El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, aseguró que decidió enfrentar el juicio político que se le avecina ante el Parlamento --lo acusan de presunto peculado-- y que no disolverá el Congreso para evitarlo, a pesar de que la Constitución lo faculta para ello. El mandatario de derecha dijo en una entrevista concedida al canal de televisión Ecuavisa que acudirá al juicio avalado por la Corte Constitucional "porque es mi obligación poner la cara ante el pueblo".

"Yo no podía dictar la 'muerte cruzada' dejando la duda de qué es lo que verdaderamente habría sucedido con el juicio político... porque pongo el pecho a las balas en todos los ámbitos de mi vida", agregó. Se refería a la facultad presidencial de disolver la Asamblea Nacional y llamar a elecciones generales anticipadas para completar el período constitucional de cuatro años.

"No quisiera que en las páginas de la historia se escriba que dicté una 'muerte cruzada' para evitar un juicio político. No evito el juicio político, iré a la Asamblea", señaló Lasso, de 67 años.

El presidente con futuro incierto

La Corte Constitucional autorizó el miércoles pasado el juicio planteado por 104 de los 137 congresistas. Para la destitución del gobernante se requieren 92 votos (las dos terceras partes). Lasso sostuvo que "se pretende censurar a un presidente de la República sin que estos hechos hayan pasado por la justicia ordinaria y exista una sentencia en firme, donde un juez haya dicho que hay peculado".

El presidente es acusado de peculado en el manejo de la estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) mediante contratos celebrados entre 2018 y 2020, antes de que asumiera el cargo, en mayo de 2021. Lasso confía en que saldrá airoso del juicio, para el que el Congreso aún no fijó fecha.

"Quiero que los asambleístas que tienen decencia, que sí los hay, aquellos asambleístas a los que se les ha engañado con información falsa u omisión de información, reflexionen y recapaciten en bien del Ecuador, de la estabilidad del país", apuntó. Consideró que la democracia ecuatoriana está amenazada por el narcotráfico. "Tengo la entereza y la firmeza de mostrarle al Ecuador de una vez por todas la verdad: la conexión entre las mafias del narcotráfico y la corrupción con algunos asambleístas que se han puesto al servicio de estas mafias".

"La conspiración" 

El gobernante también llamó "triunviros de la conspiración" al exmandatario socialista Rafael Correa (2007-2017), al exalcalde derechista de Guayaquil (suroeste), Jaime Nebot, y al máximo dirigente de la poderosa y principal organización indígena Conaie, Leonidas Iza. A pesar de que Nebot apoyó su candidatura, Lasso lo considera un detractor junto a Correa (que vive en Bélgica) e Iza, quien ha impulsado masivas protestas contra su administración.

Desde las fuerzas de oposición mayoritarias en la Asamblea se anticipa que cuentan con los votos suficientes para censurar a Lasso, mientras que el oficialismo, en clara minoría en el hemiciclo, asegura que no tendrán tan fácil alcanzar esa cifra. La oposición ya lo intentó en junio pasado cuando, en medio de las fuertes protestas lideradas por el movimiento indígena, planteó una moción de destitución contra Lasso, que el mandatario logró salvar por pocos votos.

Esta vez, Lasso afronta la nueva presentación en su contra en una posición más delicada, luego del serio revés sufrido en la cita electoral del 5 de febrero, cuando perdió el referéndum que había convocado para hacer reformas a la Constitución y, a la vez, el correísmo resultó el gran triunfador de las elecciones locales.

El pasado jueves, en un mensaje a la nación, Lasso se declaró inocente y aseguró que este juicio político "huele muy mal". Acusó a la oposición de inventarse pruebas para "tomar por asalto el poder y debilitar y destruir la democracia".

La Corte Constitucional aprueba

El pasado 30 de marzo, la Corte Constitucional, por mayoría de sus seis miembros aprobó el dictamen de admisibilidad parcial de la solicitud de juicio político al gobernante por el delito de peculado.

Según el cronograma, desde el lunes habrá diez días para la presentación de pruebas de cargo y descargo, diez más para la evacuación de la prueba y otros diez para la redacción de un informe motivado, en el que se recomienda continuar, o no, con el juicio. Ese informe debe ser entregado al presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela. Tras ello, y en el plazo máximo de tres días, Saquicela dispondrá la difusión del informe, y tras 48 horas de esa difusión, tendrá cinco días para convocar la sesión en la que se celebrará el juicio político.