Desde Lima

La derecha intentó impedir la presentación del informe anual de Amnistía Internacional. No lo consiguió. Un informe a nivel mundial que en el caso del Perú denuncia graves violaciones a los derechos humanos -la muerte de manifestantes por disparos de las fuerzas de seguridad y detenciones arbitrarias- en la represión a las protestas sociales contra el gobierno de Dina Boluarte. La municipalidad del distrito limeño de Miraflores, administrada por la ultraderecha que gobierna con Boluarte, ordenó el cierre del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM), un espacio de memoria y reflexión sobre el conflicto armado interno de los años 80 y 90 y las violaciones a los derechos humanos, donde el martes debía presentare el informe de Amnistía. El cierre del LUM se realizó horas antes de la presentación de este informe. Después de una rápida gestión de última hora de Amnistía, el informe pudo presentarse la noche del martes en un hotel de Lima.

El informe

El informe de Amnistía cuya presentación se quiso impedir denuncia “el uso ilegítimo de la fuerza”, que incluye disparos con fusiles de guerra, contra las protestas que demandan la renuncia de Boluarte y el adelanto de elecciones. Desde que estallaron las protestas luego que el 7 de diciembre Pedro Castillo fue destituido y apresado, y reemplazado por Boluarte, 49 manifestantes han muerto por disparos de policías y militares. El total de fallecidos en el marco de las protestas son 67. Hay más de mil heridos, muchos de ellos por armas de fuego. Las más altas autoridades del gobierno han respaldado a las fuerzas de seguridad acusadas de disparar contra los manifestantes. Amnistía ha definido la represión gubernamental como “crímenes contra el derecho internacional” y ha denunciado que tiene “un sesgo racista”. La mayoría de las víctimas son de poblaciones andinas quechuas y aymaras.

“La situación de los derechos humanos en el Perú es muy preocupante. El sesgo racista en la represión ha sido decisivo. La impunidad es una de las principales preocupaciones. Hay muchos muertos en las protestas y no hay nadie detenido por eso. Pedimos investigación en toda la cadena de mando. Si no se da justicia en el Perú, se tendrá que ir a instancias internacionales”, señaló Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú.

La izquierda ha planteado en el Congreso la destitución de Boluarte por la represión a las protestas. Este jueves se debatirá si se admite iniciar el proceso de destitución de la presidenta, para lo que se necesitan 52 votos de los 130 congresistas, un objetivo difícil en un Congreso dominado por la derecha. Si se alcanzan esos votos, Boluarte tendrá que ir al Congreso a responder por los muertos durante la represión. Pero el apoyo que tiene de la derecha y la ultraderecha la blindan de una posible destitución, para lo que se requieren 87 votos.

El intento de censura

El intempestivo cierre del LUM buscaba impedir la presentación del informe de Amnistía, pero es una decisión que va más allá de eso. Desde la derecha se quiere terminar con este importante espacio de memoria abierto en 2015, donde se recuerda la violencia del Estado y de los grupos armados Sendero Luminoso y MRTA entre 1980 y 2000. Violencia que dejó cerca de 70 mil muertos, el 75 por ciento pobladores andinos quechuahablantes. La derecha busca reescribir la historia ocultando, haciendo olvidar, las matanzas de comunidades campesinas, los secuestros, torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones, producidos por la violencia estatal. Como parte de ese propósito apuntan al cierre del LUM, que presenta de una forma equilibrada la historia completa.

La decisión de cerrar el LUM la tomó el alcalde de Miraflores, Carlos Canales, distrito donde se ubica el museo, en una construcción financiada por el gobierno alemán que se encuentra en los acantilados frente al mar. Canales, del partido de ultraderecha Renovación Popular, quiso restarle importancia a este cierre diciendo que era temporal por la falta de actualización de un certificado de seguridad de las instalaciones, el que está en trámite.

Esta decisión del alcalde de Miraflores está en la línea de lo anunciado por su jefe político, el alcalde provincial de Lima, el fascista Rafael López Aliaga, presidente de Renovación Popular y excandidato presidencial. Al asumir como alcalde en enero, López Aliaga, conocido como “Porky”, amenazó cerrar el LUM, o entregarlo a las fuerzas armadas para que ellas cuenten “su historia” del conflicto armado interno. “Basta ya de estos muesos de memoria y reconciliación”, dijo López Aliaga. Una afirmación dada como una orden para el alcalde de Miraflores, miembro de su partido.

Abusivo e ilegal

Manuel Burga, director del LUM, ha calificado su cierre como “abusivo e ilegal”. Ha señalado que ellos cumplen con las normas de seguridad y que está en trámite la renovación del certificado que exige la municipalidad. Ha denunciado que para justificar el cierre, la municipalidad les cuestiona “cosas como que la alarma de humo está de manera vertical y debe estar horizontal, o que una escalera tiene muchos pasos”. El Ministerio de Cultura, del cual depende el LUM, emitió un comunicado respaldando la decisión municipal de cerrarlo.

En declaraciones a Página/12, Gloria Cano, directora de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), señaló que la falta de un certificado municipal “ha sido un pretexto para el cierre del LUM cuando se iba a presentar el informe de Amnistía, que es contundente sobre las violaciones a los derechos humanos en el país”. Advirtió que el objetivo es que el LUM desaparezca. “La derecha que está gobernando con Boluarte se siente empoderada y por eso atropella el LUM. Están en el ánimo de obstruir la misión del museo, que es mantener la memoria. La intención es el cierre definitivo del museo”.