Tras la iniciativa oficialista para excluirlo de la Cámara baja –finalmente rechazada–, el diputado Julio De Vido sufrió ayer un revés en la Justicia federal, en el primer día hábil después de la feria judicial. El fiscal Federico Delgado pidió al juez Julián Ercolini la elevación a juicio oral y público del ex ministro de Planificación en la causa por la compra de trenes usados a España y Portugal que iban a ser destinados al ferrocarril Belgrano. El fiscal consideró en sus fundamentos que si bien “las firmas de De Vido son escasas” en la operación, esa “escasez lo acercó a los hechos” y “no lo alejó”, porque “conservó en todo momento el dominio de la situación” que derivó en la compra.
Para Delgado, De Vido puso en marcha una “delegación administrativa de funciones en la Secretaría de Transporte y en la Comisión Nacional de Regulación del Transporte pero, por otro lado, esa delegación trajo consigo el gobierno de hecho de toda esta maniobra”, que terminó con la compra del material ferroviario finalmente desechado. Por eso, Delgado pidió que el ex ministro sea juzgado por el delito “defraudación por administración fraudulenta agravada” en perjuicio de la administración pública.
De todas maneras, el fiscal diferenció la acusación a De Vido de la decisión política que motivó la compra. “Bajo el paraguas de una crisis real (y actual) del servicio público de trenes, se decidió encarar una política pública para paliarla”, dice Delgado en su escrito para señalar que “se escogió comprar material usado, con la idea de que en los talleres de nuestro país se lo pusiera en condiciones de funcionamiento” porque “de ese modo se creaba empleo y se mejoraban los trenes”.
“Pero, en vez de eso, intencionalmente, se compró chatarra en mal estado, se pagó peor y no se creó empleo. En esa distancia entre los principios y los hechos, yacen las responsabilidades de los imputados, porque deliberadamente aprovecharon ese marco jurídico para diseñar e implementar esta defraudación”, juzgó el fiscal en su pedido al magistrado que entiende en la causa.
En esa misma causa, Ercolini ordenó detener, el 2 de abril del año pasado, al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, quien ya fue enviado a juicio oral junto a otros acusados, como su ex asesor Manuel Vázquez, también detenido con prisión domiciliaria. De Vido fue citado a indagatoria y procesado con posterioridad por el juez federal, por lo que Delgado propuso también elevar a juicio oral la acusación contra el ex ministro. Y con él a Carlos Castaño, el ex funcionario encargado de controlar el material rodante y los repuestos comprados, que según la acusación “dolosamente escribió que no vio lo que en realidad vio”.
