En sintonía con el ideario de derecha que apunta contra la comunidad mapuche como el enemigo interno, la Cámara de Diputados de Mendoza, cuya mayoría responde al radical macrista Rodolfo Suárez, aprobó una resolución que declara a ese pueblo como no argentino. La iniciativa que desconoce la preexistencia étnica de esa comunidad reconocida en la Constitución Nacional busca abrirle paso a la quita de territorios ancestrales que le fueron otorgados en febrero pasado. Las comunidades calificaron a la norma como “racista y negacionista”, y llevarán el caso a organismos internacionales.

La declaración se aprobó por 30 votos a favor, 8 en contra (la mayoría es kirchnerista), 6 abstenciones y 4 ausencias. Tiene tres artículos que fueron severamente cuestionados por las comunidades originarias que durante la sesión se centraron frente al palacio legislativo.

El primer artículo del texto rechaza la prórroga de la ley 26.160, que suspende las sentencias de desalojo y desocupación de las tierras comunitarias indígenas. El segundo cuestiona el reconocimiento que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) hizo a comunidades mapuches sobre territorios en Mendoza. Y tercero, rechaza la argentinidad del pueblo mapuche.

“Los mapuches no deben ser considerados pueblos originarios argentinos en los términos del artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales”, dice el proyecto impulsado por el gobierno de Suárez, con apoyo del senador radical Alfredo Cornejo y el aliento desde Twitter de su líder Mauricio Macri.

Lo que dice la Carta Magna es que también se debe “reconocer la personería jurídica de las comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan”. Es decir que garantiza lo que la resolución de Suárez deja de garantizar.

“Racista y negacionista”

La respuesta de las comunidades no se hizo esperar. A través de un comunicado calificaron a la iniciativa de “racista y negacionista” y advirtieron que su eventual tratamiento “promueve la confrontación” de la sociedad mendocina “con discursos de odio” hacia las comunidad mapuche.

“No es una resolución más. Si se aprueba, sería un antecedente muy negativo porque institucionalmente se estaría afirmando el racismo estructural”, advirtió antes de que se vote la norma Gabriel Jofré, werkén de la organización Malal Weche.

El gobierno de Suárez dice que en Mendoza no hay mapuches. La negación de esa comunidad originaria es tal que los funcionarios, los legisladores y los medios oficialistas los tildan despectivamente como “mapuches autopercibidos”.

“Es muy fuerte escuchar esas cosas, pareciera que estamos debatiendo cosas resueltas hace siglos”, lamentó el diputado del Frente de Todos José Luis Ramón, que votó en contra del proyecto a pesar de que varios compañeros de bancada lo hicieron a favor.

La resolución “no solo niega a los mapuches, sino a todas las comunidades originarias” y el gobierno provincial deja en evidencia su “intento de poner frente a los mendocinos que hay ciudadanos que no considera de primera”, agregó.

En términos de la plurinacionalidad de las comunidades, “somos mapuches y tenemos la ciudadanía argentina”. Así lo definió Fabricio Silva, werkén (mensajero/vocero) de la comunidad We Newen. “Nosotros votamos, pagamos los impuestos y cumplimos con nuestras obligaciones como ciudadanos argentinos”, aseguró a Página/12.

Por eso, agregó, al proyecto aprobado ayer “lo vivimos como algo muy violento”. No solo porque que les quitaría reconocimientos y derechos, sino también porque “se trata de un intento de extranjerizar la identidad indígena”. “Ser argentino no tiene nada que ver con que no puedas ser indígena, y ser indígena no tiene que ver con que no puedas ser argentino”, sentenció.

Con esas críticas, decenas de integrantes de organizaciones mapuches, colla, huarpe y guaraní, entre algunas, se movilizaron ayer hasta la Legislatura provincial en momentos que se trató la resolución. Exigieron al oficialismo que dé marcha atrás con la iniciativa. Pero una vez aprobada la norma, advirtieron que presentarán una denuncia penal contra el Estado.

La disputa por las tierras

El oficialista Frente Cambia Mendoza, la versión provincial de la alianza Juntos por el Cambio, puso en el blanco de las críticas a la medida del INAI que en febrero otorgó 21.370 hectáreas a tres comunidades mapuches de Malargüe y San Rafael. Acusa al gobierno nacional de haber tomado esa decisión “omitiendo la debida participación de la Provincia, Municipios involucrados y terceros con intereses legítimos”. Pero el mar de fondo que agita la discusión es lo que hay debajo de esas tierras: petróleo y recursos naturales.

La explotación petrolera, minera y de reservas de agua en ese lugar son las fuentes de las que quiere beber el gobierno de Suárez. Y por este motivo, intentó por todos los medios revertir el otorgamiento de tierras.

Como parte de esa zona integra el yacimiento de Vaca Muerta, el mandatario provincial puso el grito en el cielo. Dijo que el gobierno nacional le entregó esas tierras a “pseudo mapuches” y exigió revertir la medida.

El INAI aclaró que ese reconocimiento no implica la "entrega" o "cesión", sino que "demarca el territorio comunitario habitado históricamente por los distintos pueblos originarios a lo largo y ancho de la Argentina".

Fabricio Silva también es miembro del Concejo de Participación Indígena y, como tal, realizó relevamientos territoriales y tramitó personerías jurídicas de comunidades. Contó que hay unos 100 expedientes que esperan ser resueltos para el reconocimiento de tierras y advirtió que la resolución impulsada por Suárez busca frenar esos trámites.

Además, sostuvo que “no considerarnos pueblo originario argentino” es “una manera actualizada y sistemática de crear una imagen negativa del indígena para después justificar cualquier avance sobre nuestros derechos y territorios, en defensa de la explotación de recursos por parte de grandes empresas”, afirmó.

Por su parte, Jofré cree que la cosa es más grave: “La resolución pone en riesgo los logros de la democracia, que fueron la incorporación de derechos de las minorías y grupos que durante muchos años lucharon por el reconocimiento de sus derechos”.

La jugada de Rody Suárez

La nueva jugada de no reconocer la argentinidad de los mapuches es una osadía que tiene un objetivo claro, y cuyo paso a paso podría ser el siguiente: que el pueblo mapuche deje de ser considerado como “argentino”, que por lo tanto deje de estar amparado por la Constitución, que por ende no se le reconozca el carácter ancestral de esas tierras y que, finalmente, el Estado provincial se alce con la propiedad y explotación de esas superficies.

La jugada es riesgosa y camina sobre el filo de la inconstitucionalidad. Pero para encontrar un artilugio que intente pasar por encima de la Carta Magna y los tratados internacionales, el macrismo-radical citó supuestos estudios historiográficos que dicen que en Mendoza solo hubo huarpes y pehuenches. “No existió la comunidad mapuche como tal”, afirmó el intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda.

"Son todas expresiones de deseos negacionistas", cuestionó José Luis Ramón, quien a su vez adelantó que analiza “abrir una investigación penal al respecto, porque esto es un claro hecho de negación, xenofobia y racismo”. No obstante, reconoció, esto dependerá “de la decisión política” que haya en su bloque.

El werkén de We Newén puso el acento en el costo humano de este debate: “Nadie ve las implicancias sociales, políticas y hasta psicológicas. El otro día, una directora de una escuela rural puso en su estado de Instagram que ‘los mapuches no son de Mendoza’. A esa escuela van chicos de nuestras poblaciones que se sintieron discriminados cuando vieron” ese posteo.

Antes de que la cuestionada resolución se apruebe, las comunidades se presentaron ante la Legislatura. Tuvieron que hacer lo que durante decenios no habían necesitado hacer: justificar su preexistencia en la Argentina cuando aún no era Argentina, y desfilar con esa apología frente a cada integrante de la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados provincial, presidida por Ramón.

Lo que demostraron tanto ellos como los estudios de investigadores del Conicet es que el pueblo mapuche camina por esas tierras “desde hace al menos 14 mil años”. “Los relatos de nuestros mayores fueron respaldados por arqueólogos y antropólogos”, puntualizó el werkén.

Tanto ellos como especialistas en la materia explicaron y demostraron que vivían en Mendoza antes de que fuera Mendoza. Inclusive, antes que llegaran las familias de varios de los diputados del oficialismo que, sin embargo, tuvieron en sus manos la decisión de no reconocerles la pertenencia al suelo en el que habitan.