Según informó el Indec la semana pasada, el índice de pobreza aumentó para el segundo semestre del año pasado e involucra una porción importante de la población económicamente activa (alcanzó al 39,2 por ciento, por arriba del 37,3 por ciento de igual período del 2021). En relación al índice de indigencia, que contempla la carencia de ingresos suficientes para cubrir una canasta de alimentos capaz de satisfacer un umbral mínimo de necesidades energéticas y proteicas, se observó una leve baja (una disminución del 8,2 a 8,1 por ciento en el mismo lapso). Si se contempla el primer semestre de 2022, la pobreza a nivel de personas subió de manera importante (del 36,5 al 39,2 por ciento) y la indigencia retrocedió (del 8,8 al 8,1 por ciento respectivamente). Puesto que la Argentina tiene una población estimada en 46,2 millones de habitantes, los números muestran que 18,1 millones de personas están por debajo de la línea de la pobreza y, a su interior, 3,7 millones aparecen como indigentes.

Todo este proceso se desarrolla en un marco dónde la economía creció el año pasado a niveles importantes (un 5,2 por ciento) y la tasa de desempleo retrocedió (bajó de 7,9 a 6,7 por ciento en tercer trimestre de 2022 respecto a igual período de 2021 por los altos niveles de actividad), pero la aceleración de la inflación (del 94,8 por ciento para 2022, luego de un 50,9 por ciento interanual previo) determinó un incremento sostenido de la pobreza. Como dato singular en el último relevamiento sobre mercado de trabajo del Indec, distintos aglomerados urbanos en el país –ocho casos, repartidos en nueve provincias- alcanzaron cifras que pueden considerarse de pleno empleo (con entre 4 por ciento y menos de desempleo) y otros tantos están en camino a alcanzarlo.

Pero este incremento de ocupados, más allá de la evolución positiva del empleo registrado en el último período, estuvo liderado por las modalidades más precarias de contratación (asalariados informales y trabajadores por cuenta propia, incluyendo el monotributo social). A ello se suma, las dificultades de actualización salarial y sus mecanismos ante una inflación galopante. En efecto, según datos recientes de CIFRA-CTA el año 2022 cerró con una caída promedio del salario mínimo del 1,3 por ciento y se situó en un 33 por ciento menos que el nivel de 2015, dónde al final del gobierno de Cristina Kirchner la remuneración al trabajo asalariado representaba el 51,8 por ciento del valor agregado. La participación de los asalariados sobre el PIB iría así en caída libre desde ese momento llegando al 46,2 por ciento en 2019 y al 43,9 por ciento del valor agregado en el promedio de los tres primeros trimestres de 2022 (casi 8 puntos menos para todo el período).

En este marco, cabe preguntarse qué tipo de modelo socioeconómico se va consolidando. Luego del gobierno de Mauricio Macri, con pandemia, guerra de Ucrania y sequía mediante, la gestión de Alberto Fernández apostó a promover la actividad económica y recuperar puestos de trabajo, pero se dejó de lado una política más activa de ingresos y de distribución de la riqueza. Se conforma así un patrón de crecimiento que no redunda de manera amplia en mayor calidad del empleo, deteriora el poder adquisitivo de los asalariados y aumenta la pobreza en un contexto de alta inflación. Los condicionamientos del FMI, para el cumplimiento de metas de ajuste del gasto público y la escasez de dólares en la economía y a nivel de reservas en un escenario internacional dificultoso, agregan gran complejidad al cuadro de situación.

En ese sentido, no cabe duda que la tensión principal estará en ver si los salarios reales -que están en sus niveles más bajos en el último decenio- seguirían bajando o si, por el contrario, podrá revertirse esta tendencia. Habrá que examinar, al cumplirse cuatro décadas de la vuelta a la democracia en Argentina, cómo la dinámica política en un año de elecciones tramitará esta problemática y qué definiciones aparecerán o no, en pos de la mejora de la vida de la mayor parte de la ciudadanía.

(*) Investigador-docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento/CONICET. y Co-Director del Programa de Investigación Interinstituto “Empleo, Trabajo y Producción”, UNGS