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Tras una escandalosa sesión que pasó desapercibida para la prensa porteña, la Cámara de Diputados de Mendoza declaró la semana pasada al pueblo mapuche como no argentino. La resolución confirma “el negacionismo y racismo institucional” y le valdrá una denuncia penal al gobernador Rodolfo Suárez, respondió la comunidad originaria. Sin embargo, la medida en cuestión no fue aislada sino que es la continuidad de lo que políticos, dirigentes sociales e investigadores académicos coinciden en calificar como “una avanzada segregacionista” de Juntos por el Cambio, que ensaya en esa provincia lo que alienta en todo el país.
“Los mapuches no deben ser considerados pueblos originarios argentinos en los términos del artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales”, dice la resolución impulsada y votada por Cambia Mendoza, la alianza UCR-Juntos por el Cambio.
La medida desplegó repudios en un amplio sector de personalidades de la vida pública, incluyendo autoridades de ciencia y tecnología de todo el país, que sostuvieron que esa redefinición que extranjeriza a la comunidad “no tienen el menor sustento científico”.
Los enemigos del gobierno mendocino
Pero la construcción del “enemigo interno” no se termina en los mapuches ni comenzó esta semana ni es un hecho aislado. Se extrapola a los sectores más vulnerables, tiene un proceso de larga data y es la punta de un iceberg antidemocrático.
La avanzada se acentuó en los últimos meses, con el encarcelamiento de dirigentes sociales, censura a investigadores de primer nivel e inclusive destrucción de obras artísticas feministas.
A mediados de marzo, cuatro militantes, dos del Polo Obrero y dos del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), fueron detenidos por protestar en rechazo del recorte de planes sociales. El gobierno de Suárez pidió dureza: prisión preventiva y encarcelamiento en penales.
Hubo movilizaciones en todo el país y los militantes quedaron libres, aunque siguen imputados y con prohibición de manifestarse en la vía pública. Pero el ataque a las garantías tiene varios frentes simultáneos.
El Poder Judicial es clave. “El gobierno de Suárez mantiene la continuidad del Código de Convivencia limitativo de libertades, que también tiene procesadas a integrantes de las asambleas por el agua” que desde hace tiempo cuestionan la explotación minera en la provincia, apuntó a Página/12 Gabriel Jofré, werkén de Malalweche y uno de los mapuche con mayor presencia en la lucha.
El pie de Cambia Mendoza sobre la Justicia mendocina no solo está garantizado en por la cooptación de jueces sino por su presencia en la mismísima Suprema Corte provincial. Para dar un ejemplo, uno de sus miembros y ex presidente de ese cuerpo es Dalmiro Garay, ex ministro de Gobierno de Alfredo Cornejo, quien este año volverá a ser candidato a gobernador.
En el ataque de hace dos semana a la muestra 8M Manifiestos Visuales, en la Universidad de Cuyo (UnCuyo), también hubo vínculos con el negacionismo. El portal Adelante la Fe es punto de encuentro entre algunos de los ultracatólicos violentos que rompieron obras de arte y una de las historiadoras que negó en Diputados la preexistencia mapuche en Mendoza.
La construcción del mapuche extranjero
A pesar de este panorama, Mendoza es un lugar extraordinario. Sobre todo para Cornejo, que cree que la provincia está tan fuera de lo ordinario que como senador amenazó con independizar la provincia y renunciar a la argentinidad que su alfil, Roberto Suárez, le quiere quitar a los mapuches gracias al control del Poder Legislativo.
La estrategia de desargentinización fue similar al lawfare: desacreditación mediática del Pueblo Mapuche, respaldo de un sector de intelectuales, condena social, jueces que desoyen el reclamo indígena y finalmente la aprobación de la resolución/sentencia.
Al puntapié inicial lo dieron Suárez y Cornejo, que en redes sociales y discursos públicos hablan de “pseudo mapuches” y “mapuches autopercibidos”. Los medios afines multiplicaron esos términos y dieron espacio a historiadores que niegan la existencia de mapuches en Mendoza.
Previo a la sanción de la cuestionada resolución hubo un extenso debate en la Comisión de Derechos y Garantías, presidida por el diputado José Luis Ramón. Allí, algunos historiadores repitieron que en esa provincia no hubo mapuches, sino huarpes y pehuenches. Pero no lo probaron con investigaciones respaldatorias.
En cambio, los que defienden la preexistencia de la comunidad en cuestión demostraron que los que hoy se llaman mapuches son descendientes de aquellos pehuenches y de otros grupos.
La historiadora doctorada en antropología Florencia Roulet explicó a este diario que “mapuche” es “una autoidentificación que comparten un conjunto de grupos indígenas tanto en Chile como en Argentina recién desde fines del Siglo XIX y principios del XX”. Por ende, continuó, “que en los libros de esos años no esté la palabra ‘mapuche’ no quiere decir que no estuvieran los antepasados de quienes hoy se reivindican como tales”.
Una de las pruebas más elocuentes de la preexistencia “es el poncho que los pehuenches le regalaron a José de San Martín en 1816. Ese poncho fue de lo más elaborado por el arte textil mapuche”, ejemplificó.
Táctica y estrategia segregacionista
Roulet y sus pares Diego Escolar y Julieta Magallanes rebatieron las posturas negacionistas, pero fueron ninguneados. Primero, cuando los medios locales y hasta uno universitario censuraron sus artículos. El hecho fue denunciado y desató un escándalo. Segundo, cuando la mayoría radical-macrista votó un despacho de mayoría a favor de la postura negacionista, y luego cuando lo ratificaron sobre tablas.
“No tienen argumentos pero tienen mayoría. Si esto es así, no estamos hablando de ‘mayorías’ sino de autoritarismo. Son antidemocráticos. Es como si nos dijeran ‘como tengo mayoría levanto la mano, entonces hablale a la mano pero no sos más originario”, lamentó Jofré, mapuche de una comunidad del sur mendocino.
Los conceptos “pseudo mapuches” y “mapuches autopercibidos” siguen pululando en los medios oficialistas y ahora se los vincula a un enemigo frecuente: “La complicidad del kirchnerismo con estos pseudo mapuches”, escribió en Twitter el propio Suárez.
“Es muy duro escuchar eso –sostuvo el werkén-. La autopercepción es un concepto técnico y jurídico al que el gobierno le da un sentido despectivo y de vinculación con el discurso de minorías sexuales. Lo que nos dice es ‘no solamente sos indio sino también puto’. Es decir que lo usa con una connotación negativa.”
La táctica del gobierno, según Escolar, es hacer “declaraciones cortas e impactantes que apuntan directo al sentido común de la mayoría de los mendocinos: el enemigo mapuche, el mapuche extranjero, el que invade las tierras argentinas”.
La estrategia, observó Roulet, es aprovechar el contexto: “Cuando los medios de comunicación publican notas anti-indígenas suele ser cuando hay un reconocimiento de derechos a la tierra de indígenas que son negados por otros sectores de la sociedad, o en contexto de renovación de la ley 26.160”.
La prórroga de esa norma suspende las sentencias de desalojo de las tierras comunitarias indígenas. Eso y la decisión del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) de reconocer territorios a tres comunidades en Mendoza fue lo que repudió el oficialismo en Diputados a través de la resolución.
Hay otro momento del discurso anti-indígena, añadió Roulet: “El contexto electoral. Se dieron cuenta de que en Mendoza hay un electorado sensible a posturas firmes contra las reivindicaciones de los pueblos indígenas”. Y lo aprovechan.
Por eso, la resolución que declara que “los mapuches no deben ser considerados pueblos originarios argentinos” deja el campo libre para que una ley en ese sentido pueda negarle los derechos constitucionales, no reconocer el carácter ancestral de sus tierras y permitir que las provincias administren la propiedad de esas superficies; sobre todo aquellas donde la presencia indígena “afecta” a alguna empresa.
A pesar del escenario adverso, las comunidades presentarán una denuncia penal contra el gobernador Suárez por montar una campaña de odio, adelantó Jofré. Hace un mes presentaron un juicio político por “mal desempeño, desorden de conducta, faltas y delitos en el ejercicio de sus funciones”, pero la Cámara de Diputados la rechazó in límine.
"Contra los sectores más vulnerables"
Desde que tiene mayoría oficialista, “la Legislatura se convirtió en una escribanía del gobierno”, denunció el diputado del Frente de Todos José Luis Ramón, que votó en contra de la resolución antimapuche. Para él, “la construcción del “enemigo interno mapuche es gravísimo”, pero le dio al gobierno la posibilidad de “desviar el foco de atención sobre temas estructurales que no puede ni quieren resolver”.
Uno de los ejemplos es lo que ocurre con la distribuidora de electricidad Edemsa. Hace semanas se le dio una prórroga de concesión por 25 años y se le condonó una deuda por falta de inversiones, que los usuarios deberán pagar a través de un aumento de tarifas.
“Mientras las noticias de los mapuches corren como reguero de pólvora –criticó Ramón-, Mendoza tiene un fuerte endeudamiento (externo) en dólares que no para de crecer mientras hay una severa falta de inversión en los servicios públicos de transporte, electricidad, saneamiento y agua, particularmente en los más de 400 barrios populares. El gobierno no invierte en los sectores más vulnerables sino que va en contra de ellos.”
Según Escolar, “hay una segregación que se da sobre los barrios pobres” y que es la misma que recae contra los mapuches. A los pobres urbanos “se los hostiga, se les pone retenes policiales donde ‘verduguean’ a la gente. En los medios se los estigmatiza, se dice que son ‘el problema de la sociedad’, que tienen planes, que son ladrones”, cuestionó.
El ataque es contra los sectores más vulnerables. En este marco, decirle “no argentinos” a los mapuches es como decir que son extranjeros y negarles derechos por esa extranjería. La paradoja es que el gobierno mendocino permite a capitales extranjeros tener hasta 300 mil hectáreas; gran parte en zona de frontera, donde está prohibido por ley.
“El trasfondo de esa política es denegar derechos a los pobres en general e instalar que los que tienen derecho a la tierra en cantidad son los empresarios ricos, y si son extranjeros mejor. Es como el discurso de la Generación del ‘80 sobre los beneficios de la inmigración europea”, concluyó Escolar. Por su parte, Jofré hizo una pregunta que va al hueso: "Si esto sigue así, ¿quién cuida la democracia?"
