“Pasamos casi toda una vida esperando este momento”, resumió Alejandra Cravello la explicación sobre por qué el juicio que comenzó esta mañana, el tercero y más amplio hasta el momento que se desarrolla sobre los hechos que tuvieron lugar durante la última dictadura cívico militar en el centro clandestino conocido como “Puente 12”  es tan importante para ella, para el resto de los familiares de detenides desaparecides y asesinades allí, para quienes sobrevivieron. El secuestro y la desaparición de su papá, Ricardo Cravello, es uno de los delitos concentrados en los 185 casos que serán ventilados en el debate oral y público dirigido por el Tribunal Oral Federal 6 de la Ciudad de Buenos Aires. Los acusados son seis: dos integrantes retirados del Ejército y otros cuatro expolicías bonaerenses. Por fallo dividido, los jueces prohibieron la transmisión online del debate. Tras el mediodía, ofrecieron testimonio los sobrevivientes Oscar Carbonelli y Juan Miguel Bounet.

La audiencia inaugural del juicio tan esperado, que había sido pospuesto en dos oportunidades –en octubre y en febrero pasados–, comenzó demorada una hora y media debido a que los jueces que subrogan el TOF –Daniel Obligado, Ignacio Fornari y Sabrina Namer; Adriana Palliotti es la cuarta jueza– tuvieron inconvenientes con otro juicio de lesa humanidad, el que siguen por los crímenes de la patota de Superintendencia de Seguridad Federal, que tuvo su jornada previamente.

Tras la lectura de cargos, el TOF les dio la posibilidad a los seis acusados a ampliar sus indagatorias, invitación que rechazaron. Walter Minod fue uno de los pocos acusados que asistió a la sala AMIA de los Tribunales de Retiro. Llega por primera vez a un juicio oral en su contra, aunque acusado de apenas dos casos de secuestro a pesar de haber ejercido un cargo de mucha autoridad en el Batallón de Inteligencia del Ejército y de haber firmado legajos de agentes condenados previamente. Las querellas pedirán la ampliación de su acusación para que sea enjuiciado por más casos.

Carlos Tarantino y Ángel Salerno, dos policías bonaerenses retirados, también asistieron a la audiencia, ambos también en libertad. Enrique del Pino, que fue teniente primero del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército, vio la audiencia desde los tribunales de Córdoba, donde cumple prisión perpetua domiciliaria. Néstor Ciaramella se mantuvo conectado en la misma situación, pero desde Esquel. El ex colega de Salerno, Tarantino y Ciaramella, Enrique Gauna, lo hizo desde la comodidad de su casa, desayunando medialunas y café con leche.

Antes de escuchar los testimonios de los testigos citados para la fecha, los jueces comunicaron su decisión de rechazar la transmisión online del debate, que viene realizando el medio comunitario La Retaguardia en diversos juicios y que posibilitó, de hecho, la identificación de un represor en debates pasados. Gracias a esa transmisión, una sobreviviente de Campo de Mayo identificó a Roberto Álvarez como quien la trasladó de un lugar a otro mientras estaba secuestrada. Álvarez será próximamente enjuiciado.

La sala AMIA estaba repleta de sobrevivientes y familiares de víctimas. Muchos de ellos serán testigues. El tribunal intentó que desalojaran la sala, opinaron que no pueden escuchar los testimonios antes de brindar sus declaraciones. Las partes acusadoras insistieron en que se queden, pues son querellantes y tienen derecho a presenciar todo el juicio.

Los casos

Los acusados deberán responder, en mayor o menor cantidad, por secuestros y torturas, desapariciones y homicidios, abusos sexuales y otros delitos cometidos contra 185 personas que fueron mantenidas cautivas en el centro clandestino que el Batallón de Inteligencia 601 del Ejército regentó entre 1974 y 1977 en el predio donde funcionó la División Cuatrerismo y la Brigada Güemes de la Policía bonaerense. Cuando Puente 12 fue desactivado, a metros de ahí fue activado El Banco, el centro clandestino que integró el circuito represivo operado principalmente por el Servicio de Inteligencia de la Policía Federal junto con Club Atlético y Olimpo. Frente a ese predio funcionó El Vesubio, otro tristemente célebre entre los identificados como campos de concentración de la última dictadura.

Son casos que “quedaron colgados” del primer y segundo tramo de la causa, desarrollados en juicios orales en 2017 y 2020. Mayormente recorrerá y revelará la persecución que sufrieron los miembros del PRT-ERP, la agrupación político militar que fue brutalmente arrasada durante los primeros tiempos del terrorismo de Estado, en base a un plan que comenzó a construir el Ejército a través de su estructura de inteligencia años antes del 24 de marzo de 1976.

Ricardo Cravello es uno de los militantes del PRT-ERP que cayó en manos de las fuerzas de seguridad antes del golpe de Estado. Fue secuestrado en diciembre de 1975 junto a su compañera María Cristina Lonardi. Les familiares sospecharon durante muchos años que la pareja había sido llevada a Campo de Mayo, pero a través del testimonio de un sobreviviente supieron que en realidad su destino fue Puente 12. Continúan desaparecides. Entonces Alejandra Cravello tenía 9 años. “Desearíamos que haya miembros del Ejército acusados en el juicio, autores intelectuales de los crímenes, jefes de estructura. Me gustaría -dijo- que este juicio sirva para que se vea el tejido con el que la inteligencia del Ejército cubrió al PRT desde 1974 para aniquilarlo en cuanto pudo.”