El Ministerio Público de Perú creó un equipo especial de fiscales que se encargará exclusivamente de investigar los delitos y las vulneraciones a los derechos humanos cometidos en la represión de las protestas entre diciembre de 2022 y marzo de este año contra la presidenta Dina Boluarte.
Mediante una resolución publicada este lunes en el diario oficial El Peruano, la Fiscalía conformó este grupo de trabajo para investigar "casos con víctimas durante las protestas sociales, para que se avoque a dedicación exclusiva de los delitos cometidos contra la humanidad y los delitos comunes que hayan constituido casos de violación de derechos humanos". El documento, firmado por la fiscal de la Nación Patricia Benavides, recuerda que, desde que arrancaron las protestas tras el fallido intento de autogolpe del expresidente Pedro Castillo, "se han derivado investigaciones fiscales por la presunta comisión de delitos producto del uso excesivo de la fuerza pública que afectarían el derecho humano a la protesta social pacífica".
También se abrieron pesquisas por actos de violencia "que no están comprendidos dentro del núcleo constitucional protegido del derecho a la protesta" y que "han afectado la integridad física de funcionarios y servidores, así como la infraestructura de diversas entidades públicas y propiedad privada". Frente a ese escenario, la resolución dice que "se requiere de una estrategia de investigación ordenada y célere, siguiendo el mandato constitucional de persecución del delito".
De acuerdo con la Fiscalía, la mayoría de las investigaciones abiertas para dirimir lo ocurrido durante las protestas tiene en común la dificultad de obtener y asegurar las pruebas de la supuesta comisión de los delitos, por lo que "resulta idóneo y necesario la conformación de un equipo especial de fiscales".
La destitución y el arresto del expresidente Pedro Castillo en diciembre implicó el ascenso de su vicepresidenta, Dina Boluarte. Desde aquel momento, cientos de manifestantes salieron a las calles para mostrar su desacuerdo con ella y exigir nuevas elecciones anticipadas. Esas manifestaciones dejaron 67 muertos y 1.335 heridos, según el balance de la Defensoría del Pueblo publicado el lunes. Por estos casos, la presidenta Boluarte y varios ministros, entre ellos el primer ministro Alberto Otárola, están siendo investigados por el Ministerio Público por la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves.
