La comunicación mediática al margen de producir una opinión pública informada y crítica, genera y reproduce hechos políticos para la construcción, consolidación, mantenimiento, creación de crisis y caída de poderes, gobiernos o regímenes políticos. Es la práctica comunicativa como estrategia de lucha política o escenario de pugnas por el poder.
La vida política de las últimas semanas en Colombia, muestra la incidencia de los medios de comunicación en la configuración del escenario político y en la definición de la correlación de fuerzas frente a las reformas sociales que promueve el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, y por el cual votaron millones de colombianos y colombianas.
Se trata de la creación de la realidad a partir de la opinión. Una realidad configurada a partir de fragmentos de verdad, o verdades fragmentadas sustentadas en falsos indicios, informes descontextualizados, selección arbitraria de los hechos, manipulación de fuentes, opiniones focalizadas, recortes de historias personales, conclusiones apriorísticas, sentencias mediáticas extrajudiciales, sectorización de los hechos y descontextualización de la realidad para la promoción de un escenario político adverso a las fuerzas reformistas, a través de un cuidadoso cubrimiento en la red de medios de comunicación monopolizados por los grandes emporios económicos con intereses directos en el Estado.
Las elites políticas, grupos económicos y familias que controlan el país, insaciables frente a sus tasas de acumulación de capital y concentración gansteril del poder, promueven permanentemente el falso imaginario de una sociedad abierta, democrática y pluralista, para lo cual difunden la concepción que «la democracia es un sistema de gobierno guiado y controlado por la opinión de los gobernados» (Sartori, G), entonces la pregunta que debemos plantearnos es: ¿cómo nace y cómo se forma la opinión pública?
Cómo entender el falso imaginario de una prensa y opinión libre, si para el caso de Colombia, la revista Forbes clasificó a las cuatro personas más ricas de Colombia: Luis Carlos Sarmiento, Jaime Gilinski Bacal, Alejandro Santo Domingo y Carlos Ardila Lülle (Forbes, 13 de abril de 2020), como los grandes propietarios de los medios de comunicación del país. La relación de estos nombres con la estructura mediática en Colombia es clarificadora. Luis Carlos Sarmiento posee Casa Editorial El Tiempo; Alejandro Santo Domingo tiene el Grupo Valorem; Jaime Gilinski Bacal es propietario de Publicaciones Semana; y Carlos Ardila Lülle es el dueño de la Organización Ardila Lülle. Es decir, cuatro grandes conglomerados mediáticos colombianos pertenecen a los cuatro hombres más ricos de Colombia. Lo cual encadena otras preguntas, ya no sólo centradas en la formación de la opinión, sino en los acentos, despliegues, fuentes, temporalidades, énfasis, en las agendas y canales de circulación de cada contenido. Pues como en botica, es la administración noticiosa de la realidad para la producción de hechos políticos.
Así, sobre el argumento de la opinión y la libertad de prensa se ha edificado el control real sobre las democracias. La democracia consolida la hegemonía de la opinión teledirigida para simular el pluralismo, la participación democrática y la «opinión» de los gobernados en el ejercicio del gobierno. Pero esta hegemonía ha aparecido sobre la base de la crisis e inutilidad de los partidos políticos, de los aportes académicos o grandes think tanks, del debate ciudadano. El debilitamiento del debate político abrió paso a la propaganda y a la dictadura de la opinión, como un mercado gansteril administrado por el imperio de los medios de comunicación.
En esa medida, se requiere de un gobierno que le ponga el cascabel al gato. Se hace necesario comenzar el debate y proponer una reforma que regule la comunicación social en Colombia: las agendas informativas; el funcionamiento de plataformas como YouTube, Twitter, Facebook e Instagram; los monopolios mediáticos y el control de los contenidos. Es menester promocionar la comunicación popular, los medios alternativos y la participación de la sociedad civil, gobierno, academia y gremios del sector comunicativo en la juntas directivas y consejos de redacción de los grandes medios de comunicación. Pues ya nos advertía, Borges, «modificar el pasado no es modificar un solo hecho: es anular sus consecuencias, que tienden a ser infinitas».
*Doctor en Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia.
Publicado originalmente en www.diaspora.com.co
