La frontera entre Estados Unidos y México tiene más de 3.000 kilómetros de extensión con un muro que bordea más de mil kilómetros y que hace unos años fue la promesa de campaña del expresidente estadounidense Donald Trump. Al oeste de la frontera, el desierto de Sonora, y al este, el río Bravo (o río Grande en Texas), marcan el paisaje de una frontera considerada mortífera.
Mortífera por las condiciones climáticas, accidentes de tránsito, por la violencia a la que están expuestos los y las migrantes, y por las políticas migratorias aplicadas tanto por Joe Biden en Estados Unidos como por Andrés Manuel López Obrador en México.
Título 42, la herencia de Donald Trump
En 2014 la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) comenzó a registrar el número de migrantes que mueren o desaparecen en el trayecto hacia el país destino.
Sólo en la frontera entre Estados Unidos y México la organización registró que más de 4.400 personas murieron o desaparecieron intentando cruzar a Estados Unidos.
La cantidad de muertes por año tuvo un incremento evidente con las políticas migratorias que dejó el expresidente estadounidense Donald Trump. En 2020,murieron o desaparecieron 474 migrantes que intentaron cruzar la frontera estadounidense.
En 2021, el número de muertes llegó a 729 y en 2022 registró un leve descenso con 669 personas que perdieron la vida en el trayecto.
La política migratoria conocida como Título 42, implementada en 2020, es una norma que prevé la expulsión inmediata de migrantes como medida sanitaria para evitar la propagación de coronavirus, todavía sigue vigente a pesar de que la peor etapa de la pandemia ya pasó y que Estados Unidos tiene desde 2021 un nuevo presidente.
Sin embargo, una de las modificaciones que tuvo el Título 42 fue para ampliar su alcance: ahora las autoridades migratorias de Washington también pueden expulsar a migrantes de Haití, Venezuela, Nicaragua y Cuba que llegan por tierra.
Morir en la espera
Biden además sumó nuevas restriccionespara las solicitudes de asilo: los migrantes deberán solicitarlo en sus países de origen o en el país de tránsito. En el terreno, esto se traduce en meses de espera para los migrantes que mientras tanto buscan cómo subsistir hasta que las autoridades vean sus casos.
En esa espera murieron 40 personas en un incendio al interior de un centro de detención migrante del Instituto Nacional de Migración de México. El siniestro está siendo investigado por la fiscalía mexicana que ya detuvo a cinco presuntos culpables directos de las muertes.
Los migrantes que estaban al interior de la estación migratoria venían principalmente del llamado Triángulo Norte: Guatemala, El Salvador y Honduras. También había migrantes de Venezuela y Colombia. Las autoridades migratorias todavía no precisaron de qué países son las víctimas fatales.
Las políticas migratorias de México también fueron criticadas por organismos internacionales como Amnistía Internacional (AI). En 2019 el gobierno mexicano desplegó más de 20.000 militares en las fronteras luego de las amenazas de la administración de Trump sobre posibles sanciones comerciales contra su vecino del sur.
"Las autoridades mexicanas siguieron colaborando con las estadounidenses para impedir que personas de otros países buscaran seguridad en Estados Unidos", señaló AI en un informe publicado la semana pasada.
Según esa organización, las autoridades mexicanas detuvieron a más de 280.000 personas "centros de detención migratoria masificados" y además expulsaron a más de 98.000 migrantes, principalmente centroamericanos. Entre ellos, expulsaron a miles de niños que viajaban solos.
Sólo en 2022, Estados Unidos y México expulsaron a más de 190.000 migrantes centroamericanos, entre ellos 35.000 niños y niñas, según datos de la OIM. En comparación con 2021 las expulsiones desde territorio mexicano se elevaron un 17,4%. Mientras que en territorio estadounidense las expulsiones tuvieron un incremento del 169,2% respecto al 2021.
Desde que asumió la presidencia, Biden expulsó a más de 4,5 millones de personas a pesar de que muchas migraron para escapar de la violencia o la pobreza en sus países de origen o porque los desastres naturales arrasaron con sus cosechas y sus posibilidades de sobrevivir.
El peligro de las políticas antimigrantes
Por eso, aunque las políticas migratorias son cada vez más duras la migración no se detiene. Sólo se vuelve más peligrosa para las personas que buscan mejorar sus condiciones de vida y poder enviar algo de dinero a sus familiares en los países de origen.
De los 4.400 migrantes que murieron intentando cruzar la frontera entre México y Estados Unidos, 2.193 fallecieron en condiciones desconocidas. Al respecto la OIM explica que debido a la peligrosidad de la ruta los datos sobre estas muertes fueron imposibles de registrar.
El recorrido que realizan miles de migrantes todos los años no sólo presenta dificultades por las condiciones geográficas de la zona, sino también por la violencia que viven las comunidades que transitan así como el crimen organizado dirigido a quienes migran y a los habitantes del lugar. A esto se suman las políticas antimigrantes, cada vez más restrictivas tanto en México como en Estados Unidos.
En este contexto la OIM explica que “la víctima tal vez no pueda ser identificada adecuadamente como migrante”, un factor que complejiza la documentación de las muertes y desapariciones de migrantes.
Las causas de muerte de los más de cuatro mil migrantes que murieron desde 2014 son: ahogamiento (975 muertes), condiciones ambientales extremas/falta de albergue, comida, agua (644), accidentes de vehículos/muertes vinculadas a transporte peligroso (337), violencia (134), muerte accidental (63) y enfermedad/falta de acceso a cuidados de salud (54).
El organismo para las migraciones detalló que en el trayecto los migrantes están expuestos a explotación, violencia, extorsión, trata de personas, violencia sexual, secuestro y reclutamiento para integrar grupos criminales organizados.
En este escenario, los cuestionamientos a las políticas antimigrantes que bajan desde Norteamérica vuelven al centro de la discusión sobre los derechos humanos de las personas que ya sufren una primera expulsión en sus países de origen: ya sea por falta de empleo, pobreza, violencia, bandas criminales y desastres naturales cada vez más destructivos por el calentamiento global.
