La Corte Constitucional resolvió avanzar en un proceso de juicio político contra el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso. Durante una sesión extraordinaria, los nueve magistrados que componen el máximo tribunal de justicia dieron lugar al pedido del poder legislativo con seis votos a favor y tres en contra.
La acusación contra Lasso fue impulsada por la mayoría opositora que lidera el expresidente Rafael Correa en la Asamblea Nacional, y hace referencia a presuntos delitos contra la administración pública, como malversación de fondos o peculado. Ahora el dictamen deberá pasar por la Comisión de Fiscalización del Congreso para recabar pruebas y que Lasso ejerza su derecho a la defensa.
"En el análisis del procedimiento se encontró que, la solicitud presentada y el trámite seguido hasta aquí en la Asamblea Nacional, se han respetado los principios de legitimidad política y del debido proceso", precisa la Corte en su fallo. El alto tribunal dejó sentado también una "falta de prolijidad en la activación" de la figura del juicio político, algo que, sin embargo, no influye en el fallo.
"El pleno resolvió inadmitir las dos acusaciones relativas al presunto delito de concusión y admitir la acusación de juicio político relacionada con el presunto delito de peculado", advierte el comunicado que publicó la Corte. El tribunal no hizo lugar a otros supuestos delitos que también fueron denunciados por el poder legislativo. La Corte considera que no había argumentos para imputar al mandatario ecuatoriano con el delito de concusión (cuando un funcionario en uso de su cargo público exige dádivas o contribución).
El turno de la Asamblea Nacional
La censura al jefe de Estado sólo podrá aplicarse si la Asamblea, integrada por 137 legisladores, consigue una mayoría de 92 votos, equivalentes a dos terceras partes de la cámara, y de no obtenerlos, el proceso se archivará. Además la acción legislativa puede incluir un pedido para que la Fiscalía y otros organismos de control del Estado investiguen las denuncias contra el mandatario y se incluyan en una eventual instrucción del Ministerio Público.
El Congreso, de mayoría opositora aunque dispersa, volvió a la carga contra Lasso luego de la divulgación de un informe del medio digital La Posta, que reveló una supuesta estructura de corrupción desplegada para la asignación de cargos públicos en empresas estatales a cargo de Danilo Carrera, un cuñado de Lasso sin cargos en el gobierno. En el caso también está implicado Hernán Luque, exdelegado del presidente en el directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas, y el empresario Rubén Cherres, cercano a Carrera y quien está siendo investigado por la Fiscalía por narcotráfico.
"¡Chau Guillermo!"
Aunque rechazó el fallo de la Corte, el gobierno ecuatoriano dijo que lo respeta. "Esta decisión de ninguna manera valida los argumentos planteados por la legislatura en contra del presidente", apuntó la Secretaría General de Comunicación del Gobierno en un comunicado. Lasso niega enfáticamente y acusa a la oposición de urdir un "golpe de Estado parlamentario" en su contra, tal y como dijo el sábado en su intervención en la Cumbre Iberoamericana, celebrada en Santo Domingo.
Por su parte, el expresidente Rafael Correa celebró la decisión de la Corte Constitucional. "¡Chau Guillermo! Un tipo tan ruin y básico como tú jamás debió ser presidente. Ahora irás, con sobra de merecimientos y junto a tu compinche (el expresidente) Lenín Moreno, al tacho de la basura de la historia", escribió el exmandatario en su cuenta de Twitter.
La asambleísta Viviana Veloz, quien presentó el pedido de juicio junto a otros 58 legisladores, dijo que "Lasso será enjuiciado políticamente y tendrá que responder por sus horrores e incompetencias ante la Asamblea". Los asambleístas sostienen que el presidente, de 67 años, se encargó de "proteger los vínculos de una estructura criminal en las empresas públicas".
¿Qué pasa si Lasso es destituido?
En junio de 2022, Lasso ya salvó una situación similar por pocos votos, cuando en medio de las protestas lideradas por el movimiento indígena contra la política económica de su Gobierno y la carestía de la vida, la oposición planteó una moción de destitución presidencial que no prosperó. En caso de que este nuevo intento prosperara, una de las posibilidades es que continúe la línea sucesoria el vicepresidente, Alfredo Borrero. Sin embargo, la prensa ecuatoriana no descarta la posibilidad de que el mandatario utilice el recurso conocido como "muerte cruzada".
Se trata del artículo 148 de la Constitución que permite al presidente disolver la Asamblea con aval de la Corte y convocar a elecciones generales. Solo podría hacerse en presencia de tres causales: que el poder legislativo se arrogue funciones que no le corresponden, que obstruya el avance del Plan de Desarrollo (una guía de políticas públicas establecida por la Constitución) y en caso de crisis política e institucional.
