La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, familiares y sobrevivientes de la causa de lesa humanidad conocida como Villazo, repudiaron que una ex policía federal imputada en ese expediente haya sido autorizada judicialmente para viajar a México. El beneficio, según reprocharon, se conoce a días de haber presentado un pedido en los Tribunales Federales para que comience el debate oral y público por los delitos cometidos a partir de marzo de 1975, en Villa Constitución. "Lejos de fijar fecha para inicio del juicio, el juez Germán Sutter Schneider autoriza a la imputada Carmen Amanda Grossolin, ex policía federal, a salir del país para vacacionar en México", cuestionaron. Desde el equipo jurídico querellante de APDH se hizo un pedido de revocación al permiso ya que "esta decisión pone en riesgo la realización del juicio con la posibilidad de una fuga".
La querella de la APDH, sobrevivientes y familiares hicieron el reclamo tanto de manera formal como en un documento público que reunió adhesiones ayer. El escrito judicial tiene que ver con un recurso ante el Tribunal Oral N°1, por el que rechazan "la vergonzosa y humillante autorización", para un viaje que está previsto "entre el 26 de mayo y el 3 de junio". Ante ello, aseguran que es "una medida arbitraria, ya que la imputada está acusada por 23 hechos de privación ilegal de la libertad agravada y recientemente se agravó su situación con tres hechos nuevos, entre ellos el delito de asociación ilícita, incrementando de esta manera la peligrosidad procesal".
Como parte de los fundamentos, indicaron que "la única medida que pesa sobre la imputada data de 2019 y es una orden de prohibición para salir del país, que el juez está burlando y dejando sin efecto. La autorización fue hecha sin siquiera seguir los procedimientos legales, ya que no fue notificada al Ministerio Público Fiscal ni a los querellantes", cuestionaron.
En el documento difundido ayer lamentaron: "Una vez más el poder judicial muestra su triste y soterrada connivencia con los genocidas. Entendemos que esta decisión pone en riesgo la realización del juicio con la posibilidad de una fuga de una criminal de lesa humanidad. Por eso, el equipo jurídico ha solicitado que se revea la situación y se ordene revocar el beneficio. Caso contrario, acudiremos ante tribunales superiores".
La decisión judicial se conoció días después del pedido de una fecha de inicio para el juicio. "Mientras la imputada es autorizada a vacacionar en la paradisíaca Playa del Carmen, México, sobrevivientes y familiares de Terrorismo de Estado esperan justicia en su lucha incesante de 48 años", dijeron. Y recordaron que "el 20 de marzo realizaron una concentración más en Tribunales, donde protestaron y exigieron el inicio del juicio que lleva más de 10 años de trámite. Sufriendo todas las demoras posibles de la burocracia judicial".
Para quienes hacen el reclamo, "en este largo e inclaudicable camino para romper la impunidad del Terrorismo de Estado, enfrentando cómplices, burócratas y despistados de distintos niveles, acompañamos a sobrevivientes y familiares, exigiendo el inicio del juicio, la no concesión de beneficios y las correspondientes condenas a quienes perpetraron el último genocidio sufrido por nuestro pueblo".
Al mismo tiempo, recordaron que el año pasado se le otorgó a la misma imputada un beneficio similar para viajar a Brasil, que es citado, aunque "sin indicar cómo influye esa primera autorización en la decisión (actual)". Y agregaron: "El destino es más distante (México), por lo cual aumenta la probabilidad de eludir la justicia mediante una fuga y por ende incrementa el riesgo de peligrosidad procesal", que "no es el mismo que en 2022 si consideramos que el juicio tiene fecha probable de inicio este año y hay una nueva imputación por asociación ilícita".
El recurso presentado tuvo adhesión, además, del Concejo de Villa Constitución, desde donde entendieron que la resolución "busca dilatar el inicio del juicio".
