La brutalidad policial en La Rioja está en el centro de la escena y genera.una sensación de impunidad para mucha gente. En el caso de Alejandro Bravo, alias "Canishka", los cinco detenidos entre policías y un militar quedaron en libertad. La víctima pasó las últimas horas de su vida pidiendo ayuda diciendo que lo iban a matar y así sucedió. Los audios viralizados de la víctima pidiendo a los vecinos ayuda, generaron conmoción en la sociedad riojana, y es por eso que el crimen impune refuerza la desconfianza en quienes nos debieran cuidar.
Según Amnistía Internacional, una de las violencias más arraigadas y sistémicas es la que proviene de las instituciones del propio Estado, en especial de las fuerzas de seguridad. El uso abusivo de la fuerza, la tortura, los tratos inhumanos y degradantes, las vejaciones constituye una práctica naturalizada. El Relator sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de Naciones Unidas alertó a Argentina por no investigar ni prevenir eficazmente las muertes ilegítimas y reparó en el aspecto discriminatorio de esta violencia, dado que las víctimas suelen pertenecer a los sectores en situación de vulnerabilidad y más marginalizados de la población. Y en este sentido, llamó la atención por los niveles de impunidad. En el informe anual de Amnistía Internacional en nuestro país da cuenta de los pocos avances en las investigaciones sobre varios casos clave de desapariciones y muertes bajo custodia policial: Facundo Astudillo Castro, Santiago Maldonado, Mauro Coronel, Daiana Abregú, por mencionar algunos.
Amnistía Internacional alerta que se observa con demasiada frecuencia que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley recurren a la fuerza de manera desproporcionada, y sin respetar los derechos humanos de las personas. Prácticas extendidas que se traducen en agresiones, hostigamiento, requisas abusivas en la vía pública, armado de causas, detenciones arbitrarias, torturas y tratos degradantes, uso excesivo de la fuerza, e incluso desapariciones y asesinatos. La violencia institucional refleja un problema estructural, que requiere de medidas integrales y definitivas, coordinadas entre todas las jurisdicciones del país
Recientemente en Córdoba se conoció el veredicto contra los 13 policías involucrados en el crimen de Blas Correa ocurrido en agosto de 2020. Se pidió cadena perpetua para los dos policías que dispararon y entre 5 y 6 años de prisión para los otros 11 policias involucrados en el encubrimiento del asesinato. En Tucumán arrancó el juicio por el asesinato de Luis Armando Espinoza, en el que estan siendo juzgados nueve policías y dos civiles por la desaparición forzada seguida de muerte sucedida en mayo de 2020. En La Rioja, la última noticia relacionada con la brutalidad policíaca está ligada a la reducción de la condena a los responsables de la muerte de Emanuel Garay, la cual ha sido muy cuestionada. Emanuel Garay murió el 10 de febrero de 2018 producto de los abusos cometidos contra los aspirantes que deseaban sumarse a la fuerza policial. Padeció por un cuadro de deshidratación fatal, luego de participar en el primer día de clases en la Escuela de Cadetes de la Policía de La Rioja. Además de Garay, otros once ingresantes debieron ser trasladados e internados en terapia intensiva a raíz de las extremas condiciones en las que se realizó dicha instrucción. Por este hecho en 2020 el único condenado por el homicidio fue Elio Marcial, a quien le dieron 30 años de cumplimiento efectivo en el servicio penitenciario provincial. Se juzgaron a 8 policías por el hecho, además de Marcial, dos policías mujeres recibieron una condena de 7 años por lesiones graves en siete hechos, y por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. Los otros 5 policías quedaron absueltos. Este año la condena de Elio Marcial fue rebajada 10 años, por jueces que no participaron del debate.
En su informe, Amnistía Internacional explica que Argentina no cuenta con un registro unificado y abierto de todos los casos de violencia que involucran a las distintas fuerzas en todo el país, ya sea por hechos que ocurren en condiciones de encierro como en otras circunstancias. La información pública sobre la violencia policial, las muertes y los asesinatos es insuficiente. Los pocos registros existentes no son exhaustivos, no abarcan la totalidad del territorio nacional y no dan cuenta de la complejidad del fenómeno. A su vez, en la mayoría de las provincias del país no se cuenta con datos disponibles y públicos. La recolección y producción de datos desagrados de forma regular y consistente que permita generar estadísticas oficiales y sistematizadas sobre la actuación de las fuerzas de seguridad tanto a nivel nacional como provincial, es fundamental para conocer en profundidad el problema y garantizar el escrutinio por parte de la ciudadanía.
Antecedentes que trascendieron en La Rioja
Roberto Agüero, fue asesinado hace 17 años por Juan Eduardo Tello el 12 de marzo de 2006, un policía que vació el cargador de su arma reglamentaria en el cuerpo del joven. Fue juzgado en tres oportunidades, solo estuvo tres años preso y hoy está libre.
Maria Belén Brizuela, una joven de 17 años fue asesinada por un policía en plena plaza de Aimogasta a la salida de un baile en 2011. Tras el asesinato el pueblo de Aimogasta se movilizó y hubieron disturbios, incendiaron un móvil de la policía, que seguía disparando a la gente que salía del espectáculo al que habia ido Belén. Los vecinos de Aimogasta respondían con piedras y palos a la agresividad policial. El policía que mató a Belén fue Horacio Lucero y su condena quedó fija en 2014, con una sentencia de 8 años de prisión.
Danilo Heredia tenía 18 años y fue asesinado por su primo policía en Chepes en enero de 2015. Luego de tres días de búsqueda por parte de la Policía, la pareja del policía se quebró y confesó qué fue lo que había ocurrido y dónde estaba el cuerpo de Danilo. El cadáver estaba en cuclillas, maniatado con alambres y cubierto con cemento, totalmente, a una profundidad de 1,70 metros, debajo de un contrapiso. El policía Luis Contreras fue condenado a perpetua.
El 22 de enero de 2021, Alejandro Bravo intentó huir de dos personas de las fuerzas de seguridad que estaban de civil. Conocido en la ciudad de La Rioja como “Caniska”, el tatuador venía tocando las puertas de los vecinos del barrio Nueva Esperanza solicitando auxilio ante la persecución policial. A estas dos personas, se sumaron dos policías más que lo detienen y lo trasladan a la Alcaidía. Bravo salió de ese lugar y murió camino al hospital Enrique Vera Barros. La primera información fue que había muerto por un infarto, pero la autopsia determinó que falleció por golpes en la cabeza y además tenía “pérdida de piel y marcas de arrastre”. Los audios del 911, en los que se escucha el pedido de ayuda de los vecinos ante la desesperación de Bravo por la persecución figuran en el expediente judicial junto a los videos de cámaras de seguridad pero aún así le dictaron falta de mérito, así que de los 5 imputados, ninguno está preso por el crimen.
