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"Lo asesinaron, lo desnudaron, lo ataron a la base de un mástil y lo desaparecieron. Siete días más tarde se encontró su cuerpo sin vida. El 15 de mayo de 2020, la Policía de Tucumán mató a Luis Espinoza. Ayer (por el martes) se condenó a 9 de los 11 imputados por el crimen". De esta manera, Amnistía Internacional Argentina sintetizó el crimen del trabajador rural de Simoca, ocurrido en un operativo policial con vehículos y ropa civiles que presuntamente fue a disolver una carrera cuatrera (clandestina) de caballos en los primeros meses de la pandemia por coronavirus. Cuatro policías implicados fueron condenados a prisión perpetua, entre ellos el comisario de la localidad de Monteagudo y el autor material del disparo que mató a Espinoza, y otros cinco recibieron penas de entre 5 y 12 años de cárcel. "El control y la rendición de cuentas es un requisito indispensable de toda actuación de las fuerzas de seguridad para desarticular la impunidad", expresó esa organización.
Sin embargo, la unánime ponderación de la sentencia se vio opacada por un allanamiento que la policía realizó ayer en la casa de los Espinoza, en busca de pruebas de que la familia mató a un cerdo. Los uniformados llegaron en siete camionetas y revolvieron todo --incluso los cajones de ropa interior de las hijas-- hasta que se hicieron presentes representantes de organismos de derechos humanos.
Por su parte, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación acompañó a la familia durante el proceso y participó como observadora y amicus curiae en el juicio oral que había comenzado el 26 de octubre. "Hoy se dio un paso importante en la respuesta que dan las instituciones del Estado ante hechos de violencia institucional como el que sufrió Luis Espinoza. Los policías que usan sus armas y su autoridad para asesinar ciudadanos terminan presos", dijo el secretario Horacio Pietragalla. "La mejor manera de cuidar a los policías es inculcarles el respeto irrestricto a los derechos humanos y a las leyes, esas son las fuerzas que queremos", agregó. La Secretaría describió que Luis y Juan Espinoza fueron víctimas de un operativo represivo de la Policía de Tucumán en la localidad de Melcho, departamento de Simoca. "Juan cayó de su caballo y comenzó a ser golpeado por los efectivos policiales. Al interceder frente a los golpes que estaba recibiendo su hermano, Luis fue asesinado. Luego de ello, los policías montaron un operativo para desaparecer el cuerpo de Luis, arrojándolo a 100 metros de profundidad en un barranco y fue encontrado siete días después del hecho", recordó Pietragalla.
Las condenas
"Hubo crueldad --dijo la querella en su alegato--, no le dieron información a la familia de que su hijo estaba muerto y cruzaron toda la provincia con su cuerpo en el baúl para hacerlo desaparecer". Pero no lo lograron porque la desaparición seguida de muerte de Espinoza llegó a los medios y así se rompió el pacto de silencio policial para dar con su cuerpo. "Todos me pidieron perdón pero no tienen perdón de Dios ni nuestro, no significa nada para mí lo que dijeron, son unos corruptos y delincuentes, lo que hicieron no tiene ninguna explicación", dijo Gladys Herrera sobre el final del juicio por el crimen de Luis y la privación abusiva de la libertad de su hermano, Juan Espinoza. A los pocos minutos el Tribunal Oral Federal de Tucumán --integrado por los jueces Carlos Jiménez Montilla, Abelardo Jorge Basbús, Enrique Lilljedahl y Juan Carlos Reynaga-- condenó a los policías José Alberto, Morales, Rubén Montenegro, Esteban González Rojas y Claudio Zelaya a prisión perpetua; Miriam González recibió 12 años de pena, Víctor Salinas 7, Carlos Romano 5, José María Paz y René Ardiles 5, en tanto los civiles Héctor Villavicencio y Álvaro González González fueron absueltos. La reparación económica, solicitada por el fiscal Pablo Camuña y no por la familia, fue de 20 millones (18 para los hijos de Luis y 2 para Juan).
Morales, autor del disparo homicida, pidió ser absuelto con el argumento de que él hizo disparos al aire. Lo mismo solicitó el comisario Montenegro, acusado de ser el autor del plan de encubrimiento y la desaparición. El jefe policial dijo que le plantaron el cuerpo en el baúl, que se puso nervioso y no sabía qué hacer, por eso fue con sus subordinados hasta otra provincia para ocultar el cuerpo. Los demás imputados también pidieron perdón a la familia por no haber hablado a tiempo mientras toda la comunidad de la zona de Chicligasta buscó a Luis Espinoza por ocho días en forma desesperada.
Carlos Garmendia, abogado de la familia junto a Cinthia Campos, había explicado a Página/12 que no se juzgó una desaparición forzada, porque a Luis "lo mataron en el lugar y luego ocultaron su cuerpo". Siete días después del crimen, la fiscalía y la policía judicial tucumana encontraron el cuerpo de Espinoza en alta montaña, en medio de precipicios y vegetación tupida, a pocos metros de Alpachiri del lado tucumano y del departamento catamarqueño de Andalgalá, por la ruta 65. Bomberos voluntarios tuvieron que colgarse con arneses, entre una densa niebla, hasta que, en una de las barrancas, a 150 metros de profundidad, hallaron el cadáver envuelto en nylon negro con una bolsa blanca en la cabeza. Fue reconocido por su hermano Juan.
A la familia de Espinoza, como a la de Fernando Báez, le hicieron creer que si no es perpetua no hay justicia. En esta sentencia hubo cuatro penas máximas pero los familiares hubieran querido que fueran todas así, y que no hubiera absoluciones.
