Un día de mediados de abril de 1976 Abraham Rallé recibió la noticia de que iba a quedar libre, después de diez días de detención en el Escuadrón 20 de Gendarmería Nacional, en las afueras de la ciudad de Orán. Cuando salía escuchó el llanto de dos muchachos, los vio muy "golpeados, lastimados", apenas "en short o calconzillos". "Rallé, Rallé, por favor, hacé algo, hablá con el obispo, nos han reventado”, le rogaron. 

No supo más de ellos hasta muchos años después, cuando el abogado David Arnaldo Leiva, histórico querellante en causas por los delitos cometidos durante la última dictadura, consiguió los libros históricos del Escuadrón, entonces pudo ver los nombres de los detenidos y detenidas de la época. Leiva le mostró fotografías de compañeros de detención. Ahí los reconoció: uno era René Russo Platero, detenido en Orán el 24 de marzo de 1976 y desaparecido. El otro era, cree, Raúl Benjamín Osores, detenido en Embarcación el 15 de diciembre de 1975 y también desaparecido. 

Russo y Osores son dos de las muchas personas que pasaron por los calabozos de Gendarmería y fueron atrozmente torturadas en el Escuadrón 20, que en los años de la dictadura funcionó como un centro clandestino de detención y torturas, y fue señalizado como tal el pasado 28 de marzo, en un acto calificado como "una caricia al alma" por Leandro Alagastino, sobrino de otra víctima del terrorismo estatal, "Toti" Roque Orlando Montenegro. 

La señalización, con la presencia de la directoria nacional de Sitios y Espacios de la Memoria, Lorena Battistiol, y de la delegada local de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, María Martínez Morales Miy, hijas ellas mismas de personas detenidas desaparecidas, fue un acto lleno de emoción. Flotaba el recuerdo de los "compañeros" y compañeras que sufrieron los tormentos de las patotas represivas en este espacio del Estado. “Aquí es donde los detuvieron” a Mario Bernardino Luna y a René Russo, con quienes compartió militancia, memoró Amado Barrios, militante de la Juventud Comunista. Le costó decirlo, porque los sentimientos lo habían ganado. “Hasta la victoria siempre, compañeros”, cerró su dicurso.

Un rato antes Leandro Alagastino, de la organización Memoria, Verdad y Justicia, había nombrado a cada uno de los "compañeros desaparecidos" del departamento Orán: René Russo Platero, Santos Abraham Garnica, Adán Rodolfo Leiva, Raúl Araujo, José Antonio Cortez, jorge Tufiño, Pedro José Tufiño, Sergio Wenceslao Copa, Lucrecia Lescano, Carmen Nieto, Mario Bernardino Luna, Leonardo Isaac Ortega, Constantino Petrako, Sylvia Sáenz de Vuistaz, Néstor Román, David Reina León.

Espacio de horror 

El portal de acceso al Escuadrón 20 se encuentra a poco más de dos kilómetros de la ruta nacional 50 y a más de tres kilómetros de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán. Hay que atravesar un barrio de Gendarmería antes de llegar ahí. ¿Cómo se las arreglarían para llegar en los 70 los familiares de los y las detenidas que los buscaban? 

El Escuadrón 20 fue señalizado ya antes por la acción de organizaciones de derechos humanos de Orán, pero “siempre los carteles desaparecían”, recordó Leandro Alagastino. “Se ha peleado por esto, se ha luchado. Queríamos señalizar desde hace un rato esto y vemos con buenos ojos que hoy se haga historia y se señalice este lugar como lo que ha sido”, sostuvo antes de destacar la acción del abogado David Leiva, hermano de Adán Leiva, secuestrado y desaparecido en Tucumán. 

Alagastino recordó que su tío Roque Montenegro fue víctima de los vuelos de la muerte y su cuerpo fue encontrado en Colonia, Uruguay. “No tenía un hueso sano de las torturas que había recibido durante meses”. “Me imagino lo que ha pasado en cada centro clandestino, un espacio de terror, un espacio de horror”, el terrorismo de Estado no tiene que volver nunca más, eso explica el valor de esta señalización, sostuvo.

Abraham Rallé, que era militante de la JP y presidente del Centro de Estudiantes de la Sede Regional de la Universidad Nacional de Salta en Orán y cuyo padre, Pedro Rallé, había sido intendente de Pichanal en el gobierno de Miguel Ragone, contó que estuvo en los calabozos, donde encerraban a los incomunicados. Solo le permitían salir para ir al baño, en esas ocasiones vio a unos 20 personas en la galería del pabellón. "Yo tuve mejor suerte que otros que ya no están, que los recordamos”, lamentó. 

La vigencia de la acción política 

Rallé reivindicó el ejercicio de la política. “Estábamos politizados en una lucha por un país mejor”, aseguró, antes de renegar de la mediocridad política actual.

También Alcira Figueroa, familiar de José Antonio Cortez y ex diputada nacional, resaltó la militancia de los 70, y valoró que la política de señalización de sitios de memoria llegue a todo el territorio nacional. “Es un hecho de reparación, un hecho justo, necesario”, pero señaló que otra forma de reivindicación “es recuperar sus banderas", porque "tenían un proyecto de vida, un proyecto de país, un proyecto de Orán, un proyecto de la zona”. 

Como ejemplo, recordó que en aquellos años en la regional Orán de la UNSa había 12 carreras, que con el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 se cerraron y "solamente hemos recuperado tres carreras”. Por eso pidió que no se olvide "nunca de todo lo que quedó truncado con la dictadura militar, con la desaparición y muerte de nuestros compañeros". "¿Qué pasó con toda esa lucha, compañeros?”, aquí en Salta qué pasó, se preguntó, porque a nivel nacional se han dado políticas de trabajo, de inclusión, pero “en Salta en la provincia seguimos igual o para atrás”. Entonces la obligación es doble, “tenemos que seguir luchando”.

Amado Barrios militaba en la Juventud Comunista junto a Mario Luna, René Russo, Raúl Araujo y "un chico Benítez”. “Soñábamos y creíamos en un mundo mejor, más equitativo", dijo. Pero aclaró que fueron también ingenuos, porque no pensaron que "iban a cometer atrocidades”, de “torturar a tanta gente, de mutilar a un montón de personas”. Tras recordar las desapariciones de sus compañeros, concluyó: “A mí no me tocó en suerte morir”. 

Y contó una anécdota que da cuenta de la línea que recorre el devenir histórico del país: mientras unos eran víctimas de la crueldad represora, otros celebraban. Los represores, dijo, “seguían secuestrando gente, haciendo desmanes, con la complicidad de los grandes empresarios, de El Tabacal”. Y también los dueños de Arcor: “Ese día del golpe de estado ellos han festejado con un asado. La familia Olmedo era”. Y “todavía hay gente que sigue con la teoría de los dos demonios. No hubo una guerra, hubo un asesinato, y no de una generación, de dos generaciones, porque dejaron en la nada”.

Seguimos buscando 

Mercedes Montenegro, habló del terror que infligía la represión. Se centró en la historia de su hermano Roque Montenegro, su cuñada Hilda Ramona "Chicha" Torres Cabrera y su sobrina, Hilda Victoria Montenegro Torres, secuestrados, secuestradas, por el Ejército a principios de febrero de 1976 en la ciudad de Buenos Aires. 

Alagastino, Montenegro y Battistiol. 

Cuando buscaban a sus familiares, el 24 de marzo, en Metán, donde hubo 25 personas desaparecidas, recordó Mercedes, el Ejército detuvo a otro hermano, Pepe Montenegro. Por vecinos, su padre supo que estaban cargando en vehículos a los detenidos y le preguntó a un oficial a dónde llevaban a su hijo, “y esa autoridad militar le dijo, 'lo llevamos al avión para tirarlo al mar', así, dicho eso en Metán, el 24 de marzo de 1976, lo que significa que ya tenían esa práctica", sostuvo Mercedes. 

"Entonces nos preguntamos cuándo ocurrió lo de Toti, qué pasó con Toti, con Chicha, y con tantísimos chicos y chicas y mayores que nos faltan, y qué pasó con los bebés, y qué pasó con los bebés de las mujeres embarazadas. Nadie responde hasta hoy”, agregó. 

En su caso, a 25 años del secuestro, las Abuelas de Plaza de Mayo ubicaron a Victoria Montenegro y después de un lento proceso pudo revincularse con su familia biológica. Pero falta Chicha. “Por eso, aunque haya aparecido Toti, y haya aparecido Hilda Victoria, seguimos en la lucha por esperarla, para encontrarla a Chicha y a los 400 bebés y a todos los detenidos desaparecidos".

Una memoria no estática 

Elena Rivero, de la Asociación Coca Gallardo, aplaudió la señalización pero insistió con la postura de la Mesa de Derechos Humanos de Salta, que su organización integra: "Creemos que la memoria es una construcción colectiva y no estatática", y debe acompañarse con una política educativa. "En Salta, a pesar de que figura en la currícula y en los programas, ni la educación sobre derechos humanos ni la ESI (educación sexual integral) se dan", denunció. 

"Nunca más terrorismo de Estado, pero mejoremos la democracia, porque esta democracia con un pueblo que sufre hambre, que no tiene vivienda, que tiene una cantidad de problemas diarios, no es una democracia plena. Los poderes reales siguen incidiendo en las políticas", añadió.

Blanca "Nenina" Lescano, de Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas Gremiales y Sociales y miembra de la Mesa, hizo un repaso por el proceso de memoria, verdad y justicia. También recordó al ex gobernador Miguel Ragone, desaparecido el 11 de marzo de 1976, y de su padre, el abogado Luis Lescano, secuestrado el 13 de marzo de ese año en Santiago del Estero y cuyos restos fueron identificados en el Pozo de Vargas, en Tucumán. También su hermana, Ana María Lescano, militante del PRT-ERP fue capturada viva en el intento de copamiento en Monte Chingolo, el 23 de diciembre de 1975, y posteriormente fue asesinada. 

"Digo que la continuidad del terrorismo de estado estuvo desde el onganiato" y el breve período de gobierno constitucional "fue una democracia condicionada por los militares absolutamente". Cuesitonó en ese sentido que se tomen "fechas estáticas, y el terrorismo de Estado fue mucho más amplio que las fechas". 

La Mesa viene impulsando la sanción de una ley de la memoria, presentada el año pasado. "La tienen dormida en la Cámara de Diputados", sostuvo Lescano, y responsabilizó por ello a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Laura Cartuccia. "Queremos que se apruebe una ley que trascienda nuestras personas porque nosotras tenemos un límite". "Esto tiene que ser una política de estado", afirmó. 

También denunció la persistencia de prácticas violatorias de los derechos humanos. "No queremos más gatillo fácil, impunidad para los policías que matan a los chicos y las chicas en la calle, ni la represión a los manteros ni a la economía popular ni el famoso decreto ese que hizo el gobernador (91/23, de protocolo antipiquetes) para poder intervenir sin contar con ningún elemento legal, reprimir a quien le dé la gana", aseguró.