Los Ministerios Públicos de la Argentina y de Brasil denunciaron las trabas impuestas por los gobiernos de ambos países contra el avance de la investigación del caso Odebrecht. Afirmaron que ambos Ministerios de Justicia “presentan obstáculos y requerimientos que constituyen injerencias indebidas” e impiden el funcionamiento del Equipo Conjunto de Investigación acordado para investigar las coimas pagadas por la empresa constructora brasileña.
En un comunicado conjunto, los procuradores generales Alejandra Gils Carbó y Rodrigo Janot recordaron que el 22 de junio se acordaron los términos del Equipo Conjunto de Investigación (ECI) propuesto por el Ministerio Público argentino y aceptado por el brasileño. Remarcaron que la creación del ECI busca que los Fiscales de ambos países que trabajan en el caso Odebrecht puedan “compartir información y coordinar trabajos, con el objetivo de avanzar en las investigaciones y condenar a los culpables”.
En la Argentina uno de los inconvenientes para acceder a toda la información ofrecida por los 77 ejecutivos de la constructora que acordaron delaciones premiadas en Brasil es que en el acuerdo que alcanzaron con los fiscales brasileños se les garantizó que no se entregarían datos que los involucren en procesos judiciales en otros países. El convenio firmado entre los procuradores pone en práctica una herramienta prevista en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción que permitiría que los fiscales argentinos accedan a la información.
Sin embargo, los Ministerios Públicos advirtieron que no se pudo avanzar en ese sentido debido a trabas de parte de los gobiernos de Mauricio Macri y Michel Temer. Denunciaron que los Ministerios de Justicia de ambos países, que son las autoridades centrales en materia de cooperación jurídica internacional, “presentan obstáculos y requerimientos que constituyen injerencias indebidas en el desarrollo de los acuerdos”.
Además, objetaron las intenciones de ambos Ejecutivos de intervenir en las investigaciones. Por un lado, Gils Carbó y Janot apuntaron que el Ministerio de Justicia brasileño “exigió una intervención directa en la redacción del Acuerdo de Constitución del ECI” para que las pruebas compartidas en ese marco de cooperación sean “tramitadas por las autoridades centrales”. Por otro lado, señalaron que la Cancillería argentina propuso que la creación del Equipo Conjunto de Investigación sea a través de “un tratado internacional negociado por los Poderes Ejecutivos”. “Ambas solicitudes desvirtúan la herramienta de cooperación entre los órganos judiciales competentes para la investigación”, expresaron los Ministerios Públicos.
Desde que el escándalo de corrupción conocido en Brasil como Lava Jato empezó a salpicar hacia distintos países de la región, incluida la Argentina, el gobierno de Macri intentó ponerse al frente de la causa y pasar por encima de los jueces y de la procuradora Gils Carbó, contra quien mantiene una intensa campaña para separarla de su cargo.
En busca de un “Lava Jato controlado”, el ministro de Justicia, Germán Garavano, mantuvo reuniones con representantes de la empresa brasileña para conseguir un acuerdo para que entreguen al Ejecutivo, a través de la Oficina Anticorrupción, la información de las coimas que pagaron en el país. También realizó un viaje a Estados Unidos en el que intentó obtener información que la constructora entregó a la justicia norteamericana, de donde trascendió que 35 millones de dólares en sobornos de la compañía fueron destinados a la Argentina. Ambos intentos fracasaron.
El Gobierno incluso quiso imponer en el Congreso durante el debate de la Ley de Responsabilidad Empresaria un artículo que habilitaba al procurador General del Tesoro a hacer “acuerdos administrativos” por fuera del ámbito judicial y con retroactividad con empresas imputadas por corrupción. El llamado “artículo Odebrecht” finalmente fue rechazado con 131 votos negativos de la oposición ante los 87 del oficialismo.
Hasta el momento, Odebrecht es investigada en la Argentina por sobornos en tres obras públicas: el soterramiento del Sarmiento, la planta potabilizadora de Paraná de las Palmas y los gasoductos Norte y Sur. En la primera de esas obras se encuentra involucrada también la empresa IECSA, que en 2007 pasó de las manos de Franco Macri a las de su sobrino Ángelo Calcaterra. El diario O Estadao de San Pablo informó en febrero que la investigación brasileña por la coimas de Odebrecht identificó cinco correos electrónicos en los que se acuerda el pago de 20 millones de dólares en sobornos por el soterramiento. Apenas un mes después el primo del mandatario se desprendió de la compañía y la vendió a Pampa Energía, dueña de Edenor.
El entorno del Presidente también fue involucrado por la declaración de Leonardo Meirelles, un financista de Odebrecht que mencionó a IECSA y afirmó haber realizado transferencias en 2013 por al menos 850 mil dólares a una cuenta en Suiza del hoy titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, íntimo amigo de Macri. A pesar de los datos de las transferencias, Arribas fue sobreseído velozmente por el juez Rodolfo Canicoba Corral, fallo que fue confirmado con aun más velocidad por la Sala III de la Cámara de Casación Penal antes de que se pudiera acceder a nueva información sobre los pagos.
