Durante el último año resultó detenido un policía cada tres días. El dato que surge de un informe oficial, puede ser leído de dos formas: la innegable acción de la Agencia de Control Policial que también revela al alto nivel de corrupcion en la fuerza santafesina. Un total de 120 agentes de policía y del servicio penitenciario fueron detenidos el año pasado como consecuencia de investigaciones judiciales por distintos delitos, muchas de ellas originadas por llamados anónimos.
Las detenciones fueron concretadas por la Agencia de Control Policial del Ministerio de Seguridad provincial, ex Asuntos Internos, en 68 allanamientos efectuados por orden del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
El informe señala que las causas judiciales que involucran a esos agentes, entre los que hay también retirados, son por robos calificados, incumplimiento a los deberes de funcionario público, homicidio calificado y exacciones ilegales, entre otros.
La Agencia de Control Policial cuenta con dos delegaciones radicadas en Santa Fe y Rosario, dos subdelegaciones en las ciudades de Reconquista y Venado Tuerto y se prevé una nueva sede en la ciudad de Rafaela.
En los últimos 12 meses, el organismo recibió 754 denuncias, de las cuales 173 fueron recibidas en la línea gratuita 0800-444-3583, que luego derivaron en los allanamientos, detenciones y secuestros de armas de fuego, dispositivos informáticos y documentación.
Esa línea telefónica es exclusiva para que la ciudadanía pueda denunciar y aportar información sobre situaciones inapropiadas o mal desempeño en relación a la conducta policial y garantiza el anonimato y la confidencialidad.
Uno de estos casos ocurrió el último sábado cuando la Agencia de Control Policial detuvo a cuatro efectivos del Comando Radioeléctrico (CRE) de Rosario por una causa en la que se investiga una extorsión. Es que los efectivos policiales le pedían dinero a los familiares de un detenido para no comunicar a Fiscalía un pedido de captura vigente. Al requisar los móviles, el personal de la ACP secuestró 77.700 pesos, teléfonos celulares y dispositivos informáticos.
Los implicados pertenecían a la comisaría décima ubicada en Darragueira 1158. Se trata de dos suboficiales y dos oficiales, tres hombres y una mujer, que quedaron arrestados en los procedimientos dispuestos bajó las órdenes del fiscal Franco Carbone.
El miércoles de la misma semana fue detenido un oficial de la policía rosarina, por haber baleado en la cabeza y en el cuello a un joven el 3 de mayo del año pasado en Alzugaray y Buenos Aires, en la zona sur de Rosario. De acuerdo a la investigación del fiscal Ferlazzo, el oficial Omar G. citó a Emanuel C. y cuando este llegó –pasadas las 19– en un Chevrolet Corsa negro, el policía le dio al menos dos tiros. Las lesiones que sufrió Emanuel C. fueron irreversibles, ya que el disparo que impactó en su cabeza lo dejó ciego. Sin embargo, antes de ser baleado alcanzó a identificar al policía como el tirador. Es más, declaró que lo conocía y que había llegado a participar en “hechos delictivos” junto al agente. Además de los impactos en el cuerpo del joven, el Corsa –que no llevaba patente delantera– tenía cinco orificios de arma de fuego, por lo que se infiere en la investigación que la intención del oficial de Policía fue darle muerte al joven.
Como dato relevante, al momento de la emboscada, Emanuel C. no estaba solo en el Corsa negro. Un joven estaba en el asiento del acompañante, resultó ileso y declaró ante la Policía que venían de cobrar 5 mil pesos por la venta de una amoladora, operación que se había concretado en Khantuta y España, en barrio La Granada. En el transcurso de la causa por la tentativa de homicidio, investigadores policiales detectaron que Omar G. también habría tenido contacto con organizaciones dedicadas a la comisión de delitos en Rosario y en Villa Gobernador Gálvez.
