Mientras la Corte Suprema se consume en su propia interna, la Comisión de Juicio Político tiene previsto retomar las reuniones el martes 11 de abril con la declaración de Germán Garavano, el ministro de Justicia de Mauricio Macri, que fue citado para que brinde precisiones sobre la relación del gobierno de Cambiemos con el máximo tribunal.
Garavano ya había sido citado cuando empezó a tratarse el capítulo relativo a cómo tres de los supremos, Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Elena Highton de Nolasco, habilitaron el beneficio del 2x1 al represor Luis Muiña, uno de los torturadores que operaron en el centro clandestino que se montó en el Hospital Posadas. Pero como avisó que iba a estar en Córdoba, se reprogramó la declaración para la semana próxima. Esta semana no habrá audiencia en la comisión que preside la diputada del Frente de Todos (FdT) Carolina Gaillard por los feriados previos a la Pascua.
La Comisión trabaja con la hipótesis de que el fallo del 2x1 no se gestó en la Corte, sino en la Casa Rosada mientras desde la administración cambiemita se lanzaban mensajes a favor de la domiciliaria de los represores. Una declaración que brindó Federico Morgenstern, secretario letrado de la vocalía de Rosenkrantz, mostró que la génesis de una sentencia fue extraordinaria: el secretario pasó toda la feria del verano de 2017 trabajando en el tema y viendo en cuánto se correrían de su línea histórica los jueces si votaban a favor del beneficio para los criminales de lesa humanidad; el mismo funcionario mantuvo dos encuentros con Highton y uno con Rosatti –práctica que no volvió a repetirse por ningún otro tema después del fallo Muiña– y el expediente tuvo una circulación errática.
¿Por qué en la Comisión quieren que vaya Garavano? Porque manejan la hipótesis de que Highton votó el 2x1 porque arregló con el gobierno de Macri quedarse en la Corte más allá de los 75 años. Inicialmente, la administración Cambiemos se había opuesto a la permanencia de la jueza. Sin embargo, cuando obtuvo una cautelar favorable, el gobierno no apeló.
En el caso de Rosenkrantz, la caracterización que hacen en el Frente de Todos es que estaba convencido de lo que estaba votando y que, además, era un canal más natural con el macrismo: por su afinidad ideológica y por su amistad con el operador Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, que lo llevó a la Corte. En el caso de Rosatti, dicen que podría haber sido parte de un acuerdo para desbancar a Lorenzetti de la presidencia de la Corte.
Además de Garavano, para el 11 de abril, están citados periodistas que siguieron el caso del 2x1. Es probable que ese día se resuelva qué temperamento va a adoptar la Comisión frente a uno de los abogados que aparecía chateando con Marcelo D'Alessandro.
En los últimos días, en el tribunal, estalló un nuevo escándalo que tiene como protagonista a Elisa Carrió. El secretario general de Administración de la Corte, Héctor Daniel Marchi, recusó a todos los supremos en un pleito que tiene con la líder de la Coalición Cívica. Marchi la demandó civilmente después de que Carrió lo denunciara por enriquecimiento ilícito. La Cámara Civil le dio la razón a Marchi al decir que Carrió no tenía inmunidad parlamentaria para lanzar falsas imputaciones. Después de ese fallo, la dirigente llevó el tema a la Corte. Marchi pidió que se aparten sus superiores entre acusaciones de que tres de ellos, Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz, son defendidos “acérrimamente” por los diputados de la Coalición Cívica. Por si faltaba tensión, Lorenzetti dejó por escrito que él le había dicho a Rosatti que todos debían excusarse en ese caso.
Es probable que Marchi sea citado en las próximas semanas a la Comisión de Juicio Político. Según le dijo Gaillard a Página/12, podrían convocarlo cuando se traten los desmanejos de la obra social –otro escándalo que crece y salpica particularmente a Maqueda–.
En los últimos días, la Comisión pidió nueva información al máximo tribunal. La solicitud se centró en lo que hace a acceso a la información --por ejemplo, el acceso a las declaraciones juradas-- y las acordadas sobre cómo fueron tomando juramento --o no-- a diputados y senadores que integran el Consejo de la Magistratura.