"En mi país hay quienes proponen que la venta de armas se libere", sostuvo el presidente Alberto Fernández en su reunión con su par de Estados Unidos, Joe Biden, a días de la masacre en la escuela de Nashville. El señalamiento del mandatario fue una crítica elíptica a las posiciones del diputado Javier Milei y la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich que en este año electoral buscan hacer campaña con posiciones de "mano dura". En ese contexto, especialistas y referentes de organizaciones de derechos humanos advierten sobre los peligros de esos discursos como falsas soluciones al problema de la inseguridad. 

"Estos discursos se enmarcan en el modo en que era evidente que iba a transcurrir esta campaña, alrededor de lo penal, pero ya ni siquiera se discuten políticas públicas en torno al delito sino se expresa lo más rancio del punitivismo", lamenta la abogada Claudia Cesaroni, integrante del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC) y advierte: "Estamos trayendo prácticas políticas, leyes, de Estados Unidos y del mundo aglosajón, que subvierten nuestra lógica, nuestra propia política de ejecución de las penas".

Por su parte, Roberto Cipriano, abogado y secretario del Comité Provincial por la Memoria (CPM), indica que la posibilidad de liberar la portación de armas solo "generaría más violencia". "La inseguridad no es un problema que se va a resolver con liberar la portación, se trata de poner en práctica otras políticas, se trata solo de discursos de derecha", advierte.  

En ese sentido, Cipriano señala el trabajo de control y regularización de la portación de armas que lleva adelante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), que da como resultado "un país que no tiene un alto índice de delitos con armas, un sistema que funciona porque no existen problemas sociales como los que vemos en Estados Unidos, donde cada cierto tiempo vemos matanzas en escuelas". 

Por su parte, la abogada y referente de la Correpi, María del Carmen Verdú, aporta una realidad compartida por sus pares: "Si no tenés un arma cargada en tu casa, no matás a nadie. Todos los años registramos casos, por ejemplo, de un señor que escucho ruido en su casa, sacó su arma y mató al nieto porque se había olvidado la llaves".  

El incremento de los casos dolosos por posesión de armas puede observarse en los registros sobre femicidios. Según datos de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, entre 2017 y 2020, el 24% por ciento de los femicidios ocurrieron con uso de armas de fuego. En tanto, el Archivo Anual de la Correpi aporta otro dato significativo: el 95% de los femicidios protagonizados por agentes de las fuerzas de seguridad ocurren con el uso de las armas reglamentarias fuera de servicio. 

La creación de un sentido común de derecha 

Bulrrich ya había marcado su posición respecto de la libre portación de armas durante su gestión como ministra de Seguridad, cuando en noviembre de 2018 dijo: "El que quiera estar armado, que ande armado, el que no quiere que no ande armado. La Argentina es un país libre". Pero tras las declaraciones de Alberto Fernández en la Casa Blanca insistió en su discurso: "Presidente: sáqueles las armas a los delincuentes y asesinos. Póngase del lado de los ciudadanos y de las fuerzas de seguridad, no de los criminales", publicó en sus redes.  

"Es un desacierto pensar que proveer de armas a la población va a traer más seguridad. La inseguridad existe, los delitos existen, pero Argentina es un país con baja tasa de homicidios dolosos, un índice similar al de países europeos que están en 3 o 4 por ciento cada 100 mil y no como países de la región, como Brasil, donde esa tasa llega al 40 por ciento", señala Cipriano.  Según datos del Ministerio de Seguridad, entre 2017 y 2020, la tasa de homicidios dolosos promedió los 5,3 hechos cada 100.000 habitantes en la Argentina. 

Además de Bullrich y Milei --quien ya en 2022 se confensó "a favor de la libre portación de armas"--, candidato provinciales como el tucumano Ricardo Bussi --hijo del genocida Antonio Bussi-- lleva entre sus propuesta la libre portación de armas. En ese tono, el ex secretario de Seguridad de Santa Fe y precandidato a gobernador por Juntos por el Cambio, Maximiliano Pullaro, adelantó que volvió a tramitar el permiso de portación de armas para "tener un cuidado mío" durante la campaña y dijo rechazar el ofrecimiento del fiscal de Delitos Complejos, Matías Edery, de colocarle una custodia policial por la amenaza que recibió mediante una nota intimidatoria. 

"Son posiciones efectistas, violentas y peligrosas. Ni siquiera se discuten políticas públicas de seguridad, sino este tipo de medidas individuales. Para un político es ponerse en un lugar separado del resto", analiza Cesaroni y advierte que lo que buscan estos discrusos de derecha es "crear una masa crítica para implementar políticas más duras". 

En ese sentido, vuelve sobre el debate público que planteó por las condenas del caso Báez Sosa: "Sabemos que legalmente en la Argentina no puede haber pena de muerte, pero lo imponen por demanda y se concreta con la pena de prisión de por vida". Esta semana, durante las palabras en memoria de las víctimas de la última dictadura militar en la Cámara de Diputados, la diputada Myriam Bregman se refirió también al "sentido común de derecha" que el bloque negacionista de Javier Milei busca instalar al desconocer a los 30 mil desaparecidos.

Plan de desarme, un acuerdo sin grietas 

Más allá de las ideas que buscan instalar en el debate público precandidatos como Milei o Bullrich, desde 2007, existe un amplio acuerdo político de todas las fuerzas en avanzar en un Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego. El programa se creó en 2007, durante el gobierno de Néstor Kirchner, y fue prorrogado por el Congreso desde entonces, pasando por los gobiernos de Cristina Kirchner y Mauricio Macri, aunque con una disminución notaria del impacto de la campaña.  

La última prórroga se votó en la Cámara de Diputados en septiembre de 2022, el respaldo de los legisladores fue casi unánime: 189 votos afirmativos, 13 negativos y una abstención. ¿Cuáles fueron los votos en contra de prorrogar el plan de desarme? Doce de ellos fueron de Juntos por el Cambio, entre ellos,  el presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro; el precandidato a jefe de gobierno porteño Ricardo López Murphy; y el referente nacional del PRO Oscar Schiavoni. El voto restante fue de la diputada de La Libertada Avanza, Victoria Villaruel. Su compañero de bancada, Javier Milei, estuvo ausente de la sesión.   

Desde su puesta en funcionamiento, el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego recibió 200 mil armas de fuego y más de 2 millones de municiones. Sin embargo, en su último informe de Plan Estratégico, la Anmac advirte que en 2016, primer año de la gestión de Mauricio Macri, "no se recepcionaron armas de fuego",  mientras en 2020 y 2021, primero años del gobierno del Frente de Todos, "la recepción se vio afectada principalmente por el contexto de pandemia Covid-19" y la demora en la votación de la prórroga. 

Desde diciembre de 2019 la Anmac recibió más de 35.000 armas de fuego, casi 70.000 municiones, y destruyó más de 55.000 armas de fuego y más de 10 toneladas de municiones, superando las metas establecidas por Argentina en la Agenda 2030 de la ONU. Sin embargo, la disminución de la recepción de amas en el programa es marcada si se observa a lo largo de las cuatro gestiones que transcurrieron: 108.028 (2007-2010) 67.650 (2011-2015) 30.076 (2016-2019) 3.260 (2020-2022). 

"El plan ha desminuido mucho sin difusión pública, se pasaban avisos por televisión, había actividades en los barrios, se buscan personas relevantes que participaran de la campaña", repasa Cesaroni desde la experiencia personal y retoma el análisis sobre el acuerdo político en torno al plan de desarme y, en particular, sobre la respuesta de Bullrich al presidente esta semana: "El plan de desarme tiene una mirada puesta en el desarme de las villas, de 'los peligrosos', pero se mantiene un plateo de que 'los buenos', los decentes, los blancos, tienen derecho a armarse para defenderse".

Armas en la Argentina

El debate en torno a la libre portación de armas invita a pensar cuál es la situación actual en el país. La actual regulación de armas, a cargo de la Anmac, exige una serie de requisitos legales --ser mayor de edad, no contar con antecedentes penales, pasar una exámen psicofísico, demostrar medios lícitos de vida-- para acceder a una "credencial de legítimo usuario", que los habilita a tener armas en su domicilio y a transportar, descargadas, armas de su propiedad o de terceros debidamente registradas con fines lícitos (tiro deportivo, caza, entre otros). 

El uso de un arma de fuego en un hecho de "legítima defensa" no es un derecho sino que debe ser demostrado ante el Poder Judicial, mientras que el Codigo Penal castiga con condenas de 1 a 4 años de prisión a quienes utilicen armas de fuego sin debida autorización. 

De acuerdo a la información remitida por la Anmac para el informe de gestión que realizó esta semana el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, en la actualidad la Anmac  informa que, a nivel nacional, el total de Credenciales de Legítimo Usuario de Armas vigente es de 267.946. 

De esos permisos, 259.281 (96,7%) son varones; 8.660 (3,2%) mujeres; y 5 (0,001%) no se identifican con ninguno de los antes mencionados. La cifra de legítimos usuarios es marcadamente inferior al 1.088.512 registrados en 2021, diferencia que se explica por un alto porcentaje de crendenciales que fueron dadas de baja en el último año o que están en proceso de notificación para actualizar la regularización. 

Respecto de las "credenciales de portación" vigentes, la Anmarc señaló que hay vigentes 21.805 en todo el país, de las cuales el 96,5% corresponden a varones. Los mayores registros de portación coinciden con las provincias que registran los mayores conglomerados urbanos y fuerzas de seguridad locales: Buenos Aires (11.733), Ciudad de Buenos Aires (2.623), Córdoba (2.539) y Santa Fe (1.211). 

"El nivel de armas en la población Argentina es bajo comparado con sociedades como Estado Unidos, pero hay más armas en poder de civiles que en poder de las fuerzas de seguridad. No es para nada baja la cantidad y se ve cotidianamente", advierte la abogada de Correpi, María del Carmen Verdú.

El comentario de la referenta de la Correpi se traduce en el desglose que la Anmac realizó en su "Plan Estratégico" sobre la cifra de 1.088.512 de credenciales emitidas en 2021. Alrededor de un 78,7 por ciento eran usuarios individuales, un 20,5 por ciento eran integrantes deFuerzas Armadas o Fuerzas de Seguridad, mientras que 0,5% eran Usuarios Comerciales (fabricantes o exportadores), Cinegéticos (cotos de caza) y Entidades de Tiro; y 0,4% son Usuarios Colectivos (museos o coleccionistas). 

Además, según la Encuesta Nacional de Victimización realizada por el Indec en 2017, se estimó que había presencia de armas de fuego en 3,9% de los hogares argentinos, representando una cantidad estimada de 3 a 4 millones de armas de fuego en estado registral irregular en circulación.

Los datos de la situación en la Argentina también pueden corroborarse en el relavamiento internacional que realiza la organización suiza Small Arms Survey, cuyos registros indica que en la país existen 3.256.000 de armas en manos de la población civil, o sea 7,3% de la población, de las que más del 50% circulan de forma irregular. El número se pone en contexto al ver otras realidades regionales como la de Brasil con 17.510.000 armas en manos de civiles (8,2% de la población) o Chile con 2.220.000 armas en manos de civiles (12,1% de la población). 

En America del Norte las cifras registran una aumento sideral. En Estados Unidos, la organización suiza, estima que hay en manos de civiles 393.347.000 de armas (120% de su población), en México 16.809.000 (12.9%) y en Canadá 12.708.000 (34.7%). 

La prohibición a la portación a las fuerzas de seguridad fuera de servicio

"Estamos en contra de la portación de armas en manos de civiles, pero vamos más allá por la prohibición de la portación de armas en fuerzas de seguridad fuera de servicio", sostiene Verdú con los resultados del Archivo Anual de la Correpi recientemente presentados. El informe de Correpi destacó este año la política aplicada por la ex ministra de Seguridad Sabina Frederic, en marzo de 2020, cuando decidió que las Policía de Seguridad Aeropuetuaria (PSA) dejaría de usar sus armas reglamentarias fuera de servicio.  

"Si bien es una de las fuerzas con menos incidencia, por ser la menos numerosa, todos los años teníamos casos de gatillo fácil registrados de agentes de esa fuerza fuera de servicio o como civiles. Desde marzo de 2020, no tenemos un solo caso registrado. Es una medida efectiva", sostiene Verdú.  

En ese sentido, la Correpi también registro, entre 2020 y 2022, "un descenso rela­tivo, pero sostenido, de los fusilamientos de gatillo fácil, especialmente los de autoría de fuerzas de seguridad federales", por las medidas tomadas por Frederic al de­rogar los protocolos de la ex ministra Bullrich, respecto de la "doctrina Chocobar", que habilitaba a disparar a personas incluso desarmadas. 

"La prohibición a todas las fuerzas de portar y usar el arma reglamentaria fuera de servicio o de civil tendría un resultado aún más manifiesto, ya que el 66% de los fusilamientos de gatillo fácil y el 95% de los femicidios de uniforme ocurren en esas circunstancias", sostiene el informe de la Correpi. 

Con esta mirada de debatir políticas concretas de seguridad y no consignas de campaña como los que surgen en este año electoral por parte de los candidatos de la derecha, Cesaroni reflexiona: "Cuanto más se construye una idea más permite que entre en el sentido común. Por ejemplo, la idea de 'llenar la calle de policías', algo que es físicamente imposible. Pero eso es discutir la espuma del problema. ¿No será que los niveles de violencia surgen porque tenemos un 40% de pobreza? ¿No será una consecuencia de una violencia estructural social y económica? Con este tipo de discursos lo que queda flotando es el 'arreglate como puedas'. Pone una alarma, pone rejas o, el que sabe usar un arma, que se compre un arma".