Giovanna Del Giudice fue parte de la revolución de la salud mental que significó el proyecto de Franco Basaglia en Trieste desde 1971. El psiquiatra italiano que cerró los manicomios -depósitos de personas- para construir un modelo de atención y cuidado comunitario murió poco después de la aprobación de la ley en Italia, un país que cerró todos sus hospitales psiquiátricos. Su colega hoy es presidenta de la Conferenza Permanente per la Salute Mentale nel Mondo y estuvo en la provincia de Santa Fe este mes, para un intercambio que incluyó la inauguración del Centro Territorial de Salud Mental La Posta Norte, en la ciudad de Rosario. En tiempos de discusión sobre la ley vigente en Argentina, que sigue el mismo paradigma de respeto a los derechos humanos, hay algunos sectores siguen apostando al encierro y la medicalización. Y con demora -la ley es de 2010- algunas provincias avanzan en la implementación. Del Giudice subraya que “reconvertir esos recursos desde el manicomio al territorio significa reconvertir energías, vidas. Eso en cada país va a ser diferente, pero siempre se trata de mover unos recursos humanos y económicos desde las estructuras segregantes y violadoras de los derechos humanos a una comunidad que multiplica esos recursos”. En Argentina, además de los avances en Santa Fe, se lleva adelante el plan “Buenos Aires sin manicomios”, que logró reducir un 35% las personas que residen en los pabellones de crónicos de los hospitales neuropsiquiátricos. “Hay 632 personas externadas bajo un modelo de apoyos en 181 casas asistidas para la vida en comunidad, donde las personas usuarias pueden desarrollarse y vivir dignamente”, enumeró Julieta Calmels, subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el ámbito de la Salud Pública, en la última sesión del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD).

Celina Pochettino es la directora del área en Santa Fe, que cuenta con 15 casas asistidas y abrirá tres en forma inminente, además de la inauguración del Centro Territorial en Rosario. Todo forma parte de un Plan de Salud Mental que apuesta al trabajo comunitario. “Las resistencias tienen que ver con una historia de segregación de las locas, de los locos, los diferentes. Claro que las resistencias están presentes, en los criterios de los propios equipos de salud y en la comunidad en general. Nosotros decimos que la resistencia muchas veces tiene que ver con no conocer alternativas al modo de atención en salud mental, hay que mostrar que hay otro modo de dar respuesta”, se entusiasma la funcionaria, quien reconoce la existencia de demandas para sostener instituciones de encierro. “La familia, los componentes afectivos, van a estar pidiendo esas instituciones, que se supone que resuelven algo, pero nosotros desde la experiencia decimos que el encierro no cura”, asegura.

Tampoco en Italia fue fácil. “Es bastante claro que cuando se aprobó la Ley 180, en 1978 y también por la situación de la muerte de Franco Basaglia, justamente dos años después, la política atacó la ley, hubo más de 50 diseños de ley para cambiar esa promulgación, pero la ley sobrevivió a ese momento de grandes ataques, y hoy en día lo que pide la población -y eso es algo muy importante- es la implementación completa, plena de esa ley”, cuenta Del Giudice.

Lo que cambió en este medio siglo fue la apropiación de la comunidad. “Han cerrado los 83 manicomios públicos que existían en la Nación y que albergaban en 1970 más de 100 mil personas. Italia hoy es un país sin manicomio y nadie pide manicomios. Ha cambiado la cultura en la cabeza de las personas, en la cabeza de la ciudadanía, que pide mejores cuidados, un mayor compromiso por parte de los trabajadores y las trabajadoras de la salud, pide el desarrollo y mucho queda por hacer en salud mental, pero ya nadie pide un manicomio”, asegura Del Giudice entrevistada por Las12.

La elección de Georgia Meloni como presidenta del Consejo de Ministros fue una luz de alerta, pero también la ratificación de que no hay marcha atrás. “Hoy en día tenemos un gobierno de derecha, de corte fascista y estamos preocupadas de poder volver atrás, de perder algunos de los avances que se han logrado, pero por eso también es importante notar cómo en la ciudad de Trieste, donde ha habido recientemente un ataque a los servicios de salud mental por parte del gobierno de la derecha, la población ha sido quien se ha levantado para defender esa ley, para defender una ley y una implementación de servicio que son próximos a los ciudadanos, son próximos a la salud, entendida en términos complejos y globales”, expresó la psiquiatra italiana, quien abundó sobre el abordaje que “no sólo se ocupa del núcleo médico de la cuestión, sino de todos los elementos que conforman la salud, la vivienda, la sociabilidad, el trabajo, la instrucción de las ciudadanas y los ciudadanos con problemas de salud mental. Entonces, es una ley que no ha cambiado y que no cambiará, yo espero, porque es patrimonio común de nuestra nación y también porque es reconocida por la Organización Mundial de la Salud”.

La ley sancionada en 2010 en la Argentina va en la misma dirección. “Tenemos una ley muy ambiciosa que propone un modo de vida comunitario pero no la tenemos lo suficientemente implementada”, explicó Pochettino. En abril del año pasado, el presidente Alberto Fernández y Carla Vizzotti pusieron en marcha la Estrategia Federal de Abordaje Integral de la Salud Mental, y anunciaron el incremento del presupuesto del área, de 3.700 millones de pesos a 7.700 millones, con el declarado objetivo de saldar la deuda en la implementación de esta ley.

Actividad cultural en el Hospital Psiquiátrico Agudo Ávila de Rosario. Imagen: Andrés Macera. 

Mientras tanto, algunos medios de comunicación fogonean la modificación de la ley. “Resistencias hay, muchas tienen que ver con las corporaciones, con una defensa vinculada a un paradigma de la salud mental que tiene que ver con la psiquiatría más clásica, y nosotros disputamos y no somos pocos. La propuesta nacional también acompaña”, plantea Pochettino, quien asegura que “hay muchas confusiones alrededor de la ley. Hay mucho desconocimiento que conduce a errores, a confusiones. La ley de salud mental no impide internar cuando alguien lo requiere, le pone condiciones de cuidado a esa internación, y le pone plazos, porque nadie tiene que vivir en un hospital, pero sí se puede internar cuando las condiciones lo ameritan”.

Lo más importante es el cambio de foco. No está más en el médico ni en la internación, sino en “el territorio, políticas de cercanía, de prevención, de contar con la comunidad organizada donde se pueda avanzar en un modelo de cuidados para que las personas puedan recibir los apoyos y seguir viviendo en comunidad”.

Ese es también el sentido del ambicioso proyecto que está llevando adelante la provincia de Buenos Aires. Así lo sitúa Calmels: “La ley, en última instancia, es coincidente con el proyecto político en marcha en la provincia, que es un proyecto de inclusión social, totalmente armónico. No es una política de salud mental desacoplada del resto de las políticas provinciales. Hay muchos ministerios que participan del proceso de reforma, hay una comisión con diez ministerios, todo el trabajo estuvo en torno a la reforma de los manicomios, y para eso, un equipo de 50 personas de distintos ministerios que recorrieron los hospitales”. 

Los planes están en marcha. “Tenemos sobre cada hospital un plan de reformas, y ese modelo tiene un componente sanitario que es la ampliación del centro de día, del fortalecimiento de equipos, equipos móviles y otros componentes de cultura, de deportes, de vivienda, de memoria”, agregó Calmels. 

Es una política compleja que requiere presupuestos, equipos de trabajo y sobre todo, decisión política. “La reforma de los neuropsiquiátricos es un movimiento doble”, define la funcionaria bonaerense. Uno de los aspectos es “cerrar salas de internación y externar personas que están ahí dentro sin un criterio clínico de internación, el 42 por ciento tiene más de 10 años de internación, y hay personas que tienen 40 o 50 años de internación, están totalmente desvinculadas de sus historias, sus comunidades, sus núcleos afectivos, sus identidades. Por eso, estos hospitales tienen las lógicas de cualquier institución cerrada, por más que no tienen la puerta con llave, son instituciones totales, todos comen a la misma hora, se bañan a la misma hora, en los baños no hay espejos, se compra ropa para todos iguales, hay pabellones, son todas lógicas de anulación de la subjetividad, la historia y la sexualidad. Está trazado por una cantidad de lógicas de sometimiento y opresión muy fuerte”, describe Calmels, quien subrayó que el interés está en abrir otro modelo. Por eso el punto es “cuál es la alternativa que consideramos es una propuesta de verdad, cuáles son los apoyos para vivir en la comunidad, cómo se construye ese otro andamiaje que haga posible que la vida en comunidad sea una alternativa a la vida en el manicomio”.

En esa apuesta, se cerraron los pabellones de pacientes crónicos, ya no pueden ingresar nuevas personas a quedarse a vivir en los hospitales. “Por otro lado, empezó el proceso de motorizar las externaciones, que implica construir el verdadero desafío de vivir en comunidad”, siguió Calmels. Son cuestiones bien concretas. “A muchas personas hay que acompañarlas a manejarse en colectivo, manejar dinero, cocinar, empezar a incorporarse en proyectos productivos, que puedan tolerar a vivir en comunidad. Tenemos 654 personas externadas, algunas están viviendo con sus familias, sus vínculos afectivos, que los acompañamos, pero hay veces que no hay lugar para volver y otras veces que el lugar para volver no es el mejor lugar”, describe.

Lo más desafiante es la autonomía económica. “Tenemos 181 casas en la comunidad, son casas alquiladas, cómo las alquilan, los hospitales acompañan esos procesos, generamos un convenio con el Banco Provincia, tenemos garantías que el banco les da a las personas, firma un contrato de alquiler alguna de las personas que va a vivir en la casa, tenemos un subsidio para la externación, hay 700 personas con subsidios, además, en general, esas personas tienen subsidio por discapacidad, y trabajamos mucho la idea de vivienda compartida, porque es muy difícil bancar una vivienda sola”, sigue el relato de las acciones.

Quienes pueden trabajar, son acompañados en ese proceso. Con mucho orgullo, Calmels habla del bar Cruz del sur, del hospital Lomas de Zamora, al que las propias externadas le eligieron el nombre. “Hay una línea del Ministerio de Trabajo de la Nación que acompaña emprendimientos, que se llama Promover Trabajo y hay 800 personas con ese esquema, tienen subsidios y van teniendo el ingreso de los proyectos productivos. Eso es parte de los apoyos que acompañan el engancharse en la vida, construir autonomía y dignidad”, considera la funcionaria, quien deslinda esos acompañamientos y apoyo para la vida en comunidad del tratamiento, que se brinda por otro lado.

La inversión es fuerte: en los hospitales generales, ampliaron un 30 por ciento las camas para internación en salud mental, que siempre es el último recurso y por un tiempo breve. Además, incorporaron 38 equipos interdisciplinarios en los hospitales, que son 120 personas solo para atender urgencias en salud mental, ampliaron los equipos móviles territoriales y realizan una capacitación para las fuerzas de seguridad, para la actuación conjunta en casos de urgencia.

La pandemia y la pospandemia dejaron una sociedad en grado de incertidumbre, de sufrimiento. “Estamos trabajando mucho que también es un tiempo de oportunidad y responsabilidad, porque no está dicho todo lo que nos pasó, también es un tiempo de encontrarse socialmente, elaborar dolores, pérdidas, traumatismos, y en la medida que el Estado pudo garantizar un esquema de cuidados, como lo hizo, y la sociedad sostuvo esos cuidados, también es un tiempo de cuidarnos fuera de la pandemia. No sólo la atención de salud mental en el territorio, sino creemos que hay una elaboración colectiva de lo que vivimos”, plantea Calmels.