El ministro del Interior francés, Gerard Collomb, anunció ayer la creación de dos centros de recepción para inmigrantes cerca de Calais, al norte del país, y señaló que el gobierno galo hará todo lo posible para evitar que se creen campamentos ilegales como la llamada “jungla”, que fue desmantelada en octubre pasado.
Collomb reaccionó así a la decisión del Consejo de Estado, la máxima instancia administrativa del país, de obligar a las autoridades a responder a las necesidades de los inmigrantes que se encuentran cerca de Calais para evitar que sufran “trato inhumano y degradante”.
Ante la nueva constatación de la llegada de inmigrantes a esa ciudad, punto de entrada al Reino Unido desde Francia, diversas asociaciones acudieron a la justicia para pedir medidas de amparo para ellos. Pero ni el Gobierno francés ni las autoridades municipales eran favorables a ellas por temor a que favorecieran la creación de un nuevo campamento improvisado. Obligado por la sentencia, Collomb aseguró que se abrirán dos centros, en las vecinas Troisvaux y Bailleul, con una capacidad total de 300 plazas, para afrontar las necesidades de los inmigrantes.
En estos centros deberán tener los servicios que les conmina a aplicar la sentencia, como agua corriente y sanitarios, además de una solución de acogida de urgencia mientras se determina su situación administrativa. El Consejo de Estado estimó que las autoridades deben ocuparse de “las necesidades elementales de los inmigrantes”, en particular “su higiene, alimentación y agua potable” para evitarles “tratos inhumanos y degradantes” que constituirían “una falta grave y manifiesta de su libertad fundamental”.
Paralelamente, el ministro anunció la apertura de una investigación sobre las acusaciones lanzadas por la ONG Human Rights Watch (HRW) acerca de la violencia policial contra inmigrantes en ese territorio, en particular por el uso de “gas mostaza” contra ellos. Collomb recordó que este elemento está proscrito en las fuerzas de seguridad francesas y defendió su actuación, pero aseguró que se investigará si hubo “errores individuales”.
“El ministerio está dispuesto a tener en consideración todo elemento que pueda demostrar un comportamiento contrario a las reglas deontológicas”, indicó. La llamada “jungla” de Calais, un campamento que llegó a concentrar a miles de inmigrantes, fue desmantelada en octubre de 2016.