiesto de parte de Germán Rallé y Gustavo Pantaléon (Justicialista Gustavo Sáenz Conducción), que respaldaron la solicitud de su par. "Tendríamos a disposición una herramienta tecnológica que no sólo sirve para preservar la vida del policía sino como una tecnología más que aporta a la prevención del delito", expresó Rallé. 

En cambio, la legisladora Julieta Perdigón (Ahora Salta) aseguró que la compra de estas pistolas por parte del Ejecutivo provincial no es una prioridad. A lo que Exeni respondió que se debía considerar una donación desde la Nación. Si bien Perdigón votó a favor, manifestó que "en la provincia es necesario que se establezcan prioridades", porque es "complicada" la situación de infraestructura y mantenimiento de las fuerzas.