Desde Londres

La primera ronda de negociaciones con la Unión Europea (UE), el verano y el receso parlamentario no han aclarado las cosas al gobierno británico. En un rincón, la mitad del gabinete señala que hay un consenso absoluto en el gobierno para negociar con la UE un proceso de transición que mantenga al Reino Unido en el mercado unificado europeo, la unión aduanera y las puertas abiertas a la inmigración continental. En el otro rincón, la otra mitad, dice a los mismos medios que no hay ningún tipo de consenso al respecto.

En todo gobierno hay internas, pero el problema de la británica es que nadie le presta la menor atención a la supuesta referí de estas diferencias, la primera ministra Theresa May, que además, está de vacaciones en los Alpes suizos y nadie sabe - quizás ni ella misma - si anda con muchas ganas de regresar a casa.

En su defecto el portavoz de 10 Downing Street salió a decir ayer que “no hay un modelo especial” para un período de transición una vez concluidas las negociaciones en marzo de 2019 con lo que pareció desautorizar el supuesto consenso gubernamental anunciado por el ministro de Finanzas, Phillip Hammond, el de Salud Jeremy Hunt y la de Interior, Amber Rudd.

El revuelo comenzó el viernes cuando el Financial Times publicó que Hammond le había dicho a empresarios británicos que el gobierno estaba buscando un acuerdo con la UE que mantenga el acceso pleno al mercado unificado y la unión Aduanera con una larga fase de implementación para la política inmigratoria. En declaraciones posteriores Hammond reafirmó esta versión y señaló que había pleno consenso en el gobierno al respecto.

El domingo el ministro de Comercio, Liam Fox, mosquetero de los duros del “Hard Brexit”, indicó que el tal consenso no existía. “Uno de los elementos clave del referendo a favor de salir de la Unión Europea fue recuperar el control de nuestras fronteras. Si hubo algún consenso en el gobierno al respecto, a mí no me avisaron”, dijo. Según Fox, el 29 de marzo de 2019, al cumplirse los dos años de negociación con la UE, los inmigrantes europeos tendrán que pedir autorización como cualquier hijo del vecino para trabajar en el Reino Unido.

Confrontado ayer con las declaraciones de Fox, el ministro de Salud Jeremy Hunt, señaló que el gobierno estaba “absolutely united” en seguir una política gradual de separación de la UE. Según Hunt esta política era indispensable para el Servicio Nacional de Salud que cuenta con miles de doctores y enfermeros europeos en sus filas.

Este choque Hunt- Fox tan apto para la metáfora en inglés (los apellidos significan cazar y zorro), se ha convertido en una tradición conservadora después de la pírrica victoria electoral del 8 de junio en que perdieron la mayoría parlamentaria. Uno de los temas que saca inmediatamente chispas es el inmigratorio.

El jueves pasado, antes de que estallara el cruce sobre el supuesto consenso gubernamental, el secretario de inmigración Brandon Lewis, señaló taxativamente que la libertad de circulación de europeos en el Reino Unido terminaba en marzo de 2019. Ese mismo jueves, la ministra del interior, Amber Rudd, aspirante a primer ministro, salió a desmentirlo, pero como quien se cubre las espaldas, indicó que el gobierno había comisionado un estudio al Comité Asesor de Inmigración sobre la contribución y el costo que implicaban los trabajadores europeos.

La realidad es que a 14 meses del referendo y a más de cuatro que May activara el mecanismo para negociar la salida del Reino Unido de la UE nadie sabe cuál es la política oficial británica en puntos clave de la negociación. La pelea mediática es un intento de imponer una agenda a una primer ministro profundamente debilitada por el resultado de las elecciones que convocó anticipadamente, segura que le darían una amplia mayoría parlamentaria.

Con esta disonante polifonía mediática de fondo, no sorprende que el principal negociador de la UE con el Reino Unido, el francés Michel Barnier, haya reportado a los otros países europeos que es pesimista respecto a las actuales negociaciones porque el Reino Unido sigue sin aclarar su posición en puntos clave. A fines de octubre el Consejo Europeo tiene que dictaminar si hay suficiente progreso en tres temas –la “cuenta” del divorcio, los derechos ciudadanos y la frontera en Irlanda – para decidir si se puede proceder con la negociación de un acuerdo.

En el tema de los derechos de los europeos en el Reino Unido y británicos en la UE hay acuerdo en 22 de los 44 puntos planteados, pero hay 14 con el casillero coloreado de rojo de “profundo desacuerdo”. En el de la cuenta del divorcio que el Reino Unido le tendría que pagar a la UE por contribuciones presupuestarias, pensiones y deudas, ni siquiera han acordado una metodología de análisis.

La cifra de esta separación, un hueso durísimo de roer para los británicos, está detrás del obstáculo “metodológico”. En la UE han circulado cálculos extraoficiales de entre 60 y 100 mil millones de euros. Entre los “soft Brexit” británicos, que quieren un acuerdo que preserve el máximo grado de unión con la UE, la cifra se situaría entre los 40 y 60. Entre los “Hard Brexit” es cero. “Si esperan dinero, que vaya a freír espárragos”, dijo el canciller Boris Johnson al parlamento hace dos semanas.

El tiempo apremia. La próxima ronda de negociaciones comienza el 28 de agosto y quedan dos rondas más antes de que el 19 de octubre Barnier le dé su veredicto final a la UE sobre si se puede proceder con las negociaciones. Con el actual grado de unidad del gobierno británico, con una primera ministra contra las cuerdas y con un congreso conservador a principios de octubre, daría la impresión que, como sigan así las cosas, el voto de Barnier será, parafraseando a Julio César Cleto Cobos, “no positivo”.