La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados retomará luego de Semana Santa las audiencias del juicio a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, con una nueva convocatoria al exministro de Justicia, Germán Garavano –que pidió reprogramar su presencia por estar de viaje—, y al que se sumará el testimonio de cinco periodistas (tres de ellos de PáginaI12). Con lo que la comisión buscará a avanzar en la investigación sobre el acuerdo que habrían sellado el gobierno de Mauricio Macri y la Corte sobre el fallo que en 2017 otorgaba el beneficio 2x1 a un represor de la última dictadura cívico-militar –una de las causales del juicio a los supremos--, que abriría las cárceles a los condenados por delitos de lesa humanidad. Medida que el Congreso le puso freno por ley ante la masiva reacción popular en contra de la decisión de los cortesanos.

Garavano ya anticipó que estará presente el 11 de abril. Las respuestas del exministro de Justicia de Macri ante la comisión serán parte fundamental de la recopilación de pruebas sobre este fallo, una de las causas principales que motorizó el proceso de destitución de los cortesanos. Garavano es una pieza fundamental entre los exfuncionarios macristas, a quienes el oficialismo le apunta como los responsables de haber negociado el fallo de la Corte que favoreció al torturador paramilitar Luis Muiña, a cambio de que el gobierno de Cambiemos no apelaría el amparo de la exministra de la Corte, Elena Highton de Nolasco, que se negaba a abandonar su sillón en el máximo tribunal –amparada por el resto de los supremos ahora enjuiciados-- pese a haber cumplido 75 años, la edad que establece la ley para terminar en su cargo y que abandonó tres años después.

El 3 de mayo de 2017 la Corte Suprema dictó el fallo que favoreció a Muiña –quien actuó como torturador en el centro clandestino de detención que funcionaba dentro del Hospital Posadas-- con el voto de tres de cinco miembros de entonces: Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y la propia Highton de Nolasco. En tanto, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda lo hicieron en contra.

Garavano había sido citado por la presidenta de la comisión, la entrerriana Carolina Gaillard (FdT), pero el exministro macrista se excusó por estar de viaje, aunque mostró predisposición de concurrir y pidió reprogramar su asistencia. Gaillard volvió a convocarlo para el martes 11 de abril.

No sucederá lo mismo con otros exfuncionarios macristas que también pegaron el faltazo a la anterior convocatoria: el exjefe de asesores de Macri y actual senador José Torello, que se amparó en sus fueros como legislador; el exfuncionario del ministerio de Justicia y ahora juez del Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Santiago Otamendi, que también se excuso por estar de viaje; y el jefe de la mesa judicial macrista, José “Pepín” Rodríguez Simón, que continúa prófugo en Uruguay.

En la comisión, consideran que otros testigos aportaron pruebas sobre el papel que jugó cada uno de los ausentes en este tema. Como en el caso del actual sub Procurador del Tesoro de la Nación, Horacio Pedro Diez, quien dijo a los diputados que Otamendi fue quien le dio la orden de no apelar el fallo sobre Highton de Nolasco cuando Diez ocupaba el cargo de Asuntos Jurídicos en el Ministerio que conducía Garavano.

Gaillard completó la audiencia del 11 de abril con la citación a cinco periodistas que escribieron distintos artículos e investigaron sobre el fallo Muiña en la que daban cuenta de las actuaciones que sobre el tema tuvieron ex funcionarios y jueces del Máximo Tribunal. Aunque variaron los nombres de quienes serían convocados, de acuerdo a las distintas versiones que circularon con anterioridad. La citación oficial incluye a tres periodistas de PáginaI12: Irina Hauser, Luciana Bertoia y Martín Granovsky. Además de los periodista Ignacio Miri, de Clarín, y Silvana Boschi, que trabajó como editora de temas judiciales en ese mismo diario.

Las expectativas de la presidenta de la comisión son que en esta audiencia se pueda terminar con la recopilación de testimonios y pruebas sobre esta hipótesis y comenzar el tratamiento de otro punto en el que confluyen muchos de los 14 pedidos de juicio político: las sospechas sobre el oscuro e irregular manejo de los fondos que desató una crisis económica en la deteriorada Obra Social del Poder Judicial de la Nación.