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Rosario fue sede del ciclo "Diálogos desde experiencias nacionales: Dictaduras y Democracias en la región, avances y deudas pendientes (Colombia-Argentina)". El encuentro plasmó el objetivo de los organizadores de crear un espacio de reflexión colectiva en torno a realidades que tuvieron contextos y dimensiones diferenciadas, pero que en el presente pueden pensarse en camino a la construcción de democracias amplias y representativas de todos los sectores socioculturales de la Región Latinoamericana y Caribeña. Organizado por la dirección de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, el Centro de Abordaje Interdisciplinario de lo Sociocultural y la secretaría académica de la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR, el ciclo contó con la presencia de los abogados colombianos David Teleki y María Angélica Sánchez Julio, quienes se refirieron a las diferentes instancias que se vivieron en Colombia durante el conflicto armado, los procesos de acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC, y también sobre la situación actual de los líderes sociales que fueron detenidos durante las protestas del 2021.
El interés de propiciar diálogos entre las experiencias particulares de Colombia y Argentina, articulando la contemporaneidad desde el pasado que ha situado a cada país en encrucijadas que aún no han sido resueltas y en algunos casos han empeorado, fue el eje que los organizadores del ciclo anticiparon para revisar las situaciones nacionales. "Con énfasis en algunas situaciones locales, Rosario desde Argentina, y Valledupar desde Colombia, como escenarios territoriales conflictivos, cada una con su particularidad pero en un contexto mundial que concentra privilegios y aumenta desigualdades", plantearon.
La UNR participó en el Foro de Unesco y en ese marco se cursó la invitación a los abogados colombianos. "La idea de traerlos tuvo que ver con lo comparativo de los procesos regionales en una trama histórica larga, de nuestra dictadura al presente, y en el caso de Colombia, el conflicto armado", dijo a Rosario/12 la antropóloga Edith Cámpora, directora del Centro de Abordajes Interdisciplinarios de lo Sociocultural de la UNR.
Los organizadores sostuvieron: "En Argentina, y particularmente en Rosario, nos encontramos con índices de narcocriminalidad, homicidios y violencias que nos enfrentan a situaciones de difícil resolución y a la necesidad de ampliar criterios y perspectivas que le devuelvan a la ciudad una tranquilidad cotidiana, sobre todo en los territorios más conflictivos que es precisamente en donde los índices de violencia aumentan día a día".
El panel con el que arrancó el ciclo estuvo pensado para establecer comparaciones entre la situación de Rosario y la de Colombia respecto a la narcocriminalidad, violencias y conflictividades. De la charla participaron la vicegobernadora Alejandra Rodenas, el secretario letrado de la Procuración General de la Nación y auxiliar fiscal de la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público Fiscal, Juan Patricio Murray, los abogados colombianos Teleki y Sánchez Julio, y la antropóloga Cámpora, quien en el 2013 se incorporó al Ministerio Público Fiscal para trabajar con la Procuraduría contra el Narcotráfico (Procunar).
Cámpora planteó que la situación de Colombia es "mucho más dura y compleja que la de Rosario por su historia de 60 años de conflicto armado". En su exposición, hizo hincapié en comparar la construción del enemigo en dictadura y la construcción del enemigo en democracia. Además, la situación de pobreza estructural en los barrios, la ausencia de Estado y la culpabilización de las víctimas, ejes que visibilizó durante su participación en el Cuarto Congreso de Narcotráfico realizado en septiembre del año pasado en la Facultad de Derecho de la UNR, en las que había señalado varias cuestiones para abordar la problemática.
"Hay que pensar antropológicamente los territorios, los sufrimientos, las violencias y las responsabilidades históricas estructurales y políticas de las vidas destruidas y de las cotidianeidades alteradas en el terror de las balas, las muertes y las sangres. Cierta academia, la política y ciertos medios parecen olvidar la trama estructural que viene permitiendo todo esto. El campo académico y el periodístico tienen que tener muchos recaudos porque eso es lo que puede llegar a deconstruir sentidos sociales impuestos desde las hegemonías", subrayó la docente e investigadora de la UNR.
El ciclo prosiguió con el "Taller de intercambio de experiencias y abordajes (Colombia-Argentina)", y concluyó en el Museo de la Memoria con el "Panel de diálogos desde experiencias nacionales en torno a memorias, justicia y ampliación de derechos (Colombia-Argentina)". Presentado por el director del museo, Lucas Massuco, participaron Juan Nobile, del Equipo Argentino de Antropología Forense; Murray, Cámpora, Teleki y Sánchez Julio. Los abogados colombianos se refirieron a las diferentes instancias que se vivieron en el país durante el conflicto armado y los procesos de acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC. Teleki puso el foco en la represión que se desató sobre las personas que participaron hasta el 2021 de las protestas sociales en su país, poniéndole cifras: 75 asesinatos, 83 víctimas de violencia ocular, 28 víctimas de violencia sexual, 1832 detenciones arbitrarias, 1468 casos de violencia física; en total, 3486 casos de violencia policial.
"Estas cifras, que parecen sacadas de alguna batalla, fueron efectivamente el resultado del estallido social en Colombia. La fuerza pública actuó con toda la represión que hubiera podido ser posible, dejando también una cantidad inmensa de desaparecidos", describió el abogado, referente del Centro de Investigaciones de la Facultad de Derecho de la Corporación Universitaria Republicana de Bogotá.
A la fecha, agregó, existen detenidas arbitrariamente 365 personas, los líderes de las protestas, las cuales han sido conducidas a juicios matizados por violaciones de garantías, torturas y presiones en las cárceles. Teleki hizo un llamado para entender que la situación judicial de los líderes de las protestas sociales en Colombia es "deplorable y lamentable" ya que los jueces se están dejando llevar "solamente por la cantidad de informes e informes falsos de la policía que capturó a estos muchachos y muchachas durante las protestas". En ese marco, el abogado reclamó al Congreso de su país una ley de indulto. "Sin eso, pasarán años en las cárceles", cerró.
