La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos nacional (Procelac) tomó una denuncia y encomendó a una fiscal federal de Rosario a investigarla. La lupa recae sobre una organización que anunciaba su negocio ilegal en un aviso clasificado del diario La Capital: prestaba plata a tasa de usura a cambio de garantía hipotecaria y atrás de una inmobiliaria céntrica como pantalla; luego rechazaba cualquier arreglo con el fin de ejecutar la hipoteca y mandar a comprar en remates simulados y a precio vil los mismos inmuebles birlados a los deudores. Quienes otorgaban los préstamos eran "hombres de paja" que jamás conocieron a los deudores. Y quienes compraron los inmuebles en subasta pertenecen al mismo círculo de personas. 

La maniobra se reiteró decenas de veces sirviéndose de los juzgados civiles de Rosario como palanca ejecutora. Cuando uno de los damnificados llevó el caso a Fiscalía, el Ministerio Público de la Acusación se rehusó a tomar la denuncia. La razón es la política criminal del MPA hoy a cargo de Jorge Baclini: la decisión de qué delitos investigar y cuáles no. Donde sí hizo pie es en el fuero federal. En 10 días declararán como testigos 34 personas que cayeron en la trampa. El juez federal Marcelo Bailaque acaba de prorrogar por otros 30 días la declaración de "bienes litigiosos" sobre los inmuebles que la organización denunciada ejecutó como hipoteca de los préstamos.

La abogada Micaela Domínguez, al acudir a la Procuraduría, expuso que el objetivo de esta organización es "quedarse con la propiedad de los deudores, lavando de éste modo colosales sumas de dinero en pesos y en dólares frente al accionar impávido de la Justicia que le permite, sin mayores obstáculos, no sólo concretar sus objetivos, sino que además termina siendo funcional a los mismos".

La olla se destapó hace cinco años, cuando el escándalo desbordó el fuero civil y comercial y saltó al penal por la denuncia que presentó un hombre que en 2016 tomó un préstamo para ayudar a un yerno en aprietos económicos, y acabó perdiendo su casa en un remate, sin posibilidad de que el abogado de la parte acreedora aceptara ninguna clase de arreglo extrajudicial. Y resultó que ese mismo abogado fue quien acabó comprando el inmueble hipotecado, con ayuda de una escribana y una martillera también involucradas en la presentación ante Procelac.

El denunciante, F.D., refirió que en aquel año acudió a "un aviso en el diario de una inmobiliaria que ofrecía préstamos hipotecarios". Ya eso implica una sospecha de ilegalidad. Sólo entidades autorizadas por el Banco Central pueden prestar dinero con garantía de hipoteca. "Préstamos hipotecarios, resolución inmediata. Experiencia, seriedad. Consulte Italia 1231" decía el anuncio.

F.D. acudió allí, donde encontró la oficina de Inmobiliaria Solares. Así hipotecó su vivienda "a favor de una persona que desconocemos". Es que resultó que ni siquiera el préstamo lo otorgaba la inmobiliaria sino una tercera persona que nunca apareció en escena. 

La abogada de F.D., Micaela Domínguez, confirmaría luego que esta maniobra se reiteró en cada ocasión, siempre con personas que ignoraban que se efectuaban préstamos con su nombre. Incluso, se descubrió que las personas cuyo nombre se invocó tampoco tenían solvencia económica como para realizar esos préstamos dinerarios.

Luego en el contrato de mutuo que suscribieron, se adulteraba el DNI de la persona acreedora de la hipoteca, de manera de dificultar luego su individualización. Constan en la denuncia esa y otras irregularidades repetidas en la constitución de las hipotecas. Por eso, la denuncia original refiere los delitos de "falsedad material e ideológica de instrumento público (escrituras)", además de "usura, estafa y/o asociación ilícita, y/o lavado de activos".

En la mayoría de las ejecuciones hipotecarias diseminadas en el fuero civil de Rosario, el abogado que representa a cada acreedor es el mismo.

"Son préstamos de dinero negro para lo cual se valen de escrituras ideológicamente falsas porque mutuante y mutuario no se conocen, por ende, es falaz que hayan acordado préstamo alguno", señaló la abogada. 

"Jamás fue mi intención no pagar. Por un préstamo de 200.000 pesos nos exigieron 1.500.000 pesos. Frente a esos montos imposibles que nos requerían para cancelar, advertimos claramente que la intencion era quedarse con nuestra propiedad llevando adelante la ejecución hipotecaria", consignó el denunciante.

"La hipoteca está planificada para que sea impagable, con plazos que no superan los 12 meses, a intereses altísimos (...) maniobras de blanqueo que utilizan al Tribunal (...) Quienes están detrás son los mismos que adquieren la propiedad, para luego reingresarla de manera legal al mercado a través de la inmobiliaria denunciada, luego de la compra en remate. (...) Mientras a nosotros nos pedían 1.500.000 pesos para cancelar la deuda, advertimos que nuestra propiedad saldrá a remate por una suma que no llega a 500.000 pesos. Es decir, sale a remate por un valor ínfimo que facilita la maniobra de compra descripta", sintetizó la denuncia.

Hombres de paja

En otro caso, una mujer tomó en 2017 un préstamo de 400.000 pesos para salvar su mueblería de barrio Bella Vista. Fue con su madre a la inmobiliaria pero el contrato de mutuo se hizo a favor de un desconocido. "En la escritura se consignó falsamente que me entregaron 484.000 pesos y estipulaba un interés del 0,2% diario por día de retraso. Los intereses estipulados debían ser pagados en 12 cuotas mensuales de 24.200 pesos", denunció la mujer en documentación a la que tuvo acceso Rosario/12. "Los recibos de pago eran entregados por la inmobiliaria sin membrete o datos de inscripción tributaria ni otro viso de legalidad. Nos entregaban un recibo provisorio que luego cambiaban por otro supuestamente firmado por M.F. (el mutuante desconocido). En cada recibo la firma era diferente. Siempre nos negaron poder conocer al Sr. F." agregó la damnificada.

Cuando averiguó por otra vía el domicilio de quien supuestamente le había prestado, halló que tal persona ya no vivía allí y su hijo hacía tiempo que ignoraba su paradero. "Difícil que preste dinero dada su condición humilde", le dijo el hombre acerca de su padre. Al consultar en Afip, resultó que había sido dado de baja y declarado "contribuyente no confiable".

Que investigue otro

La denuncia rebotó en la Justicia provincial. El Ministerio Público de la Acusación desestimó la presentación de F.D. pese a las pruebas aportadas de que se emitían préstamos de manera ilegal, se constituían hipotecas con irregularidades, y se rechazaba todo intento de solución con tal de ejecutar finalmente las garantías. Y eso, repetido en varios casos con un mismo patrón. 

La abogada Domínguez encontró al menos 34 situaciones similares en los juzgados del fuero civil y comercial. Donde incluso el juez convalidó las ejecuciones y la escrituración de las hipotecas a pesar de que la documentación tenía anomalías. "Un juez permitió comprar sin el poder correspondiente, sin acreditar la base en la subasta, sin exigir los pagos impositivos ante la Afip. Y así en numerosos casos", hizo observar la letrada a este diario.

Con todo, la respuesta fiscal fue negativa, y en diciembre pasado el MPA ratificó ese rechazo en una cédula firmada por el fiscal general Jorge Baclini. La decisión de no aceptar la denuncia por usura obedece –señalaron abogados consultados– a un criterio de la política criminal con la que se conduce el MPA. En resumen, generalmente las fiscalías las desestiman ante la probabilidad de que el denunciante utilice adrede una denuncia penal para frenar una ejecución hipotecaria o embargo que se tramite en el fuero civil. Por lo tanto, la Justicia provincial desestimó y archivó esta denuncia como usura o estafa, y la derivó al fuero federal.

Procelac sí 

El caso hizo pie en la Procelac. Micaela Domínguez radicó denuncia en el organismo nacional que persigue el lavado de dinero, que la tomó y encomendó a la Justicia federal la apertura de una investigación que ahora impulsa la fiscal federal n° 3 de Rosario, Adriana Saccone. 

A su vez, el juez Marcelo Bailaque dictó una medida cautelar que paralizó dos de esas ejecuciones hipotecarias. Y aunque la vivienda de F.D. ya fue subastada y adquirida por el mismo abogado de siempre (su nombre queda en reserva por ahora al no haber imputación penal), dicho inmueble quedó declarado como "bien litigioso". 

El magistrado dictó el 22 de marzo otra medida por 30 días para que esas dos propiedades ejecutadas sigan manteniendo ese status y, por lo tanto, no puedan ser revendidas en el mercado inmobiliario. También prohibió la publicación del aviso clasificado que atraía a los necesitados de dinero rápido.

Saccone citó para el miércoles 12 a 34 personas que están intimadas en el fuero civil como deudoras de esos créditos usurarios. Irán a declarar en el fuero federal como testigos para la investigación de la fiscal. 

Una fuente cercana a la causa lamentó que la fiscalía provincial se negara a investigar la usura, y dudó acerca de la posibilidad de que en el fuero federal se pruebe la existencia de lavado de dinero en este caso. "Que estas maniobras ocurrieron está probado. En lo moral, es reprochable; en lo penal el MPA dijo que no hay delito; y en el penal federal, se está investigando...", dijo. 

Sin embargo, Procelac hizo lugar a la denuncia de la abogada Micaela Domínguez: "Alguien que no es quien aparece en los papeles presta 200.000 pesos y termina por quedarse con una propiedad valuada en varios millones: eso es lavado de activos porque ninguno de esos préstamos están declarados ante Afip y, cuanto menos, provienen del delito de evasión fiscal e intermediación financiera no autorizada, como mínimo".